La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la comunidad indígena Suma en Yucatán, que obliga a detener el Proyecto Eólico y Fotovoltaico Cansahcab, de la empresa BHCE aprobado en 2016.
En sesión virtual, los ministros de la Segunda Sala del tribunal consideraron válido el interés de la comunidad de origen maya para someter la obra a un nuevo proceso de evaluación sobre su impacto ambiental y social.
La Secretaría de Energía (Sener) dio en 2016 las autorizaciones para este parque eólico ubicado en el municipio de Cansahcab, en la región norte de Yucatán, donde se localizan seis cenotes.
Sin embargo, la SCJN determinó que BHCE omitió la evaluación sobre impactos y riesgos ambientales que el proyecto podría ocasionar en el Acuífero Península de Yucatán, cuya capacidad promedio es de 2,842 millones de metros cúbicos de agua al año.
“Además, la resolución (…) deja a salvo el derecho de las propias comunidades indígenas a impugnar las violaciones que, en su caso se cometan, cuando se realice la consulta pública prevista en la ley, misma que deberá ser previa, completa y adecuada”, destacó la SCJN en un comunicado el miércoles.
Es procedente que las comunidades indígenas reclamen la protección a los cenotes en donde se prevé la instalación del Proyecto Eólico en el Estado de Yucatán. La empresa interesada no presentó la evaluación sobre los impactos y riesgos ambientales. pic.twitter.com/DVjndH6x0w
— Suprema Corte (@SCJN) May 6, 2020
El complejo energético propuesto por BHCE consta de 125 aerogeneradores con los que la compañía prometió una capacidad de 250 Megawatts (MW). Abarca 3,952 hectáreas y tendría vida útil de 30 años, de acuerdo con el dictamen técnico del proyecto.
El manual del despojo
La Ley de la Industria Eléctrica señala que los proyectos de infraestructura deben respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
“Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos (…) deberán presentar una evaluación de impacto social (…) así como las medidas de mitigación correspondientes”, dice el artículo 120 de dicha Ley.
Sin embargo, la evaluación nunca fue presentada ni se consultó a los pobladores de la región sobre el impacto que tendría la obra en sus comunidades, dice Pedro Uc Be, vocero de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíibal.
“Estas empresas tienen una manera bien definida de llegar a estas comunidades. Lo llamamos ‘el manual del despojo’ porque sobornan a los comisarios ejidales, los hacen firmar documentos en blanco y simulan asambleas para obtener la documentación necesaria para sus proyectos”, denuncia el activista.
En casos “contados” donde se aplica la consultas, suelen ser simuladas. Eso fue lo que sucedió en diciembre con la consulta con la que se aprobó la construcción del Tren Maya, opina Uc Be.
“En el caso de BHCE no hubo ni siquiera el intento de convocar a una consulta, se hizo el despojo vil, sin la información que la gente necesitaba para saber siquiera que tienen derecho a ser consultados”, denuncia.
Entre 2012 y 2019 se pusieron en marcha al menos 27 proyectos de energías renovables en Yucatán, según reportes locales. Otro proyecto señalado por presuntas irregularidades y abusos contra comunidades indígenas de la zona es el parque fotovoltaico de Lightering PV Park y Jinko Solar, en el municipio de Valladolid.
Apuestas de BHCE
BHCE es una compañía que pertenece al consorcio Development Group, cuyas subsidiarias desarrollan negocios en las áreas de las apuestas, centros comerciales y energías renovables en Norte y Centroamérica.
Sus propietarios son Moisés y Jacobo Shemaria Capuano, dos empresarios jaliscienses que han sido señalados por irregularidades en los permisos para establecer algunos casinos.
Los hermanos también son dueños de Pur Umazal, según consta en el Sistema Integral de Gestión Registral. Esta empresa dedicada al sector de los casinos recibió los primeros siete permisos del sexenio pasado para instalar casas de apuestas en Hidalgo.
De acuerdo con un reportaje publicado por Proceso en 2015, dichos permisos fueron obtenidos a través de una red de empresas ligadas a políticos cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Un mes antes de eso, Megasport, otra compañía de los Shemaria Capuano dedicada a las apuestas recibió una notificación de clausura de uno de sus casinos en Huixquilucan, debido a que su autorización para operar estaba falsificada.
En 2007, la Secretaría de Gobernación clasificó como información reservada el número de casinos y salas de juegos otorgados a cada una de las empresas que conforman la Operadora Megasport, según el expediente 0000400131906.
