A más tardar el 30 de abril de 2019 los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno deberán presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses con un nuevo formato público que permitirá identificar posibles actos de corrupción con mayor celeridad.
La medida llega dos años después de que se aprobara la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se asentó la obligación de que los servidores públicos dieran a conocer su información patrimonial. En esa ocasión, quedó pendiente que el Comité Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobara los documentos estandarizados.
La aprobación de los formatos es considerada “un paso muy importante para el combate a la corrupción” para Ingrid Chávez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una de las principales organizaciones promotoras de la transparencia patrimonial de los servidores públicos.
¿Qué implica el nuevo formato?
El nuevo formato para la declaración #3de3 se aplicará a los representantes de elección popular, funcionarios, empleados de base y a toda persona que se desempeñe en un cargo en la Administración Pública o en el Poder Legislativo. En el documento, deberá detallar sus ganancias y sus deudas.
Para ello, se segmentará en tres grupos de acuerdo al nivel de responsabilidad. Los funcionarios de alto y medio rango deberán presentar dos formatos, uno simplificado y otro más detallado, mientras que los de menor nivel de responsabilidad llenarán únicamente el formato simple.
El documento contendrá información “que permite conocer la evolución patrimonial y de intereses de quienes trabajan en el servicio público”, dijo Chávez.
La especialista explicó que, a pesar de que todas las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas y accesibles a través de una plataforma, se protegerán los datos sensibles de los funcionarios, como su Registro Federal de Contribuyente (RFC) o su Clave Única de Registro de Población (CURP).
“Los formatos no abatirán del todo el problema de la corrupción en el país, pero es un buen primer paso”, reconoció la especialista.
La ruta de la #3de3
La estandarización de los formatos de las declaraciones es el avance más reciente en la lucha de las organizaciones de la sociedad civil por una rendición de cuentas transparente en el servicio público.
En 2015, senadores y diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron el portal Legislador Transparente, una iniciativa lanzada por las organizaciones Transparencia Mexicana e IMCO. Más tarde ese año, se lanzaron Candidato Transparente y la iniciativa #3de3, con la que se buscaba que los candidatos a ocupar cargos legislativos en las elecciones intermedias dieran a conocer su información a los ciudadanos.
La iniciativa recaudó 600,000 firmas ciudadanas, más de cuatro veces la cantidad que necesitaban para llevar su caso al Poder Legislativo. Finalmente, en 2016 la ley fue aprobada.
En el documento, se detalló que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) estaría encargado de determinar los formatos. Estos, finalmente, fueron aprobados en septiembre y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre.
Los pendientes
Aunque las declaraciones patrimoniales deben presentarse durante el primer cuatrimestre del año, todavía no es claro cómo funcionará la Plataforma Digital Nacional (PND), la herramienta del SNA donde se publicará la información patrimonial de los servidores públicos.
“De aquí a que los servidores públicos presenten sus declaraciones, tenemos tiempo para saber cómo funcionará la plataforma y se visualizará la información”, dijo Chávez.
La PND “será una herramienta de integración, consulta e interconexión de datos y atenderá la necesidad de integrar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios”, dijo la Secretaría de la Función Pública durante la presentación de su modelo en enero.
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