Altor, la firma financiera fundada en 2017 por Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda (SHCP) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha obtenido grandes negocios en el gobierno de la “Cuarta Transformación”, así como en diversas gubernaturas “aliadas” o “enemigas”.
Un voluminoso archivo al que EL CEO tuvo acceso, revela que Altor busca ser para los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, lo que Protego/Evercore fue para las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto: un jugoso negocio al amparo del poder.
El archivo –conformado por más de veinte legajos, integrado a su vez por contratos, informes y fallos judiciales– señala que Altor ha mantenido un millonario negocio en el sexenio actual, con más de tres decenas de contratos adjudicados. Esto, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado irregularidades.
La consolidación de Altor ha sido posible gracias a los nexos de sus socios con el poder. Su fundador, Fernando Aportela Rodríguez, ha sido el operador con las autoridades del sistema financiero; Gustavo Matías Gutiérrez León, el enlace con los funcionarios del gobierno de la 4T, y Marcela Andrade Martínez la encargada de acercarse con los estados endeudados.
Para volar debajo del radar, Altor desarrolló un sofisticado y diversificado mecanismo de denominaciones sociales dedicadas a distintas funciones:
- Diseño financiero-legal, destinado a grandes proyectos de infraestructura. La administración del presidente López Obrador contrató los servicios de Altor para el desarrollo de proyectos prioritarios: el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, el aeropuerto de Tulum, así como la modernización de la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), actualmente administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- Una red de instituciones financieras para “inversiones público-privadas”. En menos de siete años, Altor logró consolidar tres vehículos para capitalizar proyectos de infraestructura “público/privados”: la sociedad financiera de objeto múltiple Adventus Capital; un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) emitido en BIVA (clave: ALTORCK); así como la única casa de bolsa –homónima– autorizada en el presente sexenio.
- Asesoría, acompañamiento y contratación de créditos destinados a estados y municipios. Aunque se conocen pocos detalles de este modelo de negocio, existen contratos que sugieren que Altor ha participado en la reestructura, contratación y financiamiento de deuda pública en ocho entidades de la República: Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Estado de México, Durango y Nuevo León.
- Administración de recursos públicos. Informes públicos revelan que Altor Casa de Bolsa administra por lo menos 1,272 millones de pesos, provenientes de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México, así como fondos “pasivos” propiedad de ASA.
- Adquisiciones de empresas en quiebra. Recientemente, Altor compró los derechos litigiosos del Ingenio Puga, ubicado en el poblado de Francisco I. Madero, municipio de Tepic en el estado de Nayarit. Desde mediados del año 2023, el ingenio –considerado uno de los más productivos a nivel nacional– enfrenta un proceso de concurso mercantil y una huelga que ha detenido la producción azucarera en la región.
En marzo del presente año, EL CEO dio a conocer el entramado político que permitió constituir la única casa de bolsa aprobada en este sexenio: Altor Casa de Bolsa.
En el proceso se relevó una impensable y curiosa “alquimia política”: reunir a una misteriosa familia tabasqueña, cercana al círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un grupo de “tecnócratas” y “neoliberales” –descritos así por el mandatario– vinculados a las administraciones de Calderón a Peña Nieto.
Sin embargo, la casa de bolsa es solamente una parte de la hidra de las sociedades que construyó Aportela.
¿Cuáles son los negocios de Altor y cómo operan?
Altor y la relación Protego/Evercore
Fernando Aportela Rodríguez fundó la “consultora” Altor Finanzas e Infraestructura S.C. –el origen de una extensa red de sociedades– dedicada, a “ayudar a las empresas a obtener financiamiento para su expansión” y “asesorar a los gobiernos estatales y locales con un enfoque en infraestructura y asociaciones público-privadas”.
La historia no oficial de este despacho, según fuentes consultadas por EL CEO, también está relacionada a diversos sucesos políticos-empresariales:
- A finales de agosto de 2016, la sorpresiva visita de Donald Trump a la residencia oficial de Los Pinos provocó la sorpresiva renuncia de Luis Videgaray Caso de la SHCP. Solo unas horas después presentaron sus renuncias Aportela Rodríguez, entonces subsecretario de Hacienda, así como Aristóteles Núñez Sánchez, entonces jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- En febrero de 2017, la filial mexicana de Evercore Partners oficializó la jubilación de Pedro Aspe Armella, quien fue sustituido por Augusto Arellano. Antes de adherirse a Evercore, en 1996, Aspe Armella fundó el despacho Protego, y en 2006 lo fusionó con la compañía estadounidense Evercore Inc. Gracias a la extensa red de contactos políticos cultivados por Aspe Armella con el sistema político, la firma se convirtió en líder nacional en la colocación de deuda en estados y municipios.
