La Fiscalía General de la República (FGR) tiene el camino libre para procesar jurídicamente a los gobernadores denunciados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Esto, a pesar de que los mandatarios estatales gozan de inmunidad jurídica a nivel constitucional durante su periodo de gestión.
La denuncia de Lozoya Austin apunta contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y Francisco Domínguez Servién, mandatario de Querétaro. Ambos políticos pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN).
El gobernador queretano en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, así como tiene posibilidad de quedar sujeto a juicio político “en los términos del artículo 110” de la Constitución Política de México, de acuerdo con la Constitución Local.
Para el caso de Tamaulipas, la ley contempla que durante el tiempo de su encargo, el mandatario estatal solo puede ser acusado por delitos graves “de orden común”. También puede ser sometido a juicio político en términos de la Constitución.
En la última reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobada por la Cámara de Senadores el 30 de julio pasado, se agregaron nueve delitos al catálogo de actos ilícitos graves.
Estos son abuso sexual de menores, uso electoral de programas sociales, robo de transporte, desaparición forzada, portación y uso de armas de fuego prohibidas, robo de hidrocarburos, delincuencia organizada, homicidio, robo a casa habitación y corrupción.
“La legislación estatal y las recientes modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales permiten iniciar un juicio sin necesidad de un proceso para interrumpir la inmunidad constitucional que tienen los gobernadores”, dice Francisco Jiménez Reynoso, constitucionalista de la Universidad de Guadalajara (UDG).
Anteriormente el proceso judicial contra García Cabeza de Vaca y Domínguez Serviém habría requerido un juicio de desafuero, el cual puede tardar inclusive varios años, según comentarios del abogado Pablo Casas Lías.
“El proceso sería como el que enfrentó Andrés Manuel López Obrador entre 2004 y 2005, cuando se comprobó que el ahora presidente de México desacató una orden judicial, lo que dio pie al juicio de desafuero”, dice.
Evitar este proceso es un atajo al procesamiento jurídico de los implicados que aparentemente tienen inmunidad jurídica, explica Jiménez Reynoso.
Sobornos en la reforma energética
De acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin filtrada el miércoles, Domínguez Setién y Cabeza de Vaca están acusados de recibir varios sobornos junto a Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y Salvador Vega Casillas entre 2013 y 2014.
Durante los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto todos ellos eran legisladores y habrían recibido alrededor de 80 millones de pesos para garantizar la aprobación de la Reforma Energética.
Ante el señalamiento, el mandatario queretano aseguró que las acusaciones de Lozoya Austin no valen nada, “lo mismo que su prestigio”.
“No tengo nada que temer y nada de que avergonzarme y nada que ocultar (…) doy la cara y ante la autoridad. No busco protección a cambio de inventar falsedades”, declaró.
García Cabeza de Vaca, por su parte, se defendió desde el miércoles diciendo que las acusaciones en su contra eran falsas.
Durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí, el tamaulipeco dijo que eran parte de una persecución política, aunque no explicó desde donde provenía.
“No voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad”, expuso horas después de conocer la filtración de la declaración de Lozoya Austin.
Además, a lo largo del jueves el mandatario estatal continuó negando las acusaciones en su contra.
“Es una estrategia por parte del gobierno para desviar la atención de los verdaderos problemas que se están viviendo en el país (…) más circo”, dijo el político panista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva.
La declaración de Lozoya Austin, recogida por la FGR incluye más de 20 nombres de políticos presuntamente involucrados en diversos actos de corrupción que afectaron a Pemex el sexenio anterior.
No obstante, la denuncia de hechos abarca a 14 personas, entre las que se encuentran los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, así como los exsecretarios de Estado Luis Videgaray Caso y Jose Antonio Meade Kuribreña, y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
