cambios LIE

5 de febrero 2021 | 5:00 am

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado cambios lentos a la política energética nacional, algunos de los cuales han afectado la certidumbre jurídica para las empresas extranjeras que han decidido invertir en México.

Los gobiernos extranjeros no han tomado acciones drásticas como consecuencia de estos cambios, pero la iniciativa más reciente para hacer cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) podría otorgarles mayores estímulos para explorar medidas diplomáticas.

“(Para los países con inversiones en México) ni siquiera hay mucho espacio para decisiones discrecionales, porque esto es abiertamente contrario a un mercado abierto, ya que desde el Estado se promueve una ventaja a favor de la empresa pública del Estado, CFE, tanto en el despacho como en la generación de energía”, explicó Roberto Hernández, internacionalista.

Estados Unidos ya había comenzado a actuar en este frente, al enviar al gobierno mexicano una carta firmada por tres secretarios en la que externaron sus preocupaciones por las cambiantes condiciones del mercado eléctrico.

Los analistas anticipaban que la salida de Trump traería una relación más institucional, pero los cambios propuestos para el mercado energético podrían agregar una complicada arista.

“En la primera comunicación escrita de Biden a nuestro presidente, se expresó de forma general que su administración trabajará de la mano del sector privado. Es probable que veamos tensiones en la industria, solicitando al gobierno estadounidense la búsqueda de diálogo y negociación con México”, resaltó María Valencia, internacionalista del sector energético.

La experta destacó que, mientras el gobierno de Donald Trump se enfocó en la búsqueda de beneficios comerciales en materia arancelaria, se espera que Biden busque que las inversiones se realicen de acuerdo a las condiciones de libre competencia y no discriminación.

Hernández advirtió que este capítulo de la libre competencia es el arma más útil para las empresas estadounidenses y canadienses con inversiones en México, pues el T-MEC no incluye como tal un capítulo energético.

“Solamente hay dos párrafos vagos y reiterativos donde se recuerda que los países son dueños de sus recursos naturales, algo que ya se sabía”.

Valencia también recordó que México siempre ha manejado de forma correcta sus relaciones diplomáticas, y pronosticó que veremos a las autoridades de relaciones exteriores realizando acuerdos y, con suerte, reafirmando el compromiso de dar mecanismos de libre competencia a los inversionistas.

“Lo complicado será la diplomacia interna con la que deberá comunicarse al Ejecutivo que México debe sostener sus políticas de libre mercado”, señaló.

En caso de que la propuesta del Presidente sea aprobada por congreso y senado, aún tendrá que sobrevivir a un reto ante la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, las empresas extranjeras tendrán que agotar las instancias legales en México antes de tener la posibilidad de buscar un arbitraje internacional.

“(Si la Suprema Corte rechaza la iniciativa) va a permanecer un marco legal que no se respeta, porque llevamos meses sin rondas energéticas ni subastas. Lo que hemos visto de manera informal es que el gobierno no cumple con sus obligaciones derivadas de la reforma constitucional de 2013”, lamentó Hernández.