Han pasado más de 10 años desde que se emitió la Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece los objetivos del Expediente Clínico Electrónico en México para cumplir múltiples funciones, un sistema que a la fecha sigue sin ser una realidad nacional ante la falta de incentivos e inversión en el sector salud.
En 2011, la Secretaría de Salud estimó un ahorro de 38,000 millones de pesos, equivalente al 17% de lo presupuestado para el sector salud en 2022, si hubiera una aplicación efectiva del Expediente Clínico Electrónico, lo cual no es así.
Esto significa que, en vez de gastar ese porcentaje de presupuesto para mantener los expedientes físicos en una bodega, esa inversión se podría destinar a programas de prevención para distintos padecimientos.
Entre estos programas podrían estar las enfermedades crónico-degenerativas, que son de alta relevancia tanto en el sector público como en el privado, aseguró Paulina Castañeda, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), en el análisis de la hoja de ruta de la inclusión digital post-COVID19.
México no invierte
México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos gasta en salud como porcentaje de su PIB: apenas un 5.5% de 2015 a 2019.
Incluso otros países de la región tienen una inversión más elevada, como Brasil, con un 9.2% y Chile, con un 8.9%.
En México hay tres casos emblemáticos: el Sistema de Control Hospitalario (SICOHOSP) de la Marina, el Sistema Administrativo del Expediente Clínico Electrónico de Colima y el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria de la Ciudad de México.
Si bien no existe una cuantificación exacta de cuánto costaría un sistema general de plataforma única de expediente cínico electrónico, a la Ciudad de México le costó 230 millones de pesos crear su sistema de registro médico electrónico que atiende todas las clínicas que pertenecen al gobierno de la capital.
Sin avance a nivel nacional
La NOM-024-SSA3-2010 emitida en marzo de 2010 establece los objetivos y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico.
Estos, con el fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.
Si bien actualmente existen poco más de 60 sistemas de expedientes distintos en todo el país, cada uno es independiente a otro, lo que revela que las autoridades de salud no han logrado hacer interoperables estos sistemas, agregó Castañeda.
En su opinión, esto inhibe el hecho de que haya mejores prácticas en la salud a través de un intercambio digital que brindaría información de ayuda para el médico, lo que a su vez permitiría además reducir negligencias y administrar mejor la receta de medicamentos.
Un escenario así marcaría la provisión de servicios de salud de calidad en México, lo que es clave para cumplir el derecho de acceso a la salud, comentó Paulina Castañeda.
Nueva realidad
En el caso del COVID-19, y ahora transicionando a una nueva normalidad, se requiere de nueva información que es difícil condensar, los registros no son los mismos a nivel estatal que federal, lo que dificulta poder guiar políticas de salud de manera eficaz y pronta, dijo Castañeda.
Para CIU, la adquisición de datos clínicos se ha convertido en imperativo para la mejora de políticas públicas de salud y para mejor tratamiento de pacientes, por lo que la existencia de un expediente clínico digital facilitaría el acceso a la información, que además ayudaría a los médicos a ofrecer mejores servicios.
La política digital es complementaria de la política de salud, por lo que se debe innovar en salud, y específicamente en el expediente clínico electrónico, que se apoya en la ley de transparencia, de protección de datos, la ley general de salud y asimismo está alineado con planes de desarrollo
Para CIU, el diseño de una plataforma que integre un sistema de expedientes de este tipo permitirá generar guías de capacitación comunes, así como distinguir necesidades operativas en cada entidad federativa para expandir su uso y alcanzar sus beneficios.
