En noviembre de 2019, sicarios del Cártel de Juárez asesinaron a nueve mujeres y niños, integrantes de la familia LeBarón, con una saña tal que nos escandalizó y obligó a que nos replanteemos nuestros análisis sobre la efectividad del plan del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para combatir a la delincuencia organizada, sobre todo, porque apenas estábamos saliendo del shock cuando nos enteramos, tras una serie de dimes y diretes, que el presidente mismo había dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán tras el fallido operativo para capturarlo en Culiacán.
Como es usual, el presidente se tomó como algo personal estas críticas y optó por su maniobra de atrincherarse y endosarle la culpa al pasado.
La falta de resultados iniciales llevó al patriarca del clan en México, Adrián LeBarón, a lanzarse en una cruzada para obtener justicia (signifique lo que signifique eso en nuestro país) enfrentándose de forma abierta con el presidente. Eventualmente se detuvieron a algunos sicarios de La Línea pero, como es costumbre, nunca dieron con las cabezas de la organización, el eterno dilema en el combate a la delincuencia organizada, no solo se trata de detener a las personas que dispararon, arrojaron las granadas de fragmentación y le prendieron fuego a los restos de los vehículos para calcinar los cuerpos de las mujeres y niños asesinados, también se trata de detener a los líderes que dan las órdenes, que pagan los sueldos de los sicarios y que compran las armas y las voluntades de los funcionarios públicos.
Sin embargo algo diferente ocurrió, para variar, del otro lado de la frontera.
Familiares de las víctimas (ciudadanos norteamericanos) interpusieron varias demandas contra el Cártel de Juárez que terminaron por unificarse en una suerte de acción colectiva, y el juez federal Clare R. Hochhalter determinó en días pasados que el Cártel de Juárez debe pagarles una compensación de 1,500 millones de dólares a las familias afectadas por la masacre, pero la cifras se eleva a 4,600 millones de dólares debido a que la demanda se fundamentó en la Ley Antiterrorista de los Estados Unidos, igual que en la fallida demanda de familiares de ciudadanos norteamericanos contra el banco HSBC en 2016 por, supuestamente, haber fallado en prevenir que los cárteles de Sinaloa, Juárez y los Zetas lavaran su dinero con ellos y que, gracias a eso, tales organizaciones criminales pudieron llevar a cabo, “actos terroristas”. Una posibilidad que enfáticamente niega no sólo esta administración, sino las de los expresidentes Peña y Calderón.
En Mexico no existe, a decir de nuestros líderes, el terrorismo, no obstante que los cárteles ejecutan muchos de los supuestos contenidos en el artículo 139 del Código Penal Federal; es decir, no obstante que realizan actos violentos con armas de fuego en contra de la integridad física y emocional o contra la vida de personas, generando con ello alarma, temor o terror en la población.
¿Se logrará sentencia?
Aunque suena difícil que la sentencia del juez Hochhalter pueda ser ejecutada, esta no solo no es ociosa, sino que posee efectos que podrían llegar a ser brutalmente adversos para México y, en lo particular, para su sistema financiero, ya que el sistema jurídico norteamericano se fundamenta en precedentes y, aunque el caso vs HSBC no fue exitoso, la demanda de los LeBarón se fundamentó igualmente en la Anti-Terrorism Act, lo cual les abriría el camino para demandar a las casas matrices de todos los bancos que operan en México y de las cuales se tengan sospechas de haber tenido controles insuficientes.
Tengo la impresión de que los abogados de la familia LeBarón entendieron los posibles errores de ese juicio y lograron una sentencia histórica que podría generar una reacción en cadena.
La demanda vs HSBC de 2016 sostuvo que este banco lavó miles de millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, el de Juárez y el de Los Zetas, “a sabiendas o ignorando deliberadamente que dichos fondos se utilizarían para apoyar actos terroristas de los cárteles mexicanos”.
En su momento los familiares de los ciudadanos norteamericanos asesinados por estos cárteles afirmaron que HSBC, “impulsado por su deseo de ampliar su negocio y aumentar sus ingresos, intencionalmente implementó programas, procesos, y controles antilavado de dinero deficientes que fueron designados para garantizar que miles de millones de dólares de ganancias ilícitas pasaran por sus sistemas sin ser detectados”.
Dicho en otras palabras, aunque en el caso contra HSBC los familiares perdieron, en esta ocasión se logró demostrar que La Línea actúo como un grupo terrorista por lo que pudo ser aplicada la referida Anti-Terrorism Act, siendo notificado el cártel mediante la publicación de la sentencia en periódicos de México.
¿Se imagina usted el impacto que esto tendría?
Efectos colaterales
Expandamos el escenario de riesgos: no pocos legisladores y militares norteamericanos han argumentado que México es un estado fallido, o que por lo menos algunas partes de nuestro territorio está bajo el control de los cárteles (o “del cártel”, en singular como les gusta decir), lo cual, si es fortalecido por este tipo de demandas exitosas, podría allanarse el camino a los radicales para crear un programa de sanciones por delincuencia organizada transnacional exclusivo para México. Adiós confianza de los mercados.
Al finalizar la audiencia, el juez Hochhalter dijo que nunca había visto “un conjunto de hechos más horrible” y dijo a los miembros de la familia que “haría justicia”.
Las familias beneficiadas por la sentencia pueden llegar a solicitar al Departamento del Tesoro, mediante un proceso similar al utilizado por las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, que el gobierno estadounidense congele los activos de las organizaciones terroristas ¿se buscarían esos recursos en los bancos mexicanos?
