El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpuso una controversia constitucional en contra de varias disposiciones del decreto que ordena al Instituto la instalación, operación, regulación y mantenimiento del padrón de usuarios móviles.
El IFT argumentó no contar con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como Panaut.
Para el IFT, este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias
señaló la autoridad reguladora en un comunicado.
Esto, debido a que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 están asignados a las funciones que mandata la Constitución al órgano regulador.
El IFT considera que el Congreso de la Unión, al emitir el decreto, además de invadir su autonomía presupuestaria, invade sus facultades regulatorias y de garante de derechos humanos en su ámbito competencial.
Esto, debido a que le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles.
También, considera que lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del padrón, en términos contrarios al objeto para el cual fue creado el propio Instituto.
Esto, además, afecta su garantía institucional y autonomía, transgrediendo el principio de división de poderes, aseguró el Instituto en el documento.
El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por las que se crea el padrón.
