20 de enero 2020 | 5:00 am

En la mañana del 17 de enero de 2020 escuché al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos decirle al mundo que, como se les sigue complicando la venta del tristemente célebre avión presidencial, la nueva maniobra será la de rifarlo mediante la venta de 6 millones de boletos de lotería de a $500 el cachito.

-Vaya (murmuré, mientras le bajaba el volumen al noticiero), ahora sí el Presidente está pensando afuera de la caja.

El señor Presidente no ha logrado cumplir su promesa de campaña de vender un avión de corte faraónico el cual, coincido, es una suerte de agravio al pueblo de México. Desde el día en que el Presidente decidió enviarlo a los Estados Unidos, esto se convirtió en un lastre legal, financiero y político del cual, no solo no ha conseguido desprenderse, sino que continúa en ascenso debido a las absolutamente inviables soluciones que ha propuesto el Presidente;  la rifa incluida.

No, no es la falta de interesados, ni un mercado complicado, ni el precio del TP01, ni el costo por haberlo mantenido almacenado en Estados Unidos, ni el acondicionamiento que redujo su capacidad de pasajeros de (aproximadamente) doscientos cincuenta a ochenta, ni los tuitazos de los adversarios neoliberales del Presidente; el problema es que el avión no ha logrado ser vendido sencillamente porque está sujeto a un contrato de arrendamiento financiero (al cual le quedan varios años de vida) y nadie, absolutamente nadie puede vender aquello que no le pertenece; sin importar si votaron por ti más de 30 millones de mexicanos.

Mientras más pronto el Presidente acepte que, bajo esta premisa, ni con la ayuda de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, ni con su ofrecimiento en las conferencias mañaneras, ni intercambiándolo por equipos médicos para hospitales públicos, ni proponiendo una copropiedad, ni rentándolo, ni rifándolo, ni con el apoyo de sus millones de seguidores en redes sociales podrá cerrar este ciclo y evitar que su credibilidad siga cayendo en picada.

Así las cosas, el Presidente debe visualizar tres puntos:

El primero es que su brutal capacidad para manipular la agenda política y la opinión pública comienza y termina en México. Los medios extranjeros no han tenido mayor problema en criticarlo e incluso burlarse de sus propuestas.

El segunda es que debe dejar de lanzar al ruedo soluciones que carezcan de un análisis jurídico de fondo. La posibilidad de que alguien lo acuse, o acuse a funcionarios del gobierno federal, de violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se presenten denuncias penales es algo real.

El tercero es que entienda quién es el “paciente cero”. Mientras el gobierno mexicano no sea el dueño del avión, no habrá manera de ponerlo en venta.

No obstante todo ello, creo que es importante que, antes de que surja alguna otra idea que nos pueda salir muy cara como el pedirle a su bancada en el Poder Legislativo que modifique la legislación Civil y Mercantil y/o subastar el avión presidencial mediante el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado; el Presidente entienda que la idea de rifar la nave, aunque absolutamente inviable, lo acercó por primera vez y probablemente sin querer, a una solución: al finiquitar el adeudo remanente del contrato de arrendamiento financiero, se puede optar por la compra del avión a cargo del gobierno federal, y posteriormente estar en posibilidad de venderlo, rentarlo, intercambiarlo o… de rifarlo.

Increíblemente, la idea de rifar el avión le daría al Presidente (en teoría) la suma de $3,000,000,000, cantidad creo incluso superior al saldo insoluto del ave metálica.

 Y ahí está la solución que tanto ha buscado Andrés Manuel para deshacerse de la aeronave.

Si pudiera sentarme a platicar de nuevo con el Presidente (sí, fui parte de su equipo de abogados hace ya algunos ayeres), le explicaría que lo único que necesita hacer es idear un mecanismo para hacerse de los recursos necesarios, de manera externa al gobierno federal, para liquidar el adeudo y hacer con el “José María Morelos y Pavón” lo que quiera, bueno, lo que la ley le permita, ok, lo que quiera.

Si pudiera pelotear esta idea con el Presidente, le diría que tan solo requiere que un particular con mucho arrastre lance una campaña de recaudación de fondos, algo así como lo que la Diputada Dolores Padierna (entre otros personajes afines a MORENA) está promoviendo en sus redes sociales: que todos aquellos que apoyen a la Cuarta Transformación se anoten con un cachito; o mejor aún, que un partido político (con toda su infraestructura pagada con nuestros impuestos) lance esa campaña.

Le comentaría al Presidente que se me ocurre que en Morena no tendrían empacho en tomar las riendas de este proyecto ya que ¡vamos! tienen experiencia. No olvidemos su recaudación de fondos para los damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017 con el fideicomiso “Los demás”. Solamente habría que avisarle la jugada a Santiago Nieto y a Adalberto Palma para estar seguros de que en esta ocasión no se va a dar ninguno de los vergonzosos acontecimientos que mancharon el esfuerzo.

Le diría al Presidente que en esta ocasión nada de ir a la sucursal del banco ubicado justamente en el mismo complejo que alberga las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que dos o tres personas que se formaban una y otra vez (y que fueron grabadas por las cámaras del banco) hicieran millonarios depósitos en efectivo al más puro estilo de lo que en el mundo de la prevención de lavado de dinero conocemos como “pitufeo”. Es más, le sugeriría al Presidente que incluso podría usar la romántica imagen del General Cárdenas durante la expropiación petrolera recibiendo todo tipo de donativos; digo… ya tenemos encima las elecciones intermedias y no se vería nada mal.

Todo ese dinero recaudado por MORENA posteriormente podría ser donado al gobierno de la República para así, finalmente, liquidar el contrato y hacer lo necesario para que el Presidente pueda cumplir su palabra. Así las cosas, el Presidente sí tiene una salida y, aunque necesita pulirse, creo que su equipo de abogados podría perfeccionarla e implementarla.

Urge que el Presidente eleve el vuelo hacia los 12,000 metros de altura donde los aviones enfrentan menos resistencia.

*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia

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