El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a los más de 20 millones de mexicanos que no cuentan con cobertura en caso de enfermedad ya está en marcha.
La tarde del miércoles, el pleno del a Cámara de Diputados aprobó la creación de este nuevo organismo, que asumirá la prestación gratuita de salud y medicamentos a los mexicanos que no están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
El Insabi sustituirá al Seguro Popular creado en el gobierno de Vicente Fox para atender a las personas que no tienen acceso a servicios de salud pública.
Hasta 2015, el Seguro Popular era la institución que concentraba a 49.9% de los derechohabientes mexicanos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En 2016, prácticamente el 80% de las personas en el decil más pobre de la población (decil I) en el país se había afiliado a este sistema, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, lo que ayudó a reducir la carencia reportada en estos servicios.
De 2008 a 2016, la falta de servicios de salud entre los mexicanos pasaron de 38.4% a 15.5%, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Pero esta cifra solo toma en cuenta la afiliación a una institución de salud, pues este es considerado como un factor que determina el nivel de acceso que tiene una persona a servicios médicos, aunque no determina la calidad ni la oportunidad de los mismos.
Pese a los avances registrados en materia de derechohabiencia, la afiliación a un sistema, institución o programa no garantiza, de modo necesario, que el acceso a los servicios se lleve a cabo con oportunidad y calidad
escribe Coneval en el Estudio diagnóstico del derecho a la salud 2018.
Un nuevo esquema
El gobierno de López Obrador busca federalizar los Sistemas Estatales de Salud con el objetivo de brindar un mejor servicio y reducir las desigualdades en acceso a servicios médicos de la población más vulnerable.
Esto supone un cambio entre los modelos del Insabi y el Seguro Popular, concebido en 2003.
La implementación de este seguro recayó en los gobiernos estatales, a través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), que se encargaron de gestionar y administrar las finanzas y los servicios médicos.
Por lo anterior, cada entidad federativa pudo ejercer su función con distinto grado de limitaciones, dependiendo si formaban parte de los servicios estatales de salud o si eran considerados unidades administrativas (con un menor grado de autonomía).
Estos obstáculos en la implementación ocasionaron que muchas localidades del país no tuvieran centros o personal de salud cercano.
En 2018, el 30.9% de las localidades del país -hogar de 3.1 millones de personas- se encontraban en condiciones de aislamiento y, por lo tanto, sin acceso a servicios de salud, de acuerdo con Coneval.
En esos lugares, el menor tiempo de traslado a un consultorio- por lo general adyacentes a farmacias- fue de 22 minutos, mientras que llegar a un hospital requirió casi de una hora, de acuerdo con cifras del INEGI.
Ahora, con la creación del Insabi, el gobierno federal asume el control de los recursos financieros, humanos, materiales y las unidades de salud, informó el lunes el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.
Con esto, apostaría a resolver un problema añejo que abona a la inequidad y a las carencias de la población más vulnerable del país.
Se espera que la transición pueda completarse en dos años.
