Pese a que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California fue aprobada por el Congreso estatal esta semana, no será sino hasta noviembre cuando se vuelva oficial. E, incluso entonces, deberá someterse a la ‘prueba de fuego’ judicial: la acción de inconstitucionalidad que el Partido Acción Nacional dijo que promoverá en su contra.
Esta semana, 21 de los 25 legisladores del Congreso de Baja California aprobaron una modificación constitucional que amplía el periodo del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años bajo el argumento de que mantener su mandato hasta 2024 beneficiará a la economía de la entidad.
Con esta modificación al artículo Octavo Transitorio Constitucional, Bonilla, que iniciara su gestión el 1 de noviembre de este año, dejaría el puesto hasta 2024 y no en 2021, como se estipula en la Constitución Local.
El actual gobernador de la entidad, el panista Francisco Vega de la Madrid, pronunció su rechazo a la reforma constitucional y anunció en redes sociales que no la publicará en el Periódico Oficial del Estado.
“Todos estamos comprometidos en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura por 2 años. Por tal motivo, informo que no publicaré en el Periódico Oficial del Estado la reforma aprobada en el Congreso del Estado”, señaló en Facebook.
Además, el presidente nacional del Partido Acción Nacional anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la reforma a la Constitución local “representa un duro golpe a la democracia, a la legalidad y a la máxima autoridad electoral que ya había emitido un fallo al respecto.”
Asimismo, confirmó que se expulsará a los legisladores panistas – que hasta el 31 de julio son mayoría en el Legislativo — que avalaron la medida.
Presentará #PAN acción de inconstitucionalidad ante @SCJN contra la ilegal ampliación de plazo de gubernatura en #BC: @MarkoCortes https://t.co/vKDoURa3vh
— Acción Nacional (@AccionNacional) July 9, 2019
Una acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que puede ser promovido por partidos políticos, legisladores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos locales o el Procurador General de la República para denunciar la posible contradicción entre la Constitución y alguna ley o norma de menor jerarquía.
Si la SCJN declara que la norma es contraria a la Carta Magna, esta no podrá tener vigencia ni aplicarse a ninguna persona, de acuerdo con lo establecido en los artículos 94° y 105° constitucionales.
Esfuerzos contra la gubernatura bienal
Previo a la aprobación de la ampliación de mandato esta semana, Morena había intentado extender el periodo de gobierno en dos ocasiones, sin éxito.
El 23 de enero de 2019, la precandidata de Morena Blanca Estela Favela Dávalos presentó ante el Instituto Estatal Electoral una demanda de nulidad de la reforma que estableció el artículo Octavo Transitorio Constitucional en 2014, el cual redujo el periodo de la gubernatura estatal a dos años. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la desestimó por estar fuera de tiempo.
Una segunda resolución, emitida tres días antes de las elecciones del 2 de junio, también desestimó la petición del propio Bonilla para ampliar el término del mandato.
El Congreso de Baja California decidió desde 2014 que quien ganara las elecciones de 2019 duraría solo dos años en el cargo, a fin de hacer concurrentes los comicios federales y locales en 2021.
“Los cargos a elegir son: gubernatura del Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de noviembre de 2019 al treinta y uno de octubre de 2021”, señala también la convocatoria publicada en septiembre de 2018 para las elecciones del 2 de junio.
La lucha por el mandato sigue
Pese a las determinaciones judiciales, Morena sigue haciendo esfuerzos por sumar tres años al mandato de Bonilla. Y su empeño podría rendir frutos con la nueva composición del Congreso, que comienza actividades el 1 de agosto.
“Entre Morena y sus aliados van a tener entre 17 y 18 diputados locales (de los 25 totales), más los que logren conseguir de los partidos minoritarios y tendrán el control de los cinco ayuntamientos. Es decir, aunque no sea en esta legislación, a Jaime Bonilla le quedan oportunidades para lograr la ampliación de su gobierno”, considera Pablo Yáñez, politólogo de la Universidad Autónoma de Baja California.
De acuerdo con la legislación estatal, la aprobación de esta reforma requiere la aprobación de más de la mitad de los 25 diputados que conforman el Congreso, así como de al menos tres ayuntamientos.
La victoria electoral del 2 de junio dio al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador el control sobre los cinco ayuntamientos de la entidad: Ensenada, Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali.
Eso le da una posibilidad al Congreso de ejercer presión sobre el tema de la extensión de mandato en el futuro, en caso de que Bonilla no expida la reforma constitucional actual en el Periódico Oficial del Estado.
“El Congreso que entre en funciones el 1 de agosto puede convocar a una consulta popular para intentar ejercer presión y que el periodo de Jaime Bonilla se eleve a cinco años”, dice Yáñez.
Con información de Alejandro Juárez.
