26 de febrero 2019 | 5:00 am

Una iniciativa de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, evidenció las facultades perversas que aún conservan gobernadores en materia notarial.

En diciembre del año pasado, semanas antes de dejar su cargo como gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello otorgó 33 notarias a igual número de funcionarios de su gobierno y cercanos políticos.

Entre estos, el caso más destacado fue la designación al frente de la notaria 212 en Tuxtla Gutiérrez de Mario Carlos Culebro Velasco, dos días después de que dejara su cargo como secretario de Gobierno.

Cinco meses antes, Velasco Coello también le había entregado al hijo de su excolaborador, Alan Culebro Mandujo, la notaria 171 en San Cristóbal de las Casas.

Este y otros casos escalaron hasta la ‘cuarta transformación’ que enarbola la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En noviembre de 2018, la entonces senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa de ley en la Cámara Alta para reformar la fracción 29-BIS del artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la competencia para emitir una ley general sobre la función notarial.

La iniciativa busca principalmente elevar a rango constitucional el examen público de oposición como la única vía para ejercer la función notarial, pues diversas leyes locales en la materia prevén facultades “discrecionales” del titular del Ejecutivo local para designar notarios.

“En últimas fechas, han sido cada vez más los casos de designaciones de notarios seriamente cuestionables y que incluso han dado lugar a la interposición de diversos recursos por lo ilegal de los procedimientos. Como ejemplo de lo anterior, baste señalar lo acontecido recientemente en Veracruz, Nuevo León, Estado de México y Coahuila, por mencionar solo algunos, se lee en la iniciativa.

La designación a criterio del gobernador no es el único cuestionamiento jurídico que actualmente está presente en las leyes locales y se busca erradicar desde el Legislativo federal.

En conferencia de prensa del 19 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración insistirá en legislar para erradicar estas prácticas ‘vergonzosas’.

El examen

En noviembre del año pasado, a ocho días de abandonar el cargo el gobernador Rubén Moreira designó a 81 personajes al frente del mismo número de notarias, dentro los que destacaron Juan Pablo Alvarado Cepeda, su coordinador Jurídico en la Secretaría de Finanzas; Jorge Alberto Bermea Gonzáles, delegado de la Defensoría Pública en la región Carbonífera; Laura Marcela Cano Torralva, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y hermana de la diputada Georgina Cano.

En 2017, el “Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender” de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) reveló que a excepción de Aguascalientes y Chihuahua, en 30 estados las leyes locales permiten a gobernadores crear a criterio personal notarias, determinar su número y hasta decidir su ubicación.

Esta no es una práctica que desconoce y niegue el Colegio Nacional de Notarios, organismo que agrupa a 3,500 de los más de 4,000 notarias que existen a nivel nacional.

“Hay personas que no ejercieron debidamente la función notarial”, explica Guillermo Escamilla, actual secretario del Colegio y vocero del mismo. También reconoce que existen designaciones en las cuales “no se cumplió con la totalidad de los requisitos que establecía la ley”.

Eso es algo que no podemos ocultar y tampoco nos interesa ocultarlo  dijo al CEO.

Sin embargo, Escamilla Narvaez refiere que casos como el de Chiapas son ‘excepciones’ y en oposición propone diferenciar “los casos en los que sí se incumplió con la ley”.

Explica que cuando los gobernadores designan notarios están utilizando la facultad que les ha sido atribuida por la ley.

“Si la ejercen no están incumpliendo en materia legal” en ese sentido. Sin embargo, la ilegalidad está cuando la patente se otorga a una persona que no reúne los requisitos correspondientes que señala la legislación, por ejemplo, la edad requerida.

Por su parte, el exdirector del Colegio (2017-2018), José Antonio Manzanero Escutia, detalla que esta facultad ha derivado en que gobernadores nombren a gente de su confianza, gente que les hizo favores o gente cercana a quien quiera favorecer.

Se ha llevado al extremo

De acuerdo con el también titular de la notaria 138 de la Ciudad de México, las entidades en que más casos se ha desatado son el Estado de México, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Quintana Roo.

Dentro de la propuesta que presentó Olga Sánchez Cordero en noviembre pasado, cuando aún era senadora, se argumenta la necesidad de unificar los procedimientos y métodos a nivel nacional para el acceso a la función notarial, teniendo como criterio principal para la selección la preparación, experiencia y honorabilidad de los sustentantes.

Por ello pide establecer como medio único de ingreso el examen público de oposición.

El exacadémico de la UNAM y titular de la Notaria 23 en la Ciudad de México, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, explicó que desde 1946 la ley de notariado que rige la capital del país ha establecido esta vía de ingreso.

La prueba es doble, pues un primer filtro es el examen de aspirantes a notarios que permite acceder al examen de oposición únicamente aquellos que hayan demostrado la suficiencia de conocimientos teóricos y prácticas.

El examen de oposición es importantísimo porque es el proceso más democrático y equilibrado en contra de la designación política, por amistad o parentesco. El examen refleja los conocimientos teóricos-prácticos de los aspirantes a notarios. Además como es más difícil ingresar por esta vía, cuesta más trabajo que un notario se arriesgue a perder su notaria por hacer negocio chueco

Escamilla Narvaez, quien a nombre del Colegio Nacional de Notarios, también da respaldo a la iniciativa, destaca que de aprobarse la propuesta de Sánchez Cordero el principal logro será la eliminación de la facultad que conservan los gobernadores para hacer designaciones.

“La mayoría de las legislaciones prevén la opción de ejercer el notariado solamente accediendo por examen de oposición, pero también  la mayoría de las entidades consideran que en adición a esa forma de acceso el gobernador puede hacer una dispensa del trámite y hacer la designación cumpliendo ciertos requisitos, es decir, lo que va a venir a hacer esta ley es quitar la facultad que tiene los gobernadores de hacer la designación sin que sea por el examen de oposición”.

Finalmente, a nombre del Colegio Nacional de Notarios pidió al Congreso de la Unión discutir la iniciativa “lo más pronto posible” ante los posibles nombramientos ‘exprés’ que la iniciativa podría causar.

Nos interesa mucho que haya claridad, que esto se comience a dialogar. Si en algún estado, un gobernador sale y empieza a obsequiar notarias, estaría en el marco de la ley, y nadie va a poder decir que los nombramientos son ilegales y justamente porque la reforma constitucional no ha transitado. Si se aprueba, los gobernadores no van a poder continuar haciendo esos nombramientos porque una norma superior así lo va a señalar, por eso es importante que esto empiece a discutirse”.

Otras lagunas

En la iniciativa de reforma de Sánchez Cordero también se busca suplir otras lagunas que actualmente existen en las leyes locales sobre la función notarial.

Por ejemplo, homologar los criterios para establecer un número de notarías.

El año pasado, cuando se dio a conocer la designación de Rubén Moreira de 81 fiats notariales a sus cercanos, el ahora exgobernador del estado justificó su elección en pro de que aumentar el número de notarios a su vez reduciría los costos de las escrituras.

“Suiza tiene 33 notarios públicos por cada 100 mil habitantes y que en Coahuila se tiene 10 por cada 100 mil habitantes. Más notarios más certificaciones y más legalidad”, dijo a la prensa luego de darse  a conocer el caso.

El notario Manzanero Escutia destaca que actualmente no existe un parámetro general respecto al número de notarios por entidad.  Dijo que a veces se designan en función del número de habitantes, pero que a su juicio tampoco debe ser un criterio, sino que éstos deben ser según la población económicamente activa, a la que genera actividad de negocio. “Es dependiendo de lo que requiera la entidad”.

Otro punto de la propuesta de Sánchez Cordero se refiere a regular los elementos notariales como el sello de autorizar, el protocolo y su reproducción y certificación para incrementar los niveles de seguridad de los documentos derivados de la función notarial y que hoy son inexistentes.

Asimismo, otro elemento que busca la ley general es terminar con las figuras de notarios adscritos, interinos, provisionales, suplentes, supernumerarios y cualquier otra denominación que las leyes locales, para únicamente dejar a los notarios titulares.

Este es el único punto donde los entrevistados por el CEO piden un ‘matiz’, pues esperan que se respete la antigüedad de los notarios que han ejercido aún sin ser notarios titulares.

“Se debe matizar en la propuesta final, un pleno reconocimiento a que la ley no va a ser retroactiva Hay notarios adscritos o profesionales que llevan siendo por más de 15 años porque así lo decía su ley. Estos tienen que ejercer con las mismas responsabilidades que un notario titular, si es de esa manera hay que reconocerles que lo venían ejerciendo y que lo ejercían de manera destacada. No  podemos dejar de pensar en ellos con esta reforma”, pidió el Colegio Nacional de Notarios.

Por su parte el también investigador de la Universidad Nacional, Bernardo Pérez Fernández, propone que ley general se interprete como “código de conducta notarial”, más desde el tipo de vista moral que del jurídico, porque en el segundo caso existe el peligro de que se pueda pensar que es una invasión al federalismo. Como manifestación ética sería estupendo porque todas las propuesta son muy favorables al notariado.