El equipo de futbol de Ricardo Salinas Pliego debuta este lunes en el nuevo estadio Kraken de Mazatlán, Sinaloa, sin que hasta el momento se conozcan los términos bajo los que Grupo Salinas utilizará el inmueble que costó 652 millones de pesos (mdp) al erario.
Mientras que la Liga MX programó para las 21:00 horas el primer partido de Mazatlán F.C. en la primera división de futbol mexicano, sus propietarios y el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel omitieron hacer público el acuerdo de enajenación sobre el estadio.
Lo anterior viola el artículo 25 de la Ley sobre Inmuebles del Estado y Municipios de Sinaloa, que establece como requisito la “publicación en el Periódico Oficial de las condiciones” del contrato antes de hacer uso de un edificio propiedad del Estado.
Dicha Ley también dice que la enajenación de cualquier inmueble de propiedad pública requiere la aprobación del Congreso del Estado y que estos contratos deben realizarse en “pública subasta”, sobre un estudio de avalúo previo a cargo del gobierno estatal.
Sin embargo, el equipo que dejó Morelia para establecerse en la ciudad de Sinaloa a principios de junio no cumplió ninguno de estos requisitos, pese a los señalamientos públicos sobre las irregularidades.
“El gobernador no dice cómo se va a concesionar el estadio, ni cuánto dinero va a pagar el equipo por la concesión. Incluso desliza la posibilidad de inyectar dinero público al equipo”, explica Silber Meza, periodista fundador de Iniciativa Sinaloa, una asociación civil anticorrupción.
Tampoco se conoce el periodo de inicio ni de finalización del acuerdo, agrega el entrevistado.
El otro beneficiario del acuerdo para llevar futbol de primera división a Mazatlán por primera vez es el gobernador de la entidad, quien busca una ventaja política para su gestión y las aspiraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de 2021.
Un estadio nuevo y moderno, con las características del de Mazatlán funciona para promover la imagen de un equipo pero también de una ciudad o de un gobierno, dice Francisco San José Cabestany, catedrático de Mercadotecnia Deportiva en la Universidad Anáhuac.
“La asignación de un inmueble público a un privado es cuestionable, pero también lo es que el gobierno en turno lo haga con la finalidad de obtener una ventaja electoral”, opina.
En las elecciones programadas para el 6 de junio de 2021 se renovarán 21,368 cargos públicos en todo el país. Para Sinaloa estará en juego la gubernatura estatal, así como de sus 18 municipios y las 40 diputaciones locales.
Sueño de un exalcalde, al bolsillo de Salinas Pliego
La construcción del estadio Kraken -inaugurado el pasado 23 de julio- comenzó en 2017, a cargo de Meprosa Construcciones en conjunto con DUNN Arquitectura Ligera, empresa que participó en el desarrollo del estadio Akron de Guadalajara, el Cuauhtémoc de Puebla y el Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos del México.
Para ese momento, Mazatlán aún no contaba con un equipo de futbol que requiriera un inmueble con capacidad para 25,000 personas. Inclusive dos meses antes de su inauguración, la actividad para el estadio no estaba asegurada.
El desarrollo del Kraken costó al erario alrededor de 652 mdp, de acuerdo con los datos de las licitaciones públicas del inmueble.
Con esta obra, el gobierno de Ordaz Coppel promete impulsar el reconocimiento internacional de la ciudad Mazatlán, además de convertir al puerto sinaloense en un “nicho de oportunidad para promover el turismo deportivo”.
Sin embargo, la construcción del inmueble también cumple uno de los sueños del priista Quirino Ordaz Luna, padre del actual gobernador quien buscó el mismo objetivo en la década de 1980.
Esto lo ha reconocido públicamente Ordaz Coopel. En varias entrevistas, el mandatario estatal dice que antes de morir, su padre -exalcalde de Mazatlán- le hablaba del “sueño” de levantar un estadio de futbol en la ciudad.
Durante la construcción del inmueble, organizaciones civiles y medios de comunicación locales señalaron irregularidades en la asignación de contratos a las empresas encargadas así como un sobrecosto del inmueble.
Ante ello, legisladores locales pidieron información detallada sobre el proyecto, pero hasta la fecha el gobierno estatal no ha dado respuesta para transparentar el destino de los recursos de la obra.
En 2017 la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó, por ejemplo, que la obra no contaba con documentos para comprobar la compra de los terrenos donde se encuentra el estadio, entre otras observaciones.
A estas irregularidades se suma la entrega del control del inmueble a Grupo Salinas sin el aval del Congreso estatal y con un acuerdo desconocido públicamente.
En una entrevista realizada a finales de mayo, el gobernador Quirino Coppel declaró que hasta ese instante no existía un acuerdo de comodato con la compañía de Salinas Pliego.
También dejó abierta la puerta a una inversión por parte de su administración por hasta 15% de los activos del equipo debutante.
