Teresa Bracho González no pensó que tuviera oportunidades de convertirse en Consejera Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuando entró a una terna con Carlos Muñoz Izquierdo -a quien reconoce como uno de los mayores expertos en la materia- y Tiburcio Moreno Olivos.
Había sido propuesta para el cargo por un periodo de cinco años por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuando la Reforma Educativa apenas tomaba forma. “Fue una sorpresa”, dice Bracho en entrevista con EL CEO, quien atribuye su elección a su trayectoria en política educativa.
Desde entonces ha dialogado con tres legislaturas y cuatro secretarios de Educación Pública -Emilio Chuayffet (2012-2015), Aurelio Nuño (2015-2017), Otto Granados (2017-2018) y Esteban Moctezuma (2018- actual) – sobre la importancia de la evaluación de la educación.
Pero el dictamen presentado esta semana para abrogar la Reforma Educativa, que nació apenas el sexenio anterior, complica su tarea. De acuerdo con el documento, el INEE desaparecerá y dará paso a un organismo con autonomía de gestión y presupuestal, pero sin autonomía constitucional, que se encargará de sus funciones.
“El riesgo es que pierdes la libertad de tomar decisiones sobre qué evaluar, cómo evaluarlo y publicar libremente el resultado de las evaluaciones, que suelen no ser muy bien recibidas por las autoridades”, dice Bracho.
Para Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación en México Evalúa, las cosas no son tan drásticas, pues por la vía de los hechos lo único que perderá el nuevo instituto será el impacto en las políticas educativas estatales, pues sus nuevas características lo inscribirán a la Administración Pública Federal.
No obstante, el experto considera que el dictamen aprobado el miércoles por las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es positivo pues concilia las propuestas del Ejecutivo y la de la oposición.
Bracho reconoce que hay modificaciones y acuerdos a los que se ha llegado a partir del trabajo legislativo, pero también es consciente de que el descontento del magisterio contra las evaluaciones ha ganado más presencia en medios que las acciones del Instituto.
Ganaron la plana porque sus acciones son más de primera plana que las nuestras.
Enemigo visible
El INEE se convirtió en el ‘enemigo público’ más importante del magisterio durante el sexenio de Peña Nieto. Se le acusaba de implementar las evaluaciones docentes y de ejercer medidas “punitivas” contra los maestros; sin embargo, entre las facultades de este órgano solo estuvo la poner los lineamientos para las mismas.
La Secretaría de Educación Pública, por la vía de los hechos, fue el brazo ejecutor.
“Si sumas todo lo que le tenemos que sumar, la labor que se realiza en torno al servicio profesional docente no alcanza el 10% de lo que hace el instituto. (El INEE) tiene un trabajo normativo y de garantizar justicia para los maestros”, dice Bracho.
El INEE se creó durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), como un ente encargado de generar información sobre la impartición de educación en México. Con la reforma educativa promulgada el 10 de septiembre de 2013, el Instituto adqurió la facultad para determinar los lineamientos de las evaluaciones magisteriales.
Esta medida fue considerada como un mecanismo de castigo y presión contra el magisterio porque el resultado de la evaluación determinaba la conservación de los puestos de trabajo de los profesores.
“El problema que tienen los maestros no es con la evaluación. Lo que les molesta es que la autoridad no respetó las listas de prelación, no respetó las condiciones de concurso de maestros que debieran tener derecho a esto o a reconocimiento de plaza”, agrega Bracho, quien además considera que el cariz político que tomó la decisión de la administración de Peña Nieto afectó negativamente la imagen del INEE.
Un nuevo evaluador
Las funciones del nuevo organismo que sustituya al INEE están todavía por discutirse, pero Marco Fernández considera que es una oportunidad para resolver los errores de diseño del instituto, como la falta de un Secretario Técnico.
Este será parte del Sistema de Mejora Continua de la Educación y contará con un consejo consultivo y un consejo técnico, cuyos miembros serán aprobados por dos terceras partes del Senado.
Pero el experto no se confía.
“El diablo está en los detalles y tiene que ver con la regulación secundaria: cómo se van a hacer los procesos de selección (docentes) y cómo se determinarán correctamente las funciones del nuevo instituto”.
Al respecto, Bracho, quien concluirá su cargo a finales de abril, sostiene que es necesaria la autonomía para poder realizar las labores evaluativas con libertad.
“La evaluación tiene que estar al servicio de la educación, no al servicio del poder público”.
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