El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpondrá una controversia constitucional contra la polémica ley que obliga a los usuarios de teléfonos celulares a entregar a sus proveedores de servicio datos personales para un registro biométrico.
El pleno del IFT explicó que no cuenta con los recursos para implementar y operar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, como lo establece la reciente modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que estaría impedido para cumplir con esa obligación.
Además, el pleno consideró que la norma contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar algunos derechos constitucionales, así como de favorecer el acceso a servicios de telecomunicaciones.
Con este recurso legal, el IFT busca garantizar su autonomía presupuestal, así como un ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y fines que constitucionalmente están encomendados a este Instituto,
dijo en un comunicado
La ley, que fue aprobada por los legisladores bajo el argumento de que el padrón es necesario para reducir los delitos de extorsión y secuestro, establece que el organismo regulador deberá solicitar a los concesionarios del servicio de telefonía móvil la cancelación de las líneas que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios.
#ComunicadoIFT El pleno del @IFT_MX aprueba interponer controversia constitucional en contra de diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.https://t.co/skL4oSIH55 pic.twitter.com/bcp9Gf69pm
— IFT (@IFT_MX) May 12, 2021
Opiniones en contra
Esta sería la segunda acción legal en contra del padrón, luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) acordó a finales de abril presentar una controversia constitucional al considerar que la reforma viola derechos de millones de usuarios.
“El INAI debe asumir una posición inequívoca sobre las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que implica, entre otras cosas, la creación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil (…) La lectura del decreto referido permite advertir problemas constitucionales relacionados con la falta de proporcionalidad en la intervención a derechos humanos”, dijo Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidenta a finales de abril.
En opinión de la industria y de especialistas, atenta contra la privacidad de datos y el cierre de la brecha de conexión en México.
Además, la creación del padrón es considerado la versión renovada del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) del 2008, no ha sido vista con ‘buenos ojos’, por lo que se espera que se dé una oleada de amparos de distintos frentes.
Irene Levy, abogada especialista en telecomunicaciones, asegura que el padrón ‘no va a jalar’, puesto que, además de que logísticamente no es viable, las condiciones de dicho padrón implican un riesgo de desconexión para aquellos que no se registren.
En ese sentido, Luis Fernando García, director de la organización R3D, comentó que el padrón es inútil e ineficaz para combatir la delincuencia.
Es una reedición de Renaut, que se promovió en la etapa de Calderón. Mostró su inutilidad durante la vigencia: el delito de extorsión y secuestro crecieron,
dijo Luis Fernando García, director de R3D, a EL CEO a mediados de abril.
Con información de Reuters
