Los cambios que la administración de López Obrador propuso a la Ley de Hidrocarburos y las reglas de asimetría se encuentran suspendidos indefinidamente. Estas suspensiones no obligan a Pemex a modificar su accionar, sino que obligan a los reguladores, principalmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a modificar la legislatura aplicable para su supervisión. El problema, dicen expertos, es que la CRE ha fallado constantemente en el cumplimiento de sus responsabilidades.
“La CRE ha estado cumpliendo sus obligaciones con lo mínimo indispensable. Los funcionarios de la CRE se siente protegidos o amparados por el Gobierno Federal, pero la propia reforma del Presidente sobre delitos cometidos por servidores públicos podría enfrentarlos a una responsabilidad penal o una responsabilidad patrimonial, que se siguen de manera oficiosa porque el doliente de estos delitos es el servicio público de manera directa”, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
Arroyo dijo que además los abogados de las empresas privadas podrían denunciar delitos, pero que estas denuncias podrían ser dilatadas por la Fiscalía General, por lo que el seguimiento de oficio es la mejor apuesta del sector en caso de una inacción prolongada de la CRE.
Una fuente que prefirió no ser identificada destacó que, antes de la aprobación a los cambios de asimetría, la CRE ya venía aplicando de forma discrecional una regulación que no cumplía con la simetría prometida por la ley vigente. “El problema mayor es que al hacerlo ley abren la puerta para que los privados puedan reclamar injusticias en el marco regulatorio”, explicó.
Una vez que la solicitud de cambios a la regulación asimétrica fue publicada, Pemex dejó de hacer pública la información que la ley le solicitaba, a pesar de que los cambios aún no habían entrado en vigor. Durante este periodo, a pesar de las quejas de empresas privadas, la CRE no emitió posición alguna.
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Es poco probable que la CRE, con su conformación actual, sea un árbitro completamente objetivo, dijo David Maravilla, lead analyst de Horizon Client Access, quien señaló que lo más sorprendente de la política de asimetría es que hayan decidido terminarla de tajo sin dar justificación alguna.
“(La ley) tenía un periodo de vida programado en los diferentes combustibles, y estaba programado que expirara una vez que los privados pudieran competir y que Pemex dejara de tener condiciones de monopolio. Habría que ver si toda la regulación asimétrica que estaba implementada tenía todavía razón de ser o no”, dijo el experto.
El revés que este cambio sufrió en los juzgados no significa que el gobierno no pueda argumentar que el periodo en el que el transitorio estaba activo ya ha finalizado. Este recurso seguramente requeriría supervisión de parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), pero se trata de una herramienta más para que el Ejecutivo cumpla con sus metas de marco regulatorio en materia energética.
David Rosales, cree que este cambio va a ocurrir, sobre todo porque el primer intento del Gobierno Federal de eliminar la regulación asimétrica fue muy pública.
“La postura en la que veo a la CRE y a la Secretaría de Energía es la de ser prácticos. Esta postura necesariamente llevará a esta discusión, y tiene que ser planeado porque puede ser combatida por los privados sobre todo si los argumentos a CONAMER son débiles. Sin embargo, definitivamente es más fácil de defender que lo que se está defendiendo en estos momentos”, explicó.
