El empresario mexicano Alonso Ancira, acusado de estar vinculado a un escándalo de sobornos ligado a la brasileña Odebrecht, permanecerá en el Reclusorio Norte durante su proceso penal.

Este jueves, un juez de distrito rechazó la solicitud de la defensa del presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México (AHMSA) para que éste permaneciera fuera de la cárcel antes de sus audiencias.

La audiencia de duplicidad continuará el martes 9 de febrero a las 10:00 a.m.

Durante la sesión de hoy, la defensa de Ancira arguyó que su capacidad económica no puede operar en contrario, máxime que es producto del trabajo de toda su vida. También que la prisión preventiva pondría en riesgo su salud tanto por su edad, como por sus enfermedades degenerativas.

A cambio ofreció:

• Garantía económica por dos millones de dólares
• Entrega de sus dos pasaportes (MEX y EU).
• Presentación periódica.
• Uso de brazalete electrónico.

El empresario llegó la tarde del miércoles a México para enfrentar a la justicia tras ser extraditado desde España, dijeron autoridades de la nación latinoamericana.

Ancira fue detenido en Palma de Mallorca, España, en 2019 en el marco de una investigación por supuestamente haber pagado sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos para que le compraran, con sobreprecio, una planta de fertilizantes en el norte del país.

Parte de los 200 millones de dólares obtenidos fueron transferidos por Ancira a cuentas de Odebrecht, según una investigación preliminar de la Fiscalía General de la República que acusa al empresario de 65 años de “asociación delictuosa” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La investigación en su contra involucra al entonces mandamás de Pemex, Emilio Lozoya, quien también fue extraditado desde España en 2020 y se encuentra colaborando con la justicia mexicana. Ancira llegó a Ciudad de México la tarde del miércoles en un avión de la FGR procedente de Mallorca, dijeron a Reuters dos fuentes de la entidad.

En el pasado, el empresario y AHMSA han negado las acusaciones y asegurado que las “acciones legales sin sustento” le produjeron a la empresa un impacto de 350 millones de dólares por la cancelación de créditos bancarios y comerciales. A mediados de enero, AHMSA, la mayor siderúrgica del país, acordó con la FGR pagar al erario mexicano unos 200 millones de dólares en un plazo de cuatro años como reparación económica por el caso de corrupción.

Con información de Reuters