El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de la construcción de la mina de oro Los Cardones, en Baja California Sur, un proyecto en el que participa una compañía canadiense dedicada a la explotación minera a cielo abierto y cuyo propietario es Ricardo Salinas Pliego, empresario cercano al mandatario y presidente de Grupo Salinas.
Durante la puesta en marcha del programa Mi México Late en Cabo San Lucas, el jefe del Ejecutivo rechazó definitivamente el proyecto, cuyo valor de mercado está estimado en 150 millones de dólares, según un reporte elaborado por la constructora ICA y publicado por la Bolsa Mexicana de Valores en 2016.
El dueño de la mina
La empresa propietaria de la mina Los Cardones es Desarrollos Zapal, una compañía mexicana subsidiaria de Invecture Group, cuyo dueño es Salinas Pliego, quien también forma parte del consejo de administración de dicha empresa.
Los Cardones tiene el apoyo técnico de la empresa canadiense Frontera Mining Corporation (FMC), asesora de cabecera del brazo minero del empresario, cuyas inversiones superan los 1,000 millones de dólares en activos.
FMC administra la mina de cobre Piedras Verdes en Sonora, que registra ventas de aproximadamente 32,000 toneladas por año de cátodo de cobre y 11,000 toneladas por año de cobre contenido en concentrado, según la página de la firma.
Además, la compañía basada en Vancouver, también está encargada del proyecto Monterde, un que combina la extracción de oro y plata a cielo abierto y subterráneo. Tanto Monterde como Los Cardones se encontraban en etapa de factibilidad.
Rechazado por segunda vez
Esta es la segunda vez que se cancela el proyecto minero debido a que se ubica en un área natural protegida.
El 8 de noviembre de 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desechó la solicitud de cambio de usos de suelo, “por no cumplir con los requisitos que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”.
“El rechazo al proyecto tóxico ha sido contundente. Los sudcalifornianos hemos manifestado que no queremos este tipo de proyectos que atentan sobre los recursos naturales de un sitio que ha sido declarado como área natural protegida, y como tal se debe conservar” dijo entonces Ariel Ruiz Castillos, presidente de la organización civil El Agua Vale Más Que el Oro, una de las principales opositoras al proyecto.
Luego del intento fallido de 2012, el proyecto recibió luz verde 2017, tras la aprobación de la nueva Ley General de Biodiversidad, la cual permite la explotación minera y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, propuesta por la exsenadora plurinominal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego.
La reserva
Los Cardones se ubica en la reserva de la biósfera Sierra La Laguna, parte de la red de reservas protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La reserva tiene un territorio de 11,600 hectáreas, donde conviven 974 especies de plantas, de las cuales el 23.2% son especies endémicas, es decir, que se encuentran solamente en ese hábitat.
“Es una buena noticia, ese debería ser un buen ejemplo para prohibición de actividades mineras a cielo abierto. Se debe tomar como precedente. La explotación minera al aire libre es inclusive más dañina que el fracking. Es permitir hacer un cráter en la biósfera”, dice Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica en México.
Un estudio de la Sociedad de Historia Natural Niparajá detectó, tras su cancelación, que el proyecto presentaba diversas anomalías en su parte ejecutiva y evidenció los “daños irreversibles a los suelos” que ocasionaría la explotación de la zona, así como la contaminación que generaría al producir 179,919 toneladas de roca estéril, considerada como material de desecho.
“Esta medida coincide con el discurso de López Obrador, pero esto debe sentar un precedente. Ojalá que se tomen otras determinaciones así, como en el caso de La Pitalla, por ejemplo, en Sonora, donde también se ha solicitado la cancelación de las actividades mineras”, advierte Olivera.
