Un juez en la Ciudad de México otorgó a integrantes de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) dos amparos que ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, pero no su comercialización.

Los amparos, dados en mayo pasado, no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta que sean confirmados por un tribunal colegiado, de ahí que no se plantee su masificación o la búsqueda de jurisprudencia, precisó la organización en un comunicado.

Sin embargo, son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno drogas por parte del Poder Judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión,

expuso MUCD.

Indicó que la decisión del juzgado de distrito en materia administrativa es relevante por ser la primera en su tipo, además de que genera nuevamente un debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de sustancias y refuerza la intensión del gobierno federal de reformular el combate a las drogas.

La política pública para regular cada una de las drogas debería ser distinta. No estamos proponiendo un modelo igual al de la marihuana. Simple y sencillamente decir que el resto de las drogas también deberían despenalizarse para su uso personal, de manera que las personas que tienen un problema de salud las atienda Salud y despejemos los recursos del área de seguridad que pueden ser mejor invertidos en la persecución de otros delitos,

dijo la directora de la organización, Lisa Sánchez, a Carlos Loret de Mola en W Radio.

MUCD recordó en su comunicado que en 2011 inició una estrategia legal que busca terminar la  llamada “guerra contra las drogas” y reorientar la política de seguridad del país para lograr mejores resultados.

La organización lideró junto con el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad y el colectivo SMART la estrategia de litigio en materia de cannabis, que generó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(Tras los amparos sobre la cocaína) sigue el avance en los tribunales en segunda instancia. Si eso prospera estaríamos llegando a la Suprema Corte en varios meses, y lo que sigue es que nosotros continuaremos esta estrategia para alinearla a lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo,

declaró la directora a W Radio.

Según MUCD, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se reconoce que la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública.

Lisa Sánchez acotó que la estrategia de la organización se centra en la despenalización del consumo personal de sustancias, y que una potencial regulación de los mercados de drogas le toca al Estado, a fin de que tome el control que está en manos de los criminales.

Agregó que hasta ahora solo han promovido recursos legales para no criminalizar el consumo personal de cannabis y cocaína.