14 de septiembre 2022 | 8:00 am

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La semana pasada, el Secretario de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados el tan esperado Paquete Económico para 2023 debido a dos factores: es el primero que buscará atender tanto la crisis económica como la inflación generadas por el criminal manejo de la pandemia del COVID-19, aunado a que el próximo año el presidente de México se estará jugando la continuidad de su proyecto de nación durante el proceso electoral de 2024.

Es el segundo factor el que nos debe preocupar, ya que se requerirá mucha lana para la continuidad de sus programas sociales (útiles para garantizar lealtades electorales, pero no para reducir las brechas de desigualdad, tal y como lo ha evidenciado la Auditoría Superior de la Federación).

Y también, para terminar (aunque esto sea para efectos meramente propagandísticos), sus proyectos insignia, sin importar que todo esto esté marcado –casi desde el inicio de la administración– por la opacidad, las irregularidades, el dispendio, e incluso, acusaciones de corrupción, esa que según el presidente había desaparecido por fuerza del decreto y de agitar pañuelos blancos en las conferencias mañaneras. 

Salvo algunos casos excepcionales, la economía de la mayoría de nosotros se vio brutalmente afectada (el PIB per cápita trae niveles de 2014) y en atención a que el presidente ya decretó que la pandemia llegó a su fin, todos queremos iniciar el difícil camino hacia la recuperación del bienestar económico que teníamos por allá del verano de 2018 (el PIB del tercer trimestre de 2018 es el pico y después todo va en caída libre).

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Presupuesto 2023, ¿destinado a un mal manejo?

Por ello, resulta de lo más lógico preguntarnos en qué diablos nos vamos a gastar los 8.3 billones de pesos que se supone que el gobierno federal captará conforme a la Iniciativa de Ley de Ingresos; sin embargo, me he topado con otra pregunta recurrente en redes sociales y cara a cara: ¿El presidente podría llegar a ser responsable por un mal manejo del patrimonio público?

Me explico: resulta alarmante (por decir lo menos) que en el Paquete Económico 2023 se tengan gastos presupuestados que claramente terminarán por convertirse en pérdidas para la economía nacional, como lo son el aumento en más del doble del presupuesto para subsidiar la operación del aeropuerto Felipe Ángeles (836 mdp), el de la construcción del Tren Maya (143,000 mdp) y de la refinería Dos Bocas (47,000 mdp). 

Estas tres necedades hechas presupuesto han generado la duda de que si, en un hipotético y complejo futuro, esas obras llegasen a generar un quebranto en la hacienda pública federal, los funcionarios públicos que en su momento hubiesen propuesto, aprobado y ejecutado estos dispendios (etiquetados como gastos) puedan ser acusados por los daños .

Esto, con motivo de una actividad administrativa irregular, llegasen a causar y que, a su vez, traiga investigaciones por delincuencia organizada, hechos de corrupción y lavado de dinero.

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Hacienda y no ciudadanos, responsable de las finanzas

Las voces que vengo leyendo y escuchando durante los últimos días insisten en preguntar si sería posible que el presidente de la República pueda llegar a ser acusado por generar un daño a las finanzas públicas de México y creo, después de haber debatido el tema con mi equipo, que es hora de intentar responder la interrogante.

Lo primero que se tiene que dejar en claro es que la responsabilidad es hacia la hacienda pública y no hacia los gobernados (usted y yo), y de ahí tendríamos que ver la existencia de conductas ilícitas para determinar la responsabilidad penal o administrativa de los funcionarios involucrados. 

Aunque claro, si usted considera que la actuación de un funcionario público o de una entidad pública le generó un daño en su patrimonio, puede demandar cualquier día de la semana si, y solo si, su patrimonio personal fue afectado por tal actuación. 

Pareciera obvio que a quien designamos como primer mandatario tiene el deber de cuidar del patrimonio de la nación y que debe conducirse con el cuidado suficiente para no causar a este ningún menoscabo, daño o perjuicio. 

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Recursos públicos, responsabilidad repartida

Ahora bien, el problema es que exigirle más adelante al presidente una posible responsabilidad es muy difícil, ya que, a menos que exista un desvío de recursos, el dinero que se utilizaría para estas obras (que tendrá el mismo sentido que el de echarle gasolina y un cerillo) ha sido aprobado por el poder legislativo, la expresión más cercana al pueblo.

Por ello, quienes plantean la posibilidad de que estas absurdas obras faraónicas puedan llegar a generar un quebranto a las finanzas del país, y que debería hacerse responsable al presidente por ello, deberán tener mucho cuidado con su análisis, ya que el problema inicia justamente en la aprobación otorgada por parte de los legisladores. 

A mayor precisión, debemos entender que el poder financiero del Estado se divide en el poder tributarioque es la facultad de establecer las contribuciones que sean necesarias para cubrir el presupuesto, y en el poder presupuestario, que es la facultad de decidir en qué se va a gastar ese dinero. 

Si la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad de aprobar el presupuesto que todos los años recibe del Presidente, decide aprobar más recursos para el Tren Maya que para la compra de tratamientos para el cáncer… no habría un daño patrimonial, sería moralmente reprobable a muchos niveles, pero no necesariamente ilegal. 

Si el gasto es aprobado por el Legislativo no hay daño, dirían en mi barrio, y ya luego vemos qué dice la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o en su caso, la Fiscalía General de la República.

Presupuesto, un proyecto político

La triste realidad es que no puedo darle la razón a quienes proponen ejercitar esta responsabilidad contra el presidente, aunque claro, tampoco puedo negar que el presupuesto está siendo dirigido hacia la culminación de un proