La Comisión Reguladora de Energía (CRE) envió oficios a las empresas para pedirles que se pongan al corriente con pagos por distintos conceptos. Estas solicitudes incluían deudas que databan desde 2016, y en algunos casos algunas que ya fueron pagadas o cuyo concepto no es aplicable. Se trata del más reciente esfuerzo del regulador por mejorar su recaudación, el cual también deja ver problemas en su administración.

Cada año los permisionarios deben hacer un pago de supervisión durante el primer mes. La semana pasada enviaron, mediante la oficialía de partes, escritos donde se solicita que se actualicen estos conceptos. A algunos permisionarios se les piden tres o más años, comentó Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético.

La tardanza para cobrar se explicaría debido a la falta de procedimientos de revisión al interior de la Comisión durante este sexenio, sobre todo debido al número de cambios que el ente ha visto desde 2018.

“La CRE, como tal, no tiene facultades para requerir el pago, pero sí suele realizar invitaciones formales en las que advierte que los permisionarios pueden ser objeto de revocaciones por incumplimiento a las obligaciones del permiso”, explicó Daniel Salomón, asociado de la firma González Calvillo.

El experto dijo que ha sido testigo del envío de estos documentos a empresas que ya habían cumplido con sus obligaciones, y destacó que esto se debería a una falta de control de los archivos de seguimiento de pagos, producto sobre todo de la austeridad impulsada por la presente administración.

Díaz dijo que la culpa de que existan tantas deudas no necesariamente es de la CRE, pues en muchos casos se trata de permisionarios que incumplieron en sus pagos o que incluso fallaron al pago de su primer anualidad porque pensaron que no aplicaba.

Sin embargo, la cuota de supervisión por el año en el que se emite un permiso sólo aplica al sector hidrocarburos, y no al sector de generación renovable, donde también se están dando estas solicitudes. En este caso, la confusión sí es atribuible al regulador.

“El problema de fondo es que la gente que está ahorita en la Comisión no tiene idea de mucha de la normatividad que regula. En su afán por aumentar la recaudación durante una época en la que no hay nuevos permisos se está poniendo a gente sin experiencia a revisar la lista de deudores, y esta gente no está corroborando la normatividad correspondiente antes de enviar las solicitudes de pago”, expuso una fuente con conocimiento de la operación de la Comisión, que prefirió no ser identificada.

La fuente describió la situación como “desaseo administrativo y falta de profesionalización de los servidores públicos de la CRE”. Además, dijo que la Comisión no tiene la intención de terminar los permisos a los que se les están enviando documentos, pues estos aún representan ingresos en una época difícil para el regulador.

“Los ingresos de la CRE son principalmente por el otorgamiento de permisos y por pagos de supervisión. Al dejar de otorgar permisos, los pagos de mantenimiento se vuelven cada vez más importantes para la supervivencia de la Comisión”, advirtió.