- El 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, tres veces candidato a la presidencia de la República, arrasó en las urnas y redujo sustancialmente el poder de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). López Obrador prometió atacar al “neoliberalismo” que asoció públicamente a la “corrupción” y la “privatización” de bienes públicos, como a la “tecnocracia” que dominó las finanzas públicas entre 1988 y 2018.
Irónicamente, estos tres sucesos marcaron el ascenso de Altor en el sistema financiero mexicano. Previamente, existía una red de contactos, así como puentes entre el pasado y el presente.
Para entender las conexiones que explican la consolidación de Altor, habría que volver tres décadas atrás y centrar la atención en dos instituciones: el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el despacho Protego/Evercore, así como ubicar a dos personajes centrales: el propio Aportela Rodríguez, por una parte y Pedro Aspe Armella, por el otro.
Fernando Aportela estudió la licenciatura de economía en el ITAM (1990-1995) y el doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En las aulas de la licenciatura conoció a quien se convirtió en su mentor, Pedro Aspe, así como a varios personajes que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.
Aspe Armella fue fundamental en el proceso de su formación en el postgrado, pues se le señala como el vínculo con la beca Fulbright-García Robles para financiar sus estudios en el MIT, e incluso fue asesorado en la tesis por dos profesores del exsecretario de Hacienda: James M. Poterba y Rudiger Dornbush.
En el ITAM, Aportela Rodríguez también conoció a varios compañeros que actualmente forman parte del universo que rodea o rodeó a Altor: al empresario tabasqueño Gustavo Matías Gutiérrez León; Jorge Nuño Lara, actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Carlos Montaño Fernández, Alejandro Poiré Romero y Dionisio Pérez Jácome, ligados a la administración pública de Calderón.
Tras graduarse del ITAM y concluir su doctorado en el MIT (1999), Aportela volvió a México y fue integrado a Protego –fundada por Aspe Armella– donde ascendió a director de Área de Finanzas Públicas e Infraestructura. Ahí coincidió con uno de sus principales compañeros en la política: Luis Videgaray, quien, unos años más tarde, se convirtió en asesor económico y secretario de Hacienda de Peña Nieto. Videgaray –al igual que Aspe– también estudió en el ITAM y el MIT.
Al asociarse con la firma Evercore Inc. y Protego, y dividir varias de sus ramas de negocios, Aportela Rodríguez ascendió a socio director del Banco de Inversión Evercore México. Ahí coincidió con Marcela Andrade Martínez, asesora de finanzas públicas para estados y municipios de la firma. Aportela renunció a la firma hasta el 2012, cuando Videgaray lo llamó a trabajar en el gabinete de Peña Nieto.
Prácticamente toda la red –con excepción de Aspe Armella– actualmente participan en uno o varios negocios vinculados a Altor.
Altor y la red aeroportuaria de AMLO
Desde el 2017 –poco después de su fundación– Altor ha obtenido 71.3 millones de pesos por la firma de 15 contratos celebrados con el gobierno federal, según datos disponibles en la plataforma Compranet; 93.41% de esos contratos –que ascienden a poco más de 66.6 millones de pesos– fueron firmados durante la administración de López Obrador.
De las 11 razones sociales ligadas a Altor, dos destacan por los beneficios con el actual gobierno: 1) Altor Finanzas e Infraestructura, S.C. y 2) Altor Estructuradores, S.C. Éstas están en contacto con cuatro instituciones del Estado de la presente administración federal:
- Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA);
- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT);
- El Fideicomiso de Proyectos Estratégicos (nutrido con fondos federales y gestionado por el gobierno de Nuevo León); y
- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Estas instituciones impulsan varios los proyectos prioritarios de la “Cuarta Transformación”, y se encuentran relacionadas –directa o directamente– con Jorge Nuño Lara, actual titular de la SICT, quien es considerado el “cerebro” detrás de proyectos de infraestructura, como la “desaturación” del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) y la ampliación del Tren Suburbano de Monterrey (Metrorrey).
Aunque Nuño Lara llegó a la SICT el 15 de noviembre de 2022, previamente se desempeñó como titular de la Unidad de Inversiones en la Subsecretaría de Egresos de la SHCP. Varios de los proyectos emblema de la 4T –incluidos aquellos en los que se involucró Altor– dependían del funcionario público graduado del ITAM.
De los proyectos antes citados, dos instituciones ligadas a Nuño Lara, la SICT y la ASA otorgaron siete de los 15 contratos que el presente gobierno federal adjudicó a la firma, las cuales suman un monto de 23 millones de pesos.
El Ejército mexicano también ha sido generoso con Altor Finanzas e Infraestructura S.C.; las fuerzas armadas aportaron 60.39% del monto que Altor obtuvo de los contratos con el gobierno. Concedidos para el diseño financiero del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo.
Según la ASF, la Sedena pagó a Altor cerca de 40.2 millones de pesos.
Por otra parte, la ASF reveló diversas irregularidades en la participación de Altor en la construcción del AIFA y el aeropuerto de Tulum, aunque los contratos no se encuentran disponibles en la plataforma Compranet, ya que forman parte del catálogo de obras de “seguridad nacional” encriptadas por decreto presidencial.
El auditor federal halló –entre otras anomalías– que en 2019 Altor “se encontraba multada e inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP); además estaba sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), [pues] era un contribuyente incumplido con el SAT y emitía Comprobantes Fiscales Digitales inexistentes”.
Pese a todo, la Sedena entregó a Altor otros tres contratos: uno más destinado al AIFA y otros dos al aeropuerto de Tulum.
En los contratos entregados en 2021, la ASF detectó que el despacho de Aportela Rodríguez también incumplió con la “metodología para la prestación del servicio, catálogos de conceptos, […] calendario de ejecución de los servicios, alcances y productos esperados, así como los precios unitarios que integren los análisis de sus costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales”.
La consolidación de Altor en el sistema financiero
Poco tiempo después del triunfo de López Obrador en la presidencia de la República, la empresa Altor Estructuradores, S.C. listó en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) administrado por CIBanco, S.A.
Aportela Rodríguez anunció, según El Economista, que el CKD (listado bajo la clave de pizarra “ALTORCK)” buscaría invertir en los 173 proyectos de infraestructura anunciados por López Obrador, y establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024.
En este catálogo de obras, el gobierno federal estimó inversiones públicas por 68,422 millones de pesos, de los cuales, el 37% serían obtenidos con recursos privados. Para este fin, el CKD colocado por Altor levantó una inversión de 2,500 millones de pesos.
Aunque la colocación del CKD en el mercado bursátil no fue la primera ocasión en que la firma incursionó en el sistema financiero mexicano. Según registros de la Secretaría de Economía (SE), Aportela Rodríguez es accionista de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), Adventus Capital, S.A. de C.V., fundada en 2014.
Según su página web, la Sofom ofrece “créditos simples” destinados a “capital de trabajo o liquidez con plazos flexibles”. Sus servicios se enfocan a solo dos tipos de clientes: “personas físicas y personas físicas con actividad empresarial”; y “sectores de infraestructura, servicios de comercio y producción y construcción u otros”.
El pasado 19 de febrero de 2024, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también celebró el “campanazo” de un nuevo actor del sistema financiero mexicano: Altor Casa de Bolsa, S.A. de C.V., la única institución financiera de este tipo que ha iniciado operaciones en este sexenio.
¡Celebremos el inicio de operaciones de Altor Casa de Bolsa en el mercado de valores!
Esta nueva institución bursátil, con capital 100% mexicano se suma al grupo de intermediarios bursátiles mexicanos, con el fin de ofrecer servicios que generen mayor valor para los… pic.twitter.com/lgm53FcA0p— Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) February 19, 2024
Aportela Rodríguez asumió el rostro público de Altor, y tras una solicitud presentada en 2018 para obtener la licencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le permitió competir, un año después, con los grandes jugadores del mercado bursátil como Carlos Slim (Inversora Bursátil), Ricardo Salinas Pliego (Punto Casa de Bolsa) y la familia Hank (Casa de Bolsa Banorte).
Como reveló EL CEO en marzo pasado, detrás de ese negocio operó una de las familias más acaudaladas de Tabasco que, por décadas, amasó una fortuna gracias a sus nexos políticos. Gustavo Matías Gutiérrez León, un viejo conocido de Aportela en el ITAM, y el rostro público de Grupo DG –un conglomerado con operaciones en el sureste del país– entró como socio a este prometedor negocio y a partir de ahí inició el ascenso.
