Nota del editor: Este texto es responsabilidad del autor.
Alejandra Macías Sánchez*
Cuando hablamos de finanzas públicas, muchas veces sólo pensamos en el gasto público que realiza el gobierno y cómo lo hace. Sin embargo, las finanzas públicas se componen también de ingresos y de deuda que se traducen en recursos que el gobierno puede utilizar para proveer de bienes y servicios a la población ¿Estos recursos pueden/deben contemplar la perspectiva de género?
Por un lado, las discusiones sobre los presupuestos con perspectiva de género se centran en qué porcentaje de los programas presupuestarios se destinan a generar igualdad entre mujeres y hombres, aunque muchas veces no se logra. Es necesario que desde la concepción y diseño de los programas se incorpore el reconocimiento de las brechas de género, así como las actividades diferenciadas que tengan como objetivo el cierre de dichas brechas.
Por otro lado, la política recaudatoria tiene dos principios que pueden incidir en la igualdad de género: el principio correctivo cuyo objetivo es reducir desigualdades socioeconómicas y de oportunidades; y, el principio coercitivo que intenta corregir comportamientos considerados socialmente subóptimos por parte de los agentes económicos (CIEP, 2023).
Dentro del principio correctivo podemos encontrar políticas relacionadas con la participación de las mujeres en el mercado laboral y su aportación al sistema fiscal. Un estudio del CIEP muestra que, después de la pandemia, 46.2% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas o buscan activamente un empleo y se ocupan de actividades que culturalmente han sido consideradas feminizadas, y con bajos salarios. Lo anterior se traduce en que las mujeres aportan el 36% del total de la recaudación total de ISR, mientras que los hombres aportan 64%. Además, 91% de las mujeres tienen doble o triple jornada laboral al reportar tanto un trabajo remunerado como actividades domésticas y de cuidados.
Nuestro país está enfrentando una transición demográfica que implica que las mujeres tienen menos hijos y que, año con año, la población envejecerá. Para ello, se necesitan ajustes al sistema fiscal que permitan aumentar la participación de las mujeres en lo público y lo fiscal, sin que ello implique más cargas de trabajo para nosotras.
Otro ejemplo del principio correctivo es que los productos para la gestión menstrual no causen IVA, ya que el principal argumento para introducir este cambio en México es que un impuesto no debe perjudicar un grupo de la población por razones biológicas, porque sería discriminación.
Desde el principio coercitivo, debemos identificar el comportamiento diferenciado ente mujeres y hombres hacia el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas o comida chatarra, entre otros. Tales diferencias podrían guiar el diseño de impuestos especiales tomando en cuenta patrones de consumo diferenciados por sexo para cerrar brechas y para hacerlos más eficientes.
En cuanto a la deuda, se trata de recursos que el gobierno capta para poder financiar el gasto, pero como se tienen que pagar más intereses no son considerados ingresos. En 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el primer bono soberano alineado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los cuales se encuentra la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, estos recursos no se asignaron a este Objetivo.
Desde antes del inicio de la administración actual se ha evidenciado la necesidad de una reforma fiscal por el riesgo de insostenibilidad que corre el sistema fiscal mexicano. En este sentido, dentro de los todos los cambios que necesitamos, se debe incluir de manera transversal, la perspectiva de género.
Los estudios del CIEP pueden consultarse en https://desarrollosostenible.ciep.mx/ y https://ciep.mx/fortalecimiento-de-la-participacion-laboral-femenina-recuperacion-post-pandemia/.
*Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género
El CIEP es un centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro ni agenda partidista; provee información y análisis relevantes y técnicamente sólidos para mejorar y democratizar la toma de decisiones en economía y finanzas públicas.
