El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, los acuerdos necesarios para impulsar reformas al marco jurídico vinculado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, esa no es la única petición, pues en la carta dirigida al senador Ricardo Monreal, el presidente del CCE, Carlos Salazar, amplío la solicitud a otras reformas que afectan la eficiencia económica que están en la agenda legislativa.

El CCE argumenta que los cambios son necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano con Estados Unidos y Canadá antes de la entrada en vigor del tratado comercial, explicó en un comunicado.

A fin de atender la contingencia de salud del COVID-19, el sector empresarial detuvo prácticamente todas las actividades en el país, un reto económico autoinflingido que para los empresarios “se ha tornado en una crisis de dimensiones inimaginables”.

Por esto, la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre jurídica y reglas claras que apoyarán el crecimiento del país

 dijo Carlos Salazar, presidente del CCE en un comunicado.

Lo anterior llevó al CCE a plantear la conveniencia de llevar a cabo una serie de reformas, las cuales se requieren para cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano con estos dos países.

Por ello, solicitó a la Jucopo que construya los acuerdos necesarios para impulsar la discusión y aprobación en el Senado de las siguientes reformas:

  1. Nueva Ley de Propiedad Industrial
  2. Reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor
  3. Reforma al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas
  4. Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Aduanera
  5. Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
  6. Ley de Infraestructura de la Calidad

En el comunicado, el CCE señaló que se trata de ordenamientos de gran relevancia para la actividad productiva.

Por tal motivo, considera indispensable que en este proceso de análisis, aún cuando los plazos de la discusión sean reducidos, se tomen en cuenta los puntos de vista y las propuestas del sector privado.

En particular, en el caso de la Ley de Infraestructura de la Calidad, donde reconocen la apertura de las comisiones dictaminadoras del Senado para remitir opiniones en el marco del Parlamento Abierto.

Reiteramos la disposición de CCE para profundizar en los argumentos presentados, de manera que pueda construirse una legislación equilibrada, que fortalezca la certidumbre jurídica y favorezca el desempeño exitoso de la economía mexicana

agregó la cúpula empresarial.