La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) están en riesgo de perder facultades en competencia económica si se le da ‘luz verde’ a una iniciativa en materia de prácticas monopólicas, concentración, acaparamiento y manipulación del mercado de artículos de consumo necesario gestada en la Cámara de Diputados.
En octubre del año pasado, el diputado morenista Marco Rosendo Medina Filigrana planteó reformar y derogar diversas disposiciones tanto del Código Penal Federal como de las leyes en materia de Competencia Económica y en Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La iniciativa planteada “tiene por objeto garantizar el acceso de las personas consumidoras a la justicia en materia de prácticas monopólicas y de concentración económica para cumplir con el mandato constitucional de salvaguardar la economía pública, el consumo y la riqueza nacional”.
Sin embargo para Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC), esta propuesta afecta la autoridad de ambos reguladores al sugerir que sea la Fiscalía General de la República (FGR) y no la Cofece o el IFT, quien inicie un procedimiento, sin contar con los antecedentes en materia de competencia.
Te puede interesar: Política industrial y competencia económica, los retos de Buenrostro más allá del T-MEC
Cofece e IFT, un riesgo si tiene ‘menos dientes’
La iniciativa propone la modificación del artículo 254 Bis del Código Penal Federal, el cual establece que la Cofece o el IFT tienen la facultad exclusiva de perseguir prácticas monopólicas como el acaparamiento de productos o encarecimiento de precios a través de la figura de querella.
Sin embargo, la propuesta del legislador morenista apunta que, ante este escenario, las personas afectadas por este tipo de conductas (los consumidores) no pueden interponer querella ante el Ministerio Público, lo que hace nugatorios sus derechos.
Al respecto Flores Bernés precisa que, para perseguir prácticas monopólicas, se cuenta con un programa de inmunidad, el cual resulta de suma importancia para quienes participan en la comisión de dichas prácticas, al optar por contribuir en la investigación que recae en su contra a fin de contar con una reducción en la sanción que se le aplique.
El programa de inmunidad es el principal instrumento que tiene la Cofece para perseguir estas prácticas, y parte del éxito radica en que los empresarios que llegaron a participar estas actividades que afectan a consumidores tienen miedo de que se les inicie una carpeta de investigación
puntualizó el también excomisionado de la Cofece
Además, señaló que la propuesta de Medina Filigrana “borra un párrafo importantísimo” del artículo 254 bis señala que no procederá el delito por este tipo de prácticas monopólicas absolutas si alguien está en el programa de inmunidad.
FGR, no es autoridad confiable
Para el especialista en competencia económica, la FGR “no es una autoridad confiable” dado que no tiene la capacidad para percibir este tipo de delitos, y tampoco ha querido desarrollarla.
No obstante, agregó, además de eso se genera una problemática adicional: eliminar la figura de querella podría provocar un uso político al dar la apertura a la Fiscalía de iniciar carpetas de investigación en contra de cualquier empresario en el país, un escenario que genera mucha preocupación en el sector empresarial.
“No hay suficiente confianza respecto a la fiscalía, no ha generado la confianza en la gente de que su actuar es conforme a derecho y, por el contrario, una reforma en materia de competencia pudiera llegar a ser utilizada como un mecanismo de presión política contra las empresas”, aseveró.