Frente a otros accionistas de Altor, Gutiérrez León tenía una ventaja: su familia posee fuertes nexos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuentes y documentos consultados señalan que la alianza con los empresarios tabasqueños agilizó la autorización de Altor como casa de bolsa.
Copaco y el Ingenio Puga
Una red de empresas relacionadas con Altor intervino en la compra de los derechos litigiosos del Ingenio Puga, una de las industrias azucareras más grandes y productivas del país, responsable del suministro de este producto en el noroeste mexicano.
A inicios de 2023, los trabajadores del ingenio demandaron ante la Fiscalía de Nayarit al Consorcio AGA –entonces propietario de Puga– por la presunta mala administración del ingenio y millonarios adeudos con acreedores, empleados, productores cañeros, así como con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El asunto escaló rápidamente a la palestra pública, al involucrar al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien vaticinó daños irreversibles en la economía de Nayarit, y atizó la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador que envió a su viejo amigo, César Yañez Centeno, a mediar en el conflicto.
El 10 de abril de 2023, la empresa Fletes Tapatíos (en su calidad de acreedor) interpuso una demanda para declarar en concurso mercantil a la Compañía Panamericana (Copaco), tenedora del 99% de las acciones de Puga. Ésta fue desechada en principio, sin embargo, el 8 de mayo de ese año se admitió a trámite un recurso de revocación. Unos días después, el 19 de mayo de 2023, se admitió la demanda.
Tanto Copaco como Puga entraron a concurso mercantil el 23 de julio y el 8 de septiembre de 2023, siendo asignados al Juzgado Primero en Materia Concursal y Juzgado Segundo en Materia Concursal, respectivamente.
¿Cómo entró Altor al “rescate”?
En septiembre de 2023, las sociedades Altor Capital I y II aportaron 5 millones de dólares, aproximadamente, a efecto de adquirir el 25% de los derechos de litigiosos de Amerra Capital, otro de los acreedores de Copaco como del Ingenio Puga. Con ello, las empresas de Apoterla Rodríguez accedieron al 75% de los créditos y garantías de ambas compañías.
En otras palabras, Altor compró los derechos litigiosos de Amerra Capital y adquirió la deuda de este fondo neoyorquino, con lo que se convirtió en uno de los principales acreedores del ingenio nayarita. Fue la primera maniobra de Altor para hacerse con el control de una de las empresas azucareras más importantes de México, y cuya quiebra supone un enorme riesgo para la economía de todo un estado.
La juez Olga Borja Cárdenas, responsable del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México, resolvió en octubre pasado la remoción del entonces administrador de la comerciante, “por lo cual los bienes y derechos que integran la masa concursal pasaron a ser administrados por el conciliador Marco Antonio Campos”.
Unos meses después, el 13 de diciembre, las sociedades Altor Capital II, S.C. y Altor Capital, S. de R.L. de C.V. adquirieron las acciones de Agazúcar, S.A. de C.V. y Consorcio Azucarero Garciarce, S.A. de C.V en el Ingenio Puga, de acuerdo con el contrato de compraventa en poder de EL CEO.
De esta manera, Altor pasó a ser accionista mayoritario del Ingenio Puga y Copaco, y al mismo tiempo acreedor de ambas sociedades. Todo esto bajo la asesoría del despacho Rivera Gaxiola, Abogados S.C., de Alonso Rivera Gaxiola, asociado con el exasesor jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, señalado de presionar a jueces y magistrados durante su estancia en Palacio Nacional para atender casos en los que estaba interesado.
La maniobra de Aportela intensificó la lucha por controlar las 22,500 hectáreas del ingenio azucarero. Algunos acreedores de Puga y Copaco continúan con el proceso judicial, con el que buscan recibir el pago de deudas estimadas en más de 5,000 millones de pesos y eliminar a quien consideran un intruso en el proceso: Altor.
La empresa azucarera Sucroliq –uno de los principales acreedores de Puga y Copaco– ha denunciado que el conciliador designado en el proceso concursal del ingenio, Marco Antonio Campos, ha operado en favor de Altor. Y señala que Altor busca –en última instancia– quebrar al ingenio, y de esta manera, ejecutar garantías sobre un crédito de aproximadamente 420 mdp con prenda sobre acciones de Copaco y Puga, afectando al resto de acreedores.
Sucroliq presentó una propuesta de convenio concursal que fue desestimada por el conciliador. Pero la propuesta de Altor, que consiste en el pago de 11 centavos por cada peso en una sola exhibición o 20 centavos en los siguientes cuatro años, fue aceptada por el conciliador, y aprobada por el 70% de los acreedores reconocidos.
Todo parece indicar que el caso del ingenio azucarero no acabará pronto. El pasado 11 de junio, el juez Saúl Martínez Lira del Juzgado Segundo en Materia Concursal aprobó el convenio de Copaco, firmado por Altor y la mayoría de los acreedores. En tanto, el proceso del Ingenio Puga se resolverá en julio próximo.
Estados y municipios, otro negocio
En el presente sexenio, ocho gobiernos locales –constató EL CEO a través de contratos– han solicitado la intervención de dos empresas ligadas a Fernando Aportela Rodríguez para reestructurar sus adeudos: Altor Estructuradores, S.C. y Altor Finanzas e Infraestructura, S.C.
Entidades como Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Estado de México, Durango y Nuevo León se han sumado a los solicitantes de servicios de Altor y por ello han pagado cerca 134.8 millones de pesos buscando reducir sus pasivos y acceder a dinero fresco que después será pagado con aportaciones de los contribuyentes.
Dos casos resultan emblemáticos del esquema:
Los gobiernos de Oaxaca (entonces encabezado por Alejandro Murat Hinojosa) y Jalisco (encabezado por el opositor Enrique Alfaro). Los cuales comenzaron la contratación de los citados despachos, y solo por asesorías e intermediación, erogaron al menos 82.3 millones de pesos a favor de las empresas de Aportela.
La administración de Murat solicitó en marzo de 2019, el “servicio de una consultoría financiera especializada en contratación de deuda pública, bajo el esquema del ‘Procedimiento competitivo para la contratación de créditos simples quirografarios a corto plazo’”, y por la cual pagó la cantidad de 3.4 millones de pesos.
Salomón Jara Cruz, actual gobernador de Oaxaca, señaló en diciembre pasado que la administración de Murat –actualmente senador electo por Morena– dejó una deuda cercana a los 171,000 millones de pesos, de los cuales, dijo, solo ha pagado el 2%. Murat Hinojosa estudió la licenciatura en derecho por el ITAM, institución de la que también se graduó Aportela.
En junio de 2019, la administración de Alfaro Ramírez también solicitó el “servicio de Asesoría para la Estructuración Jurídica, Legal y Financiera”, y por el cual erogó la cantidad de 78.9 millones de pesos. El contrato estableció como meta obtener 19,592 millones de pesos para hacer frente a los pasivos de la administración.
Alfaro Ramírez defendió en diciembre pasado que la deuda de su estado haya crecido 75% en un periodo de solo cinco años y atribuyó el endeudamiento al impacto de la pandemia, “requiriendo –dijo– una respuesta inmediata y decisiva del gobierno estatal”. Pero el contrato con Altor, demuestra que, la hipotética “respuesta” a implementarse en 2019: al cierre de 2018, Jalisco registraba una deuda de 18,192 millones y al cierre de 2023 la cifra aumentó a 31,771 millones de pesos.
Detrás de la estrategia de la reestructuración de las deudas locales del despacho de Altor Estructuradores, S.C. y Altor Finanzas e Infraestructura, S.C., se encuentra Marcela Andrade Martínez, quien fungió como subdirectora de finanzas públicas en Evercore Partners y durante la administración de Peña Nieto se desempeñó como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.
En la mayoría de contratos firmados por Altor con gobiernos estatales, aparece Alina Sánchez Ramos, quien asiste a Andrade Martínez en la oficina de la Ciudad de México. En tanto que la exfuncionaria actualmente reside en el estado de Durango, entidad que también reconoce a Altor como uno de sus proveedores en la prestación de “servicios de consultoría”.
Andrade Martínez se desempeñó como participante de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, misma que formó parte de la Reforma Hacendaria de 2013 y en la reforma en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, durante el tiempo en que estallaron múltiples escándalos de corrupción de gobernadores aliados a Peña Nieto.
La entonces funcionaria dejó la SHCP tras las renuncias de Videgaray Caso, Aportela Rodríguez y Núñez Sánchez. Y poco tiempo después se integró a Altor, sociedad de la que es accionista, según el acta constitutiva en poder de EL CEO.
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