Nota del editor: Esta nota fue publicada originalmente con el título El bandazo que anticipa más poder para AMLO, pero se actualizó con la sustitución de Verónica Delgadillo por Enríquez Herrera.

El senador José Ramón Enríquez Herrera, militante de Movimiento Ciudadano (MC) desde 2011, dejó la bancada del partido naranja en la Cámara Alta el martes, para unirse a las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El enroque daba a Morena los votos necesarios en la Comisión Permanente del Congreso para abrir el periodo extraordinario de sesiones que los partidos opositores bloquearon en mayo.

Sin embargo, Dante Delgado, coordinador de MC en la Cámara Alta, anunció la sustitución de Enríquez Herrera con Verónica Delgadillo para mantener sus votos en la Permanente.

La intención de Morena con la apertura del periodo extraordinario de sesiones es subir al Pleno una iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que plantea modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

También la propuesta para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), cuyos consejeros serían elegidos por López Obrador.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado adelantó el envío de dicha iniciativa de reforma luego de pactar la llegada de Enríquez Herrera a su partido, durante un conversatorio virtual sobre una reunión del Consejo Coordinador Empresarial.

Francisco Jiménez Reynoso, abogado constitucionalista de la Universidad de Guadalajara (UDG), cree que este movimiento estuvo calculado para abrir el proceso de aprobación de ambas iniciativas.

“En política no hay coincidencias (…) regularmente todo está preparado, lo van tejiendo hasta que lo planchan. Convencer a este senador (Enríquez Herrera) para dar el ‘bandazo’ lo tenían premeditado, calculado”, opina el experto.

Vacíos y discrecionalidad

El 23 de abril, una semana antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reforma para reorientar recursos del PEF en respuesta a la contingencia sanitaria, ocasionada por la pandemia de coronavirus.

La propuesta faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para modificar la asignación federal de recursos en “emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

En caso de ser aprobada, el gobierno nacional tendría libertad para cambiar la partida presupuestaria sin aval de la Cámara de Diputados, entidad responsable de aprobar el Proyecto de PEF cada año, explica Jiménez Reynoso.

Todo quedaría estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tras varios días de críticas a la iniciativa de reforma, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), De la Revolución Democrática (PRD) y MC bloquearon el periodo extraordinario de sesiones, con lo que la propuesta presidencial se mantiene congelada.

La oposición señala supuestos vacíos en la redacción de la iniciativa de reforma, y que además fomentaría el uso discrecional del presupuesto público.

Por ejemplo, no especifica qué se entiende por emergencia de salud ni cuáles son los proyectos a los que se destinaría el dinero, dice Manuel Guadarrama, experto en finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“Tampoco detalla por cuánto tiempo se reasignarán los recursos y elimina la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para la asignación presupuestaria”, agrega.

Regulación ‘partidizada’

El miércoles, un día después de dar a conocer el cambio de colores del senador Enríquez Herrera, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar los artículos constitucionales 27 y 28.

El político zacatecano plantea transferir al Inmecob las “facultades originarias” del IFT, la CRE y Cofece, “mismas que se consideran necesarias para la consecución de su objeto constitucional”.

La junta de gobierno del Inmecob estaría formada por cinco consejeras o consejeros, quienes contarán con voz para la toma de decisiones.

El órgano de gobierno se dividiría en dos salas: una para atender únicamente los temas de competencia económica y otra para la regulación “de redes”.

Mony de Swaan, excomisionado presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones dice, no obstante, que el mayor problema de la iniciativa es que permite la ‘partidización’ de los consejeros debido al mecanismo de elección de los mismos.

La propuesta contempla que el Senado proponga una lista de entre tres y cinco candidatos al presidente del país, quien tendría la decisión final sobre las designaciones.

“(Así) se partidizan los consejeros. Entonces al rato tienes al de Morena, al del PAN, las cuotas partidistas reflejadas en los órganos reguladores. No hay nada peor para una Comisión Reguladora que eso”, sentencia el exfuncionario.

En los planes de Monreal estaba que la iniciativa se discutiera y apruebara en la tercera semana de junio, antes de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), planeada para el 1 de julio.

Con información de Itzel Castañares