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7 de junio 2022 | 8:00 am

La reciente prohibición a la circulación y comercialización de los productos de tabaco conocidos popularmente como vapeadores y cigarros electrónicos, representa un error y una limitación a nuestra libertad de consumir. Incluso, en octubre del año pasado, la Suprema Corte ya había declarado como inconstitucional la prohibición de estos artículos. 

Aunque no es exclusivo de la actual Administración Pública, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por intentar llevar a cabo acciones de política pública encaminadas a supuestamente proteger la salud de los consumidores. 

Previamente tuvimos el ejemplo de algunas sopas instantáneas que fueron sacadas de circulación y la intensa publicidad gubernamental en radio y televisión para buscar sesgar hacia una alimentación más saludable. 

Esto es importante porque podemos suponer que hay una buena intención detrás de estas decisiones. Nadie puede estar en contra de una vida más saludable. Pero limitar o prohibir el consumo de productos o servicios no es la solución y no está claro que tengan un beneficio real. 

Prohibir o todos morirán (?)

En el caso de los vapeadores, el argumento es que, al no ser una alternativa al cigarro y no es una medida útil para dejar de fumar, al igual que el tabaco podrían traducirse en muertes de miles o millones de ciudadanos. 

El problema de ese argumento es que también miles de personas mueren conduciendo un auto, andando en bicicletas, viajando en autobús, nadando, etc. 

Todos sabemos el riesgo que existe y, sin embargo, decidimos voluntariamente seguir practicando o realizando esas actividades y no observamos a funcionarios o legisladores prohibiendo o limitando el uso de bicicletas, automóviles o albercas para nadar. 

Se habla también del costo hospitalario de los que usan vapeadores o de aquellos que consumen comida ‘chatarra’. En términos económicos, este argumento no tiene mucho sentido, ya que los que no usan vapeadores o consumen alimentos poco saludables también morirán. 

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En ese caso, la pregunta con lógica económica debería ser si los costos de tratar médicamente a los fumadores y/o personas con diabetes e hipertensión son mayores que los costos de morirse por otra causa. La respuesta no es obvia, incluso hay estudios económicos que muestran que es más barato morirse por algo relacionado al humo del tabaco, que morirse por otra razón. 

Hasta en términos de pensiones, a la economía como un todo le convendría la existencia de más fumadores y/o personas con enfermedades crónicas, ya que en promedio tienen una esperanza de vida menor relativa con los que llevan una vida más saludable. 

Hasta en términos fiscales le conviene a la autoridad no prohibirlos. Muchos de estos productos presentan demanda inelástica, por lo que la aplicación de una tasa IEPS implicaría una nada despreciable cantidad de recaudación. 

La ironía es que, si las autoridades aplicaran de forma correcta el sentido económico, no solo no deberían pedir la prohibición de los vapeadores o de las sopas instantáneas, sino que deberían incentivar su consumo. Esto claro, no es moralmente bien visto. 

Mercado negro

Quitando los dos argumentos principales de la decisión gubernamental, queda poco margen para justificar la prohibición. En este afán de buscar una buena intención, el resultado puede ser contraproducente.

Como en cualquier prohibición, se pueden generar mercados negros o la búsqueda de otras actividades que podrían ser todavía de mayor riesgo para la salud. 

Por ejemplo, el otro resultado obvio es que la prohibición no evitará la intención de consumir tabaco, con lo que muchos que comenzaban a utilizar los vapeadores regresarán a fumar cigarrillos normales, por lo que fallará ese intento del gobierno de guiar hacia una supuesta mejor calidad de vida. 

Los políticos tienen un ansioso apetito por restringir y prohibir. Aprovechando esta inquietud, deberían empezar por reducir su propia facultad de limitar nuestra libertad de consumir. Es necesario dejar a un lado el paternalismo. 

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