El auge de las miches o micheladas en la vía pública y la expansión de puntos rojos como La Lagunilla han encendido las alarmas en la Ciudad de México, por lo que en el Congreso capitalino se aprobó una reforma que les pone fin.

El proyecto fue impulsado por el todavía jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y revisado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Legislativo local.

Según el dictamen, se adiciona una fracción al artículo 28 y se modifica el 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Además, se reformó el artículo 286 del Código Penal local para endurecer las sanciones a quienes insistan en violar las normas.

“Hoy vemos cómo las esquinas se llenan de puntos irregulares que venden alcohol sin permisos, y esto no solo altera el orden público, sino que incrementa los accidentes y genera violencia”, señala el documento de la reforma y que fue aprobada con 62 votos a favor. 

El documento de Martí Batres sostiene que las ‘chelerías ‘como se les conoce popularmente, no solo han proliferado, sino que han convertido ciertas zonas en focos de inseguridad y conflictos.

Con la reforma, la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública será considerada una infracción grave, salvo en casos excepcionales como ferias y festividades que cuenten con los permisos adecuados.

Al proyecto se le aprobó una reserva al artículo 286 del Código Penal, que endurece las sanciones para quienes destruyan o alteren los sellos colocados por la autoridad. 

Ahora, quienes intenten retirar o violar los sellos de clausura enfrentarán penas de prisión de seis a doce años, además de multas significativas que podrían ascender hasta 5,000 días.

Esta sanción aplicará tanto a los propietarios como a cualquier responsable que intente reanudar las actividades ilícitas en construcciones, edificaciones o establecimientos mercantiles bajo clausura.

Hay que evitar lagunas legales para las ‘miches’

El diputado Royfid Torres González, al razonar su voto, señaló que esta regulación es necesaria para combatir el comercio ilegal de alcohol.

Además, señaló que son positivas las modificaciones que permitirán actuar contra el quebrantamiento de sellos en establecimientos clausurados, pero subrayó la importancia de cerrar cualquier laguna legal que permita actos de corrupción

“Es fundamental detallar bien los conceptos para evitar que esta ley termine siendo otro parche ineficaz”, advirtió Torres González.

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