20 de febrero 2019 | 3:00 pm

La reforma constitucional aprobada el martes en la Cámara de Diputados, que añade nueve delitos a la lista de los que ameritan prisión preventiva oficiosa es un retroceso en el sistema de aplicación de Justicia que afectará principalmente a los estratos sociales de menores ingresos y que no incidirá en los niveles de delincuencia, consideran expertos.

“Quien más entra en contacto con el sistema de justicia penal son personas de bajos ingresos. Y con la prisión preventiva oficiosa perjudicas a quienes entran en contacto con ese sistema”, advierte Jaime López-Aranda, especialista en seguridad pública y justicia penal, en entrevista con EL CEO. 

La reforma al Artículo 19° constitucional, propuesta por el grupo legislativo de Morena y aprobada con 377 votos a favor en la Cámara Baja, contempla la adición de delitos electorales, corrupción, robo de hidrocarburos, abuso sexual de menores, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, desaparición forzada, y delitos contra la Ley de Armas de Fuego al catálogo de delitos sin derecho a fianza.

Estos se sumarían a los seis ya contemplados en la legislación: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

Esta iniciativa fue avalada previamente por el Senado de la República, por lo que solo falta el aval de al menos la mitad de los congresos estatales más uno para que entre en vigor.

¿Más prisión preventiva = menos víctimas?

Aunque se tiende a asociar un aumento en las penas privativas de la libertad con una disminución del delito, en la realidad no existe evidencia que lo apoye.

Entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, en 14 entidades del país se mostró una correlación negativa: cuando subió la prisión preventiva oficiosa, bajó el número de víctimas. Sin embargo, en los otros 17 estados, se dio el efecto contrario, o sea, a más prisión preventiva oficiosa, más víctimas, revela el estudio Prisión preventiva oficiosa: ¿Más cárcel, menos víctimas? de México Evalúa.

El estado de Tabasco registró en ese periodo un incremento de 27% en su tasa de víctimas ante ningún cambio en la tasa de imputados con prisión preventiva oficiosa, señala el documento.

Además, enn Guanajuato, Durango y la Ciudad de México, las tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa en el periodo crecieron 513%, 395% y 79%, respectivamente, mientras que las tasas de víctimas de delitos se elevaron 11%, 20% y 7%.

En contraparte, en Yucatán disminuyó el 54% la tasa de imputados con prisión preventiva, mientras que el número de víctimas se desplomó 58%.

López-Aranda considera que la reforma Constitucional es un movimiento para generar una mayor aprobación política y no una medida que ayude a construir un mejor sistema de Justicia.

“Es una medida que no tiene impacto real en el terreno de la seguridad y que refleja una especie de malestar con la idea de que los delincuentes lo tienen demasiado fácil. Pero yo creo que la iniciativa está basada en la idea de parecer duro con el crimen para ganar apoyo político”, opina.

“No sabemos si el gobierno tiene capacidad para hacer investigaciones para que la prisión preventiva pueda ser eficaz y si hay cárceles también. Por ejemplo, si metieran a la cárcel a todos los que roban casa habitación, no cabrían en las cárceles”, opina Raúl Benítez Manaut, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) experto en temas de seguridad.

Crisis de Derechos Humanos

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el ‘paquete’ de delitos que ahora serán considerados graves y se dijo satisfecho con el resultado de la votación en la Cámara baja.

“Estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados, el que sean delitos graves la corrupción, cosa que me da muchísimo gusto (…) Ahora, con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos. También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible (…) y el fraude electoral”, dijo el presidente.

De lo que no habló el presidente es de que la prisión preventiva oficiosa es considerado un mecanismo que atenta contra los Derechos Humanos en los lugares donde se aplica.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera el uso arbitrario de esta medida una de las más graves formas de violación de los derechos humanos que afecta a más de 14 millones de personas en el mundo cada año, además de que vulnera el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.

“Es justo afirmar que el uso excesivo de la prisión preventiva que se produce a nivel mundial es una de las crisis de derechos humanos más ignoradas de nuestros tiempos. En virtud de que la presunción de inocencia es universal, la detención de personas en espera de juicio también debería ser excepcional”, escribe la ONU en su reporte Presunción de culpabilidad: El uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial.

El gobierno mexicano debe mejorar los procesos judiciales como las investigaciones, las detenciones y la atención en juzgados para disminuir el riesgo de violaciones a los derechos humanos, considera Benítez.

“Si hay una buena aplicación de la ley, es difícil pensar que se pueden violar los derechos humanos. Ahora bien, me parece que no todos los delitos que se agregaron al catálogo tienen la misma gravedad, y ese es el problema”, dice.