Solo 15 días después de que Raymundo Artis Espriú, coordinador de la Estrategia Digital Nacional, abanderara ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el proyecto de conectividad universal de la actual administración a través de la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Pleno del IFT otorgó una concesión única a la empresa.
El Pleno aprobó por unanimidad otorgar una concesión única para uso público para proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, y garantizar el derecho de acceso a las telecomunicaciones e internet a la población que no cuenta con el servicio, contemplando las capacidades de la Red Nacional de Fibra Óptica, la infraestructura activa y pasiva de que disponga la CFE y, en su caso, el uso de tecnologías inalámbricas en las bandas de uso libre.
A través de un comunicado, el órgano regulador detalló que la concesión se otorgó tras analizar y confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) por parte del solicitante.
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos es una empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) creada formalmente el 2 de agosto, con el objetivo de dotar de conectividad a las zonas más remotas del país, una empresa que transita entre dos posibles escenarios: que el IFT le otorgue una concesión de uso público o una de uso comercial.
Previo a darse a conocer el otorgamiento de la concesión, una fuente con conocimiento del proceso dijo a EL CEO que la principal obligación del gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador al crear esta empresa consiste en no generar distorsiones en el mercado.
Esto significa que, si el gobierno decide participar en el mercado telecomunicaciones y usar infraestructura, ésta debe ser neutral para la competencia y no rivalizar con otros jugadores, sino ser un proveedor de infraestructura o un jugador mayorista, lo que ya está estipulado en la ley.
El IFT señaló que la concesión fue solicitada el 5 de agosto por CFE, con el objetivo de proveer internet a la población que no tiene acceso, así como de ofrecer conectividad de manera gratuita en los sitios públicos como escuelas, centros de salud, centros comunitarios y áreas públicas de uso común a cargo de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Lo anterior, está definido en el artículo 3, fracción LXVII, de la Ley en la materia.
La solicitud de CFE pretende cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, mismos que deben prestarse en condiciones de cobertura universal y competencia.
El IFT consideró en su análisis para otorgar la concesión los objetivos de CFE Telecomunicaciones, así como el cumplimiento de los artículos 72 y 73 de la LFTyR, los cuales contemplan los requisitos que deben ser satisfechos para la obtención de un título de concesión única.
Cabe mencionar que para otorgar la concesión única para uso público, el IFT contó con la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tal como lo ordena el artículo 28 de la Constitución.
El órgano regulador destacó que bajo este título de concesión de uso público, la empresa está sujeta a respetar el principio de neutralidad a la competencia, a través del cual se complementan los esfuerzos que realizan los concesionarios de uso social y comercial en el país brindar conectividad.
Las tarifas
Durante el anuncio de la creación de la nueva empresa, el pasado 2 de agosto, el presidente López Obrador dijo que se cobraría una tarifa para recuperar costos de operación lo que, de acuerdo con una fuente con conocimiento del asunto consultada EL CEO, debe definir el regulador, pues no es claro aún cómo va a operar ese costo y en función de qué.
En ese sentido, la fuente aseguró que se debe tener claridad en a quién le van a cobrar esa cuota, si a todos los usuarios de CFE o solo a los usuarios de las localidades que tengan acceso a esos servicios de conectividad.
Si nos cobran a todos, a quienes ya tenemos cobertura, subsidiaríamos a los que no tienen acceso, pagando así un nuevo impuesto
dijo a EL CEO la fuente que pidió el anonimato.
En ese sentido, la fuente agregó que eso implicaría que el pago de los conectados iría en contra de la promesa de López Obrador de que, durante su gobierno, no habría nuevos impuestos.
