Chiapas y Oaxaca: los estados a los que llegará primero el 'internet social'
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Chiapas y Oaxaca: los estados a los que llegará primero el ‘internet social’

El Programa de Cobertura Social para telecomunicaciones que presentó este martes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) busca conectar al 10% de la población en México que actualmente no cuenta con acceso a internet y empezará por los estados más pobres del país.

Se trata del proyecto con el que el gobierno federal promete cumplir con la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso total a las tecnologías de la información y comunicación, los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, banda ancha e Internet.

El proyecto se enfocará en atender a 6.9 millones de habitantes de comunidades prioritarias de difícil acceso a través del despliegue de infraestructura que requerirá inversiones de “miles de millones de dólares”, indica el programa.

La mayor parte de esa población se encuentra en estados marginales, muestran datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Tan solo en cinco entidades se encuentra el 67.8% de personas que el gobierno federal considera “prioritarias”, según el anexo 1 del proyecto. Esas entidades son: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

En ese grupo de estados -que incluye a cuatro de los cinco más pobres del país, según el Coneval- se encuentra el 40.7% de las personas que no cuentan con acceso a internet a través de conexión 3G, 4G, ni fija en México.

Según el análisis que se publica en el proyecto, en todo el país hay 11.5 millones de personas sin ningún tipo de conexión a internet; 12.2 millones no cuentan con conexión a internet móvil; y 30.6 millones no cuentan con acceso a internet fijo.

Esto se explica debido a la “gran inversión” y la baja rentabilidad que implica llevar los servicios a las zonas con baja densidad poblacional para los operadores privados, según el documento.

La combinación de factores como localidad pequeña, de difícil acceso y con bajo nivel de ingreso hace que exista un importante porcentaje de mexicanos que no ha sido cubierto por los operadores

, explica el proyecto.

Los servicios de banda ancha fija pueden ser brindados a través de cables de cobre o de fibra óptica, entre otras tecnologías, cuyo costo de ampliación es muy elevado debido a que implica el tendido de grandes cantidades de material a través de la “complicada orografía de país”.

La SCT tiene identificados aproximadamente 5,400 localidades de alta o muy alta marginación, mayores o iguales a 500 habitantes, de las cuales, además, en el 96.2% se registró presencia de población indígena.

 

CFE, el encargado de la obra

El Programa de Cobertura Social es la hoja de ruta que seguirá el programa de Internet para Todos, propuesto por Andrés Manuel López Obrador y que se espera que cuente con 468 millones de pesos el próximo año, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La empresa encargada de ejecutar las principales acciones del programa es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya función será proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será el encargado de regular la participación de los concesionarios interesados en el proyecto, así como de establecer las condiciones de cobertura geográfica, poblacional o social y de conectividad en sitios públicos a las que estarán obligados los operadores participantes.

Entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2019 la SCT enviará el Plan de Cobertura Social a las dependencias del gobierno federal, a los gobiernos estatales, asociaciones de municipios, a los concesionarios y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El 28 de agosto el pleno del IFT le otorgó una concesión única a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para proveer acceso a internet ‘social’ a la población que no tiene acceso, en sitios como escuelas, centros de salud, centros comunitarios y áreas públicas de uso común a cargo del Estado mexicano.

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