22 de noviembre 2019 | 4:01 pm

El presupuesto aprobado para ejercer en 2020 asignado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que fue menor al esperado, provocará que el órgano regulador analice exhautivamente qué proyectos deberá cancelar o posponer.

Este viernes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, en el que se asignó un monto de 1,541.24 millones de pesos al Instituto.

Este monto supone una reducción de 188.76 millones de pesos respecto a lo solicitado por este órgano regulador para cumplir con las responsabilidades mandatadas en la Constitución.

El presupuesto autorizado representa una reducción de 0.3%, en términos reales respecto a 2019, y una disminución de 38.23%, también en términos reales, acumulado desde 2014.

En un comunicado, el IFT destacó que ha contribuido a la recaudación de ingresos públicos del gobierno federal con 106,000 millones de pesos; mientras que el costo de operación del Instituto ha sido una décima parte de lo generado.

Este elemento, refiere el Instituto en el documento, incluso se reconoce en el propio dictamen de la Comisión de Presupuesto.

El IFT señaló que, desde su creación, ha atendido lo dispuesto en la Política de Austeridad en el uso de sus recursos presupuestales.

Lo anterior, le ha permitido generar ahorros y sostener un nivel de ejercicio razonable del gasto, siempre por debajo del crecimiento de la inflación.

En este sentido, la autoridad señaló que dada la importancia de atender las necesidades más apremiantes del país, el proyecto de presupuesto 2020 presentado respondió a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público, propuestos por el Ejecutivo Federal.

Cabe precisar que, dicho presupuesto propuesto consideraba ya un ajuste a la baja de 50 millones de pesos respecto del Proyecto presentado por el IFT para 2019.

Pese a los ajustes que prevé hacer para el siguiente año, el Instituto refrendó su compromiso para seguir cumpliendo con el mandato constitucional de promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Asimismo, de mantener la promoción, supervisión y regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de ambos sectores; así como sus tareas como autoridad en materia de competencia económica en los sectores que regula.