A tres años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con la descentralización de las secretarías, organismos y empresas del Estado mexicano, uno de los 100 compromisos que pactó al inicio de su mandato. 

Tras año y medio de la pandemia, algunas dependencias han empezado a dar pistas de la movilización a otros estados, sin embargo, la descentralización podría ser una apuesta altamente costosa con más desventajas que beneficios, según algunos especialistas.

La descentralización implica mucho presupuesto y una planificación muy detallada, aunado a una complicación adicional: México arrastra una situación económica crítica con una recuperación lenta, en el que tanto los ingresos como las oportunidades son limitados, tanto a nivel de recursos públicos como privados

dijo Rodolfo de la Torre, especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). 

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El costo de la descentralización, según el Proyecto de Nación del primer mandatario, sería de 127,805 millones de pesos, lo que sería el equivalente a casi la mitad del presupuesto de la Secretaría de Salud en 2018, o el 10% del Plan Nacional de Infraestructura de la administración de Enrique Peña Nieto.

La propuesta de López Obrador contempla la descentralización de 13 Secretarías, a excepción de Defensa, Gobernación, Hacienda, Marina y Relaciones Exteriores por asuntos de seguridad nacional. 

Además, propuso también la migración de 14 organismos descentralizados y empresas estatales, incluido INEGI, que fue descentralizado en 1985 y que costó entonces al erario 2,000 millones de pesos. 

Bienestar, Salud y Sener dan primeros pasos a la descentralización 

La Secretaría del Bienestar anunció hace un par de días el inicio de la primera etapa en la que, alrededor de 200 servidores públicos, comenzaron a trabajar desde las oficinas ubicadas en la ciudad de Oaxaca. 

A principios de octubre, Jorge Alcocer, secretario de Salud, dio el banderazo de operaciones de la nueva sede en Acapulco, Guerrero, una de las dependencias más grandes del Estado mexicano. 

EL CEO consultó al área de Comunicación Social de la Secretaría de Energía, la cual comentó que hace más de dos años empezó la descentralización de la dependencia liderada por Rocío Nahle en Villahermosa, Tabasco, en donde ya operan al menos un par de áreas ya sin precisar qué áreas y el número de trabajadores en esa oficina. 

Las dependencias están articuladas a un contexto, por lo que mover la operación puede generar a su vez conflictos con otras dependencias, dijo por su parte Gustavo López Montiel, profesor de Transformación Pública y Gobierno del Tec de Monterrey.

Enviar a las dependencias a otros estados no solo genera más costos, sino conflictos en los mecanismos de coordinación con otras dependencias de la propia administración pública y la propia Presidencia; pero como fue una promesa de campaña, López Obrador tiene que cumplirla, pero no se va a llevar toda una estructura a otro estado

Gustavo López Montiel, profesor del Tec de Monterrey

“Una oportunidad perdida”, CEEY

Para que la descentralización sea posible, más no viable, lo único que pueden las dependencias es crear estructuras específicas o migrar gente de confianza, pero no era un buen plan desde el inicio, aseguró López Montiel. 

En su opinión, se tendría que haber hecho un plan con la funcionalidad orgánica de cada dependencia respecto al Ejecutivo, considerando el valor que podrían aportar a aquellos lugares a donde se van a establecer estas dependencias. 

La idea original contemplaba que estas dependencias darían movilidad económica a algunos lugares deprimidos económicamente, sin embargo, algunos de estos lugares no tienen movilidad económica. 

Además, si llegan a generarse empleos en esas entidades , van a ser ocupados por quienes ya están operando, puesto que en varias dependencias hay oficinas de representación en todo el país, agregó López Montiel. 

Para De la Torre, en lo abstracto la descentralización es más una buena intención que una buena idea, “pero en la realidad es una oportunidad perdida”.

Particularmente las grandes secretarías como Salud o Educación van a sufrir una disrupción en sus actividades normales, lo que podría implicar altos costos debido al cambio. 

Por ejemplo, dada la responsabilidad que tiene la Secretaría de Salud en el manejo de información, programas y actividades derivados de la pandemia, un cambio de sede puede resultar muy costoso y además complejo.

Para López Montiel, el enfoque tuvo que haber sido en términos de funcionalidad de las propias dependencias, no solo el costo que implica trasladar las funciones, sino porque las dependencias están articuladas con recursos económicos y humanos.