Los dos amparos concedidos para consumo personal y uso lúdico de la cocaína pueden convertirse en pieza clave para reabrir el debate sobre la política de seguridad en México y conseguir que el gobierno oriente sus recursos en perseguir al crimen organizado, en lugar de castigar a los consumidores, espera la organización civil, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que interpuso los recursos judiciales.
“Creemos que a partir de la reformulación de la política de drogas, de la política de seguridad en general, podemos hacer un cambio en el país”, comenta a EL CEO Víctor Gutiérrez, coordinador de proyectos de la dirección de Política de Drogas en MUCD.
En este sentido, el fallo judicial representa un primer paso para revivir el debate sobre el uso de drogas y el cese de la criminalización a consumidores para que el problema sea atendido como una cuestión de salud y las autoridades redirijan sus esfuerzos a otro tipo de delitos.
La salud es un tema personal, es un tema privado de libre determinación de las personas. El Estado no debería meterse con eso
Víctor Gutiérrez.
La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en México, solo después de la marihuana. Se estima que 3.5% de la población mexicana la ha utilizado al menos una vez en la vida, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.
En 2002, esta cifra era de 1.2% de la población, según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
Conadic considera que “el consumo de cocaína no supone un riesgo importante para la salud, salvo en el caso de que se utilice de forma crónica y excesiva”.
Uso lúdico gana el ‘primer round’, pero falta otro
Pese a que el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, emitió los fallos judiciales este martes en favor de dos personas para el uso personal y lúdico de la cocaína, esta sentencia no está firme.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pidió que al menos una de las sentencias fuera revisada. Por este motivo, el caso se revisará en un Tribunal Colegiado que deberá ratificar la sentencia, pronunciarse en contra o pasarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cofepris rechazó hacer comentarios sobre el tema, pues es un procedimiento abierto actualmente.
Toda sentencia de un juez puede ser revisada una sola vez. En este caso, eso supone que si la SCJN o el Tribunal Colegiado desechan la resolución de Luna, el litigio acabaría. En cambio, si es ratificada, sentaría un precedente único en el mundo.
Este caso es muy especial porque desde la primera instancia, al juez le quedó clarísimo el tema de no criminalizar a los usuarios, y menos por cantidades tan pequeñas
Víctor Gutiérrez.
Luna Escobedo emitió el amparo al uso personal y lúdico de la cocaína, al considerar que su prohibición viola el “libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La autorización está limitada a 500 miligramos diarios de esta droga sintética, conocida científicamente como éster metílico de benzoilecgonina. Esta cantidad es la contemplada en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato establecida en el artículo 479° de la Ley General de Salud desde 2009.
Cabe destacar que esta resolución no es una legalización, ya que solo aplicaría a los dos solicitantes que interpusieron el recurso legal.
La ley establece como narcomenudeo la posesión de cantidades superiores hasta múltiplos de 1,000 de las cantidades establecidas en la tabla -en el caso de la cocaína, hasta medio kilogramo-. Las penas por este delito van de 10 meses a tres años de prisión.
En el país, 13 de cada 100 personas recluidas con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de posesión ilegal de drogas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016.
Además, 48.6% de las sentencias por delitos contra la salud se han dado en la modalidad de posesión, revelan datos de la Oficina Nacional de Política de Drogas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como con la cannabis, pero diferente
MUCD no es nuevo en el tema de la política de drogas. Desde 2011, con la creación de esa dirección, la organización civil enfocada en seguridad y justicia ha buscado abrir espacios para que las autoridades dejen de criminalizar a sus consumidores.
En 2013, la asociación interpuso la primera demanda de amparo para uso personal y lúdico de la marihuana, por parte de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), que fue aprobada en 2015.
En octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor los amparos 548/2018 y 547/2018, los casos número cuatro y cinco en la materia, con lo que se sentó jurisprudencia y se declaró inconstitucional la prohibición de realizar actividades relacionadas con el uso personal o consumo de cannabis en México, incluyendo la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación.
La organización también acompañó el caso de Carlos, un paciente menor de edad cuyo caso se resolvió en el máximo órgano judicial la semana pasada y gracias al que se armonizarán las leyes en materia de cannabis medicinal en 180 días.
Aquí puedes leer cómo logró que la justicia reconociera su derecho a la cannabis medicinal
Ahora, aunque en algunos puntos de la argumentación judicial en el amparo sobre el uso lúdico de la cocaína tiene puntos en común con la justificación que se ofreció en el caso de la cannabis, el momento social parece sonreír a MUCD.
“Todos los juicios de cannabis que integran la jurisprudencia se perdieron en el primer fallo. Eso habla muy bonito de cómo los jueces ya están entendiendo el tema de política de drogas, cómo creen que puede repercutir en nuestra política de seguridad pública desde un enfoque garantista y de protección a derechos humanos”, comenta Gutiérrez.
Sin embargo, contrario a lo que sucedió con la campaña ‘Cannabis con permiso’, en la que facilitan a los interesados un machote de amparo para uso personal y lúdico de marihuana, en el caso de la cocaína no se buscará la masificación.
Lo que queremos es que se inicie el debate, es que se retomen las ideas que llevó México a la ONU sobre la modificación de los umbrales de posesión
Sobre este tema, el especialista considera que el viraje en la política de gobierno hacia una estrategia que se enfoca en salud pública sienta un buen precedente para mantener un debate sobre el tema.
El punto cinco del Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024 plantea que “la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabiliación. La ‘guerra contra las drogas’ ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibicas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública”.
Por ello, Gutiérrez confía en que el amparo siente un precedente y México sea el primer país del mundo en llevar a la mesa una discusión sobre el tema de uso lúdico de cocaína. Explica que, si bien no existen experiencias similares en ningún otro lugar, actualmente MUCD cuenta con información suficiente para poder abrir el diálogo.
“Si esto permite que disminuya la violencia y se combata al crimen organizado, hay que probar”, finaliza.
