Las licitaciones y procesos de contratación pública en América Latina deben implementar más candados para controlar al sector privado y abrir más información relevante a la ciudadanía para evitar casos de corrupción, considera el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Para lograr un menor índice de contrataciones públicas indebidas, las naciones deben tomen acciones en la implementación de reglas, gobernanza y transparencia, urgió el organismo en su Reporte de Economía y Desarrollo 2018, titulado Integridad en las políticas públicas: Claves para prevenir la corrupción.
“La irregularidad en el uso de los recursos públicos va más allá de los fondos (que no van al erario): afecta los incentivos para innovar, la asignación de recursos a sectores que pueden crecer y a la productividad, pero más que eso, el Estado pierde legitimidad y la democracia puede verse debilitada”, considera Pablo Sanguinetti, vicepresidente de conocimiento de CAF.
Por ello, es necesario de mejorar los protocolos y criterios para licitar bienes o servicios, así como fortalecer a las instancias de auditoría y fiscalización, señala el reporte del CAF.
Sin embargo, no se deben imponer reglas tan específicas que afecten la competitividad o inhiban la innovación en los sectores clave, advierte Sanguinetti.
El segundo eje de acción señalado por el CAF es la mejora de mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, para cerrar el espacio a funcionarios que llegan a un cargo público sin el conocimiento o las herramientas para ejercerlo.
Respecto a la gobernanza de la interacción público-privada, el banco considera que fortalecer la institucionalidad y regular las actividades de cabildeo, así como establecer y dar publicidad máxima a los conflictos de interés de ciertos grupos, será beneficioso para la región.
En cuanto a transparencia y control ciudadano, Sanguinetti considera que deben existir más mecanismos que sean cada vez más sencillos, para que la población en general tenga acceso a los contratos, bases de licitación y documentos que acrediten la legitimidad de una licitación.
La integridad en las políticas públicas nos interesa que se maximice el beneficio a las personas
, dijo el directivo.
Corrupción, un obstáculo a la democracia
Diez de cada 100 ejecutivos y propietarios de empresas en la región latinoamericana reportaron haber pagado sobornos para ganar contratos, de acuerdo con las cifras del CAF.
Sin embargo, la cifra no contempla las licitaciones o contratos públicos entregados a empresas a cambio de “favores futuros”, como la contratación del pariente de algún funcionario en una firma, un cargo gubernamental superior o financiamiento para campañas políticas venideras, dice Sanguinetti.
Estas formas de operación pueden ejemplificarse con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que en 2012 financió la campaña Enrique Peña Nieto a la presidencia de México. El apoyo de la empresa no vio una retribución inmediata, sino que se intercambió por contratos y proyectos durante el gobierno del priísta.
Uno de los principales problemas derivados de los actos de corrupción en las licitaciones es la pérdida de credibilidad de las instituciones entre la ciudadanía. Esto pone en riesgo el quehacer democrático, considera Sanguinetti.
Actualmente, 51% de la población encuestada por el CAF en distintos países de América Latina consideran que la corrupción es el principal problema de sus gobiernos.
