La Cámara de Diputados dictaminó una disminución de costos en la banda de 800 megahertz (MHz) del espectro radioeléctrico como parte de la Ley Federal de Derechos lo cual, aunque es visto como algo positivo por especialistas del sector de telecomunicaciones, también es considerado insuficiente y con vacíos.
Ahora la Banda de 800 MHz, conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados, sufrirá un incremento anual del orden del 3.5%, muy por debajo de la propuesta original de un aumento de 56.2% en el pago de derechos por el uso y explotación de espectro radioeléctrico.
Si bien el dictamen refleja una mejor situación que la propuesta inicial del Ejecutivo –que planteaba un incremento considerable–, sigue habiendo un problema de fondo: no se ha puesto atención a la demanda de los actores de la industria, aseguró a EL CEO María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Esencialmente, la demanda es un llamado a sensibilizarse sobre los efectos que están generando derechos tan elevados por el espectro, que causan desincentivos a la inversión y que además están poniendo presiones adicionales sobre las condiciones de competencia, ‘que de por sí son bastante difíciles en el mercado’, agregó.
En ese sentido, considera que no se ha entendido el papel de los derechos como un instrumento para que el Estado pueda recuperar los gastos administrativos sobre la administración de un bien del dominio publico (en este caso) que le genera costos.
La Ley de Ingresos queda en 6.26 billones de pesos
Por ello considera razonable que estos puedan recuperarse de manera directa de quienes usan ese bien del dominio publico, que son los concesionarios.
Pero en este caso, se ha tratado de usar los derechos para reflejar un valor de mercado de este bien, lo que es totalmente equivocado; ese valor, en todo caso, se tendría que recuperar en los procedimientos de licitación pública que debe realizar el IFT, y eso atendiendo a las políticas específicas que decida el regulador
María Elena Estavillo
En esa línea, la también socia directora de Aequum señaló que el objetivo principal al asignar ‘no es ni debe ser maximizar los ingresos públicos derivados de la licitación, sino maximizar el bienestar social y asegurar que ese espectro se use eficientemente para aumentar los servicios disponibles para los usuarios’.
Asimismo, debe considerar el aumento de la cobertura, la capacidad de las redes, el alentar la inversión y que se sigan digitalizando las actividades del país para cerrar la brecha digital.
Esto es lo que deberá pagar de cuota cada municipio de cada estado:
Por su parte José Luis Peralta Higuera, socio fundador de la firma de consultoría especializada Cierte Consulting, considera que esta reducción es insuficiente además de que, en su opinión, los derechos ya encarecían el espectro con el ‘precio’ que tenían antes.
Al respecto, estima que el espectro no debería tener pago de derechos ya que se asigna a través de subasta, y es en ella en donde se fija un precio, cierto a lo largo de toda la vida de su concesión.
Si los concesionarios, además de pagar el precio de la subasta, se enfrentan a pagos anuales con gran incertidumbre ante cambios futuros, será difícil que aumenten sus inversiones o que existan nuevos concesionarios dispuestos a invertir
José Luis Peralta Higuera, socio fundador de Cierte Consulting
Sin embargo, no es claro para todos los actores cercanos a la industria porqué se reduce específicamente el precio de esta banda –que es punto de partida de la telefonía móvil y ha operador sistemas trunking– y no del resto.
Decisión incompleta
Fernando Borjón Figueroa, miembro de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), considera que esta resolución “es una decisión incompleta”, pues si han identificado que esa banda debe reducir su precio, la pregunta es ¿por qué en las otras no?
En ese sentido, plantea que quizá la decisión podría estar influida por el hecho de que en esa banda de frecuencia hay porción de espectro que tiene uso social, la cual no paga derechos.
Además, calcula que en esa banda debe haber menos del 15% del total del espectro que hay concesionado.
El usuario no sabe qué banda usa y para él, esto no quiere decir nada, puesto que el incremento de precio en las otras bandas terminará impactándole igualmente
Fernando Borjón Figueroa, excomisionado del IFT
En esa línea, considera que el Congreso está entendiendo solo parte del problema, pero no todo.
Por ello, estima que lo importante es qué se quiere hacer con este espectro, cómo trabajar para reducir la brecha digital (poder pagar los derechos con ese tipo de servicio en áreas no cubiertas o para población que no puede pagar el servicio), que es un escenario en donde pueden influir positivamente los legisladores.
Esto, agregó, debería acompañarse de una transformación digital impulsada por el Gobierno para poder utilizar lo aprendido en la pandemia y ayudar a impulsar la economía digitalmente.
En ese tenor Estavillo estima que si bien es un escenario ‘ciertamente mejor’ al anterior, seguimos en el punto de partida.
De hecho, aunque apunta que hay un pequeño aumento de los derechos, de cualquier manera se va en sentido contrario en el que se debería ir, por lo que considera que “está haciendo mucha falta una visión amplia de largo plazo”, así como una política digital nacional que le dé sentido a todas estas acciones para que sumen en la misma dirección.
