Desde campaña, en la transición y una vez asumido el cargo como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha ondeado como bandera principal de su proyecto la austeridad. Dentro de ese concepto se manejaban acciones como la reducción de los altos sueldos de funcionarios.
El político tabasqueño hizo popular que con su autodenominada “Cuarta Transformación” llegaría el fin de los salarios millonarios en la administración pública y que nadie ganaría más que el máximo mandatario, cuyo sueldo actual es de 108,000 pesos mensuales.
Una de las primeras acciones de Morena en el Congreso de la Unión –donde es la bancada mayoritaria– fue promover la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones, en la cual se establecía el fin a las pensiones de los expresidentes de México así como poner un tope a los altos sueldos.
La medida aprobada en el Poder Legislativo encontró su primer obstáculo en el Poder Judicial, cuando el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán decidió suspenderla. La fricción entre los poderes se hizo evidente.
La Presidencia de la República, por medio de su consejero jurídico, Julio Scherer, presentó un reclamo a la acción. El tema se mantendrá congelado hasta que el máximo órgano judicial lo discuta y encuentre una resolución.
Otro frente para López Obrador y su plan de austeridad se abrió con las universidades.
En la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el equipo del presidente planteó una reducción a los recursos universitarios, lo que causó preocupación en algunos sectores mientras que otros pedían auditoría a las instituciones para saber qué uso se le daba al dinero.
Instancias de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, difundieron comunicados donde rechazaban un posible recorte a los recursos que anteriormente percibían.
Los que parecían dos de los primeros grandes obstáculos para la administración de López Obrador dieron un giro total.
El giro total a los frentes
El pasado 8 de enero, la SCJN anunció que los once ministros que la componen acordaron reducir sus percepciones un 25% en comparación con lo percibido en el ejercicio fiscal 2018.
La justificación del máximo órgano del Poder Judicial fue que la acción respondía a una nueva política de austeridad impulsada por su presidencia. Unos días antes, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea asumió dicho cargo.
El 19 de septiembre, desde Hidalgo, López Obrador calificó como “error” la disminución del presupuesto a las universidades y dijo que iba a ser reparado, ya que hizo un compromiso público con el sector universitario.
Al siguiente día, Enrique Graue, rector de la UNAM, y Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, anunciaron que reducirían sus percepciones a partir de enero además un programa de austeridad en las instituciones, tras reconocer la rectificación del presidente de México.
Sobre el primer tema, López Obrador celebró la acción, la cual calificó como “un acto de buena voluntad”, sobre el segundo aplaudió ya que indicó: “es muy abusivo ganar tanto en un país con tanta pobreza”.
¿Un triunfo de López Obrador?
Los dos hechos han sido calificados como un triunfo político de López Obrador, ya que sin llegar a una confrontación prolongada, sí logró mostrar públicamente que sí era posible la disminución de los altos sueldos de los servidores públicos.
Para el analista Alberto Espejel, es una estrategia muy clara la desarrollada por el presidente:
Él confronta, exhibe y a partir de ahí se protege y se cubre con la legitimidad que lo llevó al gobierno. A partir de ahí deja el asunto en manos de los que fueron exhibidos
Según explica en entrevista, en el caso educativo fue muy interesante que la discusión inició con la reducción del presupuesto, vino un cambio en la posición del gobierno y el enfoque del problema se fue a qué se está haciendo con los recursos públicos y derivó en el salario de los funcionarios universitarios.
López Obrador muestra la habilidad que lo ha caracterizado y también otro rasgo: el conflicto es una parte inherente a la política de Andrés Manuel. Es decir increpar en ciertas políticas para obtener algo
agrega el doctor en ciencia política.
Espejel considera que aunque al presidente de México la estrategia le ha funcionado, al menos en estos dos casos, sí puede significar un riesgo a la larga que le provoque costos políticos porque la legitimidad después de ciertas coyunturas puede llegar a mermarse.
