La Unión Europea (en nombre de 19 países) y el gobierno de Canadá enviaron este 15 de mayo dos cartas dirigidas a Rocío Nahle, Secretaria de Energía, en las que solicitan una reunión para aclarar sus inquietudes sobre el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) publicado por el Centro Nacional de Control de Energía el pasado 29 de abril.
“Lamentablemente ha habido un acontecimiento adicional en el sector que ha aumentado nuestras preocupaciones y que hace que la necesidad de una reunión con representantes gubernamentales relevantes sea incluso más apremiante hoy que nunca”, dice la carta firmada por Jean-Pierre Bou, encargado de Negocios de la Delegación de la Unión Europea.
El representante mencionó también que en enero ya habían externado sus preocupaciones al gobierno mexicano y que habían solicitado una reunión con la Secretaría de Energía, que hasta la fecha no se ha concretado.
Graeme C. Clark, embajador canadiense, resalta en su carta que el acuerdo “pone en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía renovables de empresas canadienses en México”.
El diplomático mencionó también que las empresas canadienses han confiado en México para traer sus inversiones y que las medidas ponen en riesgo, a corto plazo, inversiones por 450 millones de dólares, además de más de 1,000 empleos.
Ambos gobiernos mencionaron la suspensión de las subastas a largo plazo y los cambios a la normatividad de los certificados de energías limpias, como las dos primeras acciones preocupantes por parte de Sener, que ahora son rematadas con el acuerdo de Cenace.
Bou advirtió que las limitaciones a la entrada de plantas generadoras de energía limpia “amenazan desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, según nos trasladan varias empresas europeas”.
El documento resalta también las conclusiones que la Comisión Federal de Competencia Económica hizo públicas a propósito del acuerdo.
Las dos cartas reiteran además la intención de los gobiernos emisores para trabajar con el gobierno mexicano en la búsqueda de una solución satisfactoria para todas las partes en el corto plazo.
