Derivado de que el cambio de horario trae consigo “consecuencias nocivas en la salud de la población, principalmente en las personas adultas mayores y niños”, además de no generar beneficios económicos o de ahorro energéticos significativos, el diputado de Morena, Carlos Castillo Pérez, propuso al Congreso capitalino buscar eliminar el horario de verano.

“Varias investigaciones han demostrado que aumenta en 5% la posibilidad de sufrir ataques al corazón durante los tres días posteriores al cambio de hora. Asimismo, existen estadísticas que indican que el lunes posterior al cambio de horario hay más accidentes de tráfico y de trabajo”, detalló el legislador el pasado jueves.

De acuerdo con Castillo Pérez, la idea de implementar un horario de verano nació para ahorrar energía, aunque actualmente existen estudios que sostienen que esto no se logra, ya que una demanda menor para la iluminación se compensa con un incremento en el uso de calefacción durante los meses más fríos y de aire acondicionado para primavera y verano.

Las últimas cifras disponibles del ahorro energético en México indican que, durante 2017, el horario de verano permitió generar un ahorro de 1,311 millones de pesos.

El ahorro se calcula con base en el costo medio de la energía eléctrica, de 1.48 pesos por kilowatt/hora en los hogares, de acuerdo con estudios en conjunto del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La iniciativa del diputado de Morena fue apoyada por el grupo parlamentario del PAN, que pidió se busque dejar sin efectos el Decreto por el que se establece el horario de verano a través de la Cámara de Diputados, órgano con la facultad para aprobar el cambio.

Si bien el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión, esta no es la primera vez que el horario vigente de abril a octubre se vuelve parte del debate público y político.

El horario de verano inició en México en 1996, cuando el entonces presidente, Ernesto Zedillo, emitió un Decreto en el que anunciaba que la implementación de este cambio de horario a nivel nacional, y con variaciones correspondientes a tres zonas, propiciaría “una importante disminución en la demanda de energía eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual, a su vez, contribuirá a disminuir la emisión de contaminantes”.

En el Decreto del 4 de enero de 1996 se estableció que la medida no aplicaría para todas las entidades, como por ejemplo, en el Distrito Federal.

Ambos horarios del año estaban pensado para alinear el amanecer con el inicio de las actividades laborales en el país y aprovechar así de manera más óptima los meses en que la luz del sol dura más que la noche (de abril a octubre).

El refuerzo de Fox

El 1 de febrero de 2001, en el mismo medio oficial, Vicente Fox Quesada, presidente en turno, emitió un nuevo decreto en el que reconocía que estudios realizados por el Gobierno Federal y por la UNAM, concluyeron que el establecimiento del horario de verano generó una reducción significativa en la demanda de energía eléctrica durante las horas pico, lo que tuvo un impacto favorable en el sistema de generación eléctrica nacional.

El documento también afirma que la medida no produce efectos perniciosos en la salud, en la seguridad pública ni en el desempeño de las actividades de las personas. Aunque desde entonces el descontento social era del conocimiento del gobierno:

“Sin embargo, diversos grupos de la sociedad han manifestado su incomodidad derivada de la aplicación del horario de verano por la escasa luminosidad natural que se presenta por las mañanas, básicamente de los meses de abril y de octubre”, se detalla en el Diario Oficial de la Federación.

Fue mediante este Decreto que el expresidente Vicente Fox hizo que la capital del país fuera parte, por primera vez, del cambio de horario y fue también el documento que presentó la propuesta de reducir de siete a cinco los meses en que funcionaría, sin embargo, este último punto no se concretó.

‘Yo tengo otros datos’

En enero de 2001, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el jefe del Ejecutivo había violado la Constitución, al no estar facultado para cambiar el horario a nivel nacional, siendo esta una atribución del Congreso de la Unión.

“Los especialistas en doctrina constitucional y administrativa que he consultado coinciden en que el Presidente de la República no respetó lo establecido en el artículo 73, fracción XVIII de la Constitución Política, y al no haberlo hecho, generó una invasión de competencias que viola la división de poderes federales prevista en el artículo 49 de la propia Constitución, el principio de seguridad jurídica, en perjuicio de las autoridades del DF y las garantías y derechos de sus habitantes”, aseguró el ahora presidente de México.

Fue entonces cuando el político tabasqueño emitió un nuevo decreto en el cual manifestaba que la Ciudad de México quedaría al margen de la decisión presidencial de la nueva implementación federal del horario de verano.

Desde entonces había consultas

Para hacer frente al Decreto Presidencial y evitar el uso del horario de verano en la entidad que gobernaba, López Obrador anunció durante febrero de 2001 que realizaría una consulta pública en la que defendería el derecho de los ciudadanos que no querían tal cambio.

En la capital del país se efectuó la consulta que, de acuerdo con el secretario de Gobierno de ese momento, José Agustín Ortiz Pinchetti, obtuvo 318,000 votos, de los cuales, 75% fueron en contra de la implementación del nuevo horario y 25% a favor.

En ese momento, las críticas a la consulta popular del jefe de Gobierno aludían, principalmente, a la baja participación, sin embargo, la respuesta oficial fue que el ejercicio había sido totalmente legal, aunque no tradicional, y que su realización, vía telefónica, había costado 20 veces menos que de haber sido ejecutada con boletas.

Tras una controversia constitucional, interpuesta por López Obrador ante la Suprema Corte de Justicia, se determinó que el Presidente no es el facultado para cambiar el horario, sino la Cámara de Diputados.

En diciembre de 2001, la Cámara Baja aprobó el dictamen para la creación de la Ley del Sistema Horario en México, que ahora Morena busca modificar.