La austeridad republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a un paso de la renuncia a varios integrantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reportó Bloomberg este miércoles.
Desde el inicio de su campaña, el mandatario anunció que se bajaría el sueldo, por lo que nadie puede tener ingresos superiores a los suyos.
Desde el año pasado aproximadamente una quinta parte de empleados del regulador ha renunciado, de acuerdo con personas con conocimiento del tema.
“Sería devastador para el regulador. Las mejores personas se irían en lugar de quedarse”, dijo el exfuncionario de la CNBV, Mauricio Basila.
Iván Alemán, otro exfuncionario del órgano desconcentrado de Hacienda y quien trabajó en la prevención de lavado de dinero, dijo que una supervisión más débil en este tema sembraría más riesgos en todo el sistema financiero.
“Una vez que las entidades financieras vean que la auditoría por inspección se ha relajado, aflojarán sus propios controles”, dijo.
El riesgo de renuncias se reavivó, pues está previsto que este mes se discuta en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Austeridad Republicana aprobada en el Senado y que, entre otras cosas, establece que funcionarios deberán esperar 10 años entre su salida del sector público y su ingreso al privado.
La práctica de ir del sector público al privado en un corto tiempo se le conoce como “puerta giratoria”, y de aprobarse el candado en México sería una de las medidas más duras a nivel mundial en el ámbito laboral, de acuerdo con Bloomberg.
“La puerta giratoria es uno de los esquemas de tráfico de influencias más perniciosos que afecta a los gobiernos en todas partes”, dijo el experto legislativo del grupo de defensa Public Citizen con sede en Washington, Craig Holman.
Pero para la exsubdirectora de prevención de lavado de dinero de la CNBV, Nalleli Arias, es un exceso.
“Diez años es demasiado duro. He escuchado de algunos excolegas que todavía trabajan allí que están esperando la oportunidad correcta de saltar del bote”, dijo.
Si bien eliminar la corrupción es clave, establecer controles efectivos sería más efectivo que imponer prohibiciones generales, refirió el experto en integridad pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Jacobo García.
“Las fuentes de posibles conflictos de intereses deben estar bien reguladas. Pero es importante que haya un equilibrio entre restricciones razonables y las posibilidades laborales de los servidores públicos”, indicó García.
La salida de funcionarios podría debilitar aún más una institución que supervisa todo, desde los índices de liquidez bancaria hasta las ofertas públicas iniciales, según Bloomberg.
Además podría erosionar la capacidad de la CNBV para garantizar la estabilidad del sistema bancario, así como prevenir fraudes, ataques cibernéticos y esquemas de lavado de dinero, incluso se podría retrasar la innovación tecnológica, según las personas entrevistadas por el medio especializado.
