El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló erróneamente el pasado 19 de junio durante su conferencia de prensa que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la encargada de otorgar los permisos de perforación de pozos petroleros, luego de insinuar que podría desaparecer para ser absorbido por la Secretaría de Energía, eliminando así la independencia del regulador energético.
Se trata de una declaración más en la larga lista de tensiones entre el Presidente y la institución incómoda para instaurar su nueva política energética.
Al interior, la CRE se divide en dos entidades separadas que trabajan en conjunto, explicó René Narváez, especialista en el mercado eléctrico y exdirectivo del organismo regulador.
La primera de estas entidades es el staff, que se encarga de la operación y los análisis diarios sin una agenda política particular. La segunda entidad contiene al comisionado presidente y a los seis comisionados, y concentra la mayoría del poder de la Comisión.
“Antes de esta administración, se estilaba que cada uno de los comisionados tuviera predilección por ciertos temas sobre todo por su formación técnica. Los comisionados se convertían en los responsables del tema”, señaló Narváez. “La nueva administración ha designado comisionados sin un background técnico o experiencia directa evidente”.
Las tensiones entre la CRE y el presidente comenzaron incluso antes de su toma de posesión, cuando los legisladores de Morena presentaron una iniciativa para que la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se incorporaran a la Secretaría de Energía, posibilidad que el presidente parece decidido a explorar de nuevo.
En enero del año pasado, durante el segundo mes en el poder de López Obrador, la Comisión se enfrentó a la renuncia de tres de sus miembros: Marcelino Madrigal, Neus Peniche (quien pasó a ocupar un puesto en Sener), y Montserrat Ramiro; que se sumaron al final del periodo de Jesús Serrano para señalar un cambio importante en el regulador.
Los elegidos para ocupar los puestos vacantes fueron Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos Aragón, José Alberto Celestinos Isaacs y Guadalupe Escalante Benítez, quienes se unieron a los comisionados Luis Guillermo Pineda Bernal y Guillermo Zúñiga, y al comisionado presidente Guillermo Alcocer para conformar el pleno.
De los cuatro suplentes nombrados, sólo Leticia Campos tiene la energía (eléctrica) como campo principal de estudios, pues Linares es economista, mientras que Celestinos y Escalante son químicos. Campos se distingue además por ser la única de los cuatro comisionados que nunca ha ocupado un puesto al interior de Petróleos Mexicanos, aunque sí coordinó un estudio socioambiental para un proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad.
Esta etapa fue la más oscura de la Comisión, pues todo se congeló mientras la gente nueva encontraba la forma de hacer funcionar la operación interna, reveló Narvaez.
Parte de esta inoperancia se debió a que los nuevos comisionados habrían querido contratar un número mayor de staff al acostumbrado por la CRE, situación que terminó por volverse una realidad en la actualidad, de acuerdo con una fuente que prefirió permanecer anónima.
El cambio habría llevado también a la renuncia de Guillermo Zúñiga el 19 de abril de 2019, sólo 12 días después del nombramiento de los nuevos comisionados. En junio de ese mismo año, Alcocer también haría pública su renuncia, acusando “una visión de Gobierno mayoritariamente distinta a la suya”.
Los sustitutos serían Leopoldo Melchi, que tomó posesión como comisionado presidente en octubre, y Hermilo Cejas, nombrado comisionado en marzo de este año.
Cejas es ingeniero electricista y ha ocupado puestos al interior de CFE, mientras que Melchi es químico y trabajó en Pemex durante 11 años.
La entrada de comisionados afines con la administración ha llevado no sólo a la pérdida de independencia del órgano regulador, sino a una politización parcial del staff a consecuencia de las pretensiones políticas de algunos comisionados, así como la tendencia política del staff que trajeron consigo.
Ahora, con una Comisión debilitada y con un futuro cada vez menos prometedor, el funcionamiento al interior parece estar viviendo sus últimos momentos de lo que conocían como normalidad.
“Al margen de lo que políticamente pueda ocurrir, el staff sigue intentando realizar su trabajo porque siguen estando obligados a cumplir con los criterios que los norman como servidores públicos”, dijo Narváez. “(Entre los comisionados) parece que había un tema de tomar la oportunidad sin importar las responsabilidades, con tal de servir a la administración”.
