El Pleno del Senado de la República discutirá este miércoles la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, tras aprobarse el dictamen en comisiones el viernes pasado, sin embargo, hay omisiones que podrían representar un instrumento de recaudación fiscal para el gobierno federal.
El Movimiento 4/2020, integrado por organizaciones sin fines de lucro y empresas mexicanas interesadas en la reglamentación del cannabis, sostiene que de aprobarse sin modificaciones se excluirán partes fundamentales de esta industria en potencia, como las licencias de importación o exportación.
“Este proyecto deja a los productores mexicanos sin la posibilidad de exportar o importar su producción de cannabis psicoactivo, obstaculizando de sobremanera el desarrollo de una industria agrícola del cannabis, impidiendo el aprovechamiento de nuestra situación geográfica y las bondades climáticas de nuestro país para alzarse con una posición privilegiada en el mercado”, sostiene la organización.
José Trinidad Murillo, encargado de Asuntos Públicos de Canncura, aseguró a EL CEO que al impedir la importación del cannabis, el gobierno federal retrasa la importación como un instrumento de recaudación fiscal.
La Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (Anicann) calcula que el mercado potencial de cannabis en México supera los 5,000 millones de dólares (mdd).
“Calculamos que este mercado puede valer 1.5 mil millones en un inicio y se puede potenciar de tres a cinco años”, dijo Jorge Puflea, director general de SBU Group, operadora del fondo de inversión Cannabis Investor Club, que levanta capital para proyectos vinculados a este producto.
El valor del mercado internacional del cannabis ronda los 340,000 millones de dólares, según información de New Frontier Data al 2019.
“Lo que el gobierno puede recaudar, ahora que está preocupado en generar recursos, sólo con abastecer el 1% de la demanda internacional sería un gran impulso en la recaudación de impuestos”, dijo Hugo Álvarez, socio fundador de Canncura.
Para los fundadores de Canncura, esta omisión comercial en la regulación del cannabis en México impide al productor gozar, aprovechar o potenciar las ganancias de su trabajo.
Sostienen que el objetivo es crear experiencias que generen una nueva cultura de consumo educado y responsable de cannabis y sus derivados, a través de dispensarios y centros de consumo con asesoría especializada y seguimiento digital por medio de su app,
“A diferencia de otro producto de agro, no limitan la exportación de fresas, ¿por qué sí limitar estos productos si lo que se busca es darles un marco legal para operar?
Aseguran que estos límites le quitan la oportunidad a productores de incrementar sus ingresos, que incluso podrían valuarse en dólares.
México, el cannabis y el T-MEC
El 4 de julio, tres días después de la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), fundado por el empresario Erick Ponce, solicitó al al gobierno aprovechar la posibilidad que brinda el acuerdo comercial para incursionar en el mercado del cannabis.
A diferencia de México, sus socios comerciales (Estados Unidos y Canadá) han despenalizado el uso, consumo, posesión, distribución y comercialización de este activo en distintas regiones. En Estados Unidos, ya es legal el uso medicinal del cannabis en por lo menos 30 estados, mientras que en octubre pasado, Canadá se convirtió en la primera nación del G7 en legalizar la marihuana recreativa.
Para el año 2022, se espera que la industria del cannabis genere 5,400 millones de dólares para los mercados recreativo y médico en Norteamérica y México podría ser un líder del mercado.
Otras omisiones del dictamen
Para Movimiento 4/2020, con la aprobación de este proyecto de ley, México podría incorporarse a una industria y a un mercado internacional que hoy demanda productos de calidad a precios competitivos.
“Un gran ejemplo de ello, son las exportaciones de flor de cannabis con alto porcentaje de THC que realiza Uruguay con destino a Europa y que hoy ya suman más de 2.5 toneladas, o el papel de China como el principal productor de cáñamo industrial en el mundo”.
Sin embargo, además del comercio exterior del cannabis, este movimiento señala otras omisiones:
- Limita el cultivo al aire libre de cannabis psicoactivo a una hectárea por
licencia. Esto no sólo obstaculiza la inserción de nuestros productores en un
mercado internacional altamente competitivo, si no que también cohíbe la inversión y
la creación de empleo.
Los fundadores de Canncura recomiendan expandir las hectáreas de producción hasta 20 por cada licencia, en consideración de las posibilidades geográficas del territorio par su siembra y la generación adicional de empleos que esto representaría.
- Reprime inexplicablemente la producción y comercialización de productos
comestibles y bebibles elaborados con cannabis no psicoactivo, estableciendo una
limitante contraria a lo previsto por la LGS. - No establece la despenalización de la planta a pesar de que se cuenta con la
jurisprudencia creada en octubre de 2018. - No distingue de manera suficiente al cáñamo industrial de la cannabis
psicoactivo, limitando el potencial agrícola de nuestro país con la planta y
mermando la oportunidad económica que países como Estados Unidos, China o
Ecuador ya identificaron mediante leyes que permiten su cultivo, transformación y
comercio.
Los antecedes de la regulación en México
En noviembre de 2015, la Suprema Corte falló por primera vez a favor de permitir todas las actividades relacionadas con el uso lúdico de marihuana para mayores de edad, salvo su comercialización.
Hasta finales de 2018, había emitido cinco sentencias similares sentando jurisprudencia. Sin embargo, la portación se limitó a cinco gramos por persona, algo no siempre fácil de constatar durante inspecciones de rutina.
Intentos para aumentar la dosis mínima han fracasado en el Congreso, al que la justicia dio plazo hasta el próximo 15 de diciembre para legislar sobre la materia.
El desmonte gradual de sanciones también se vio en 2017, cuando la planta fue excluida de la lista de “estupefacientes absolutamente prohibidos”, con lo que quedaron autorizados usos terapéuticos gracias a un proyecto presentado por el expresidente Enrique Peña Nieto.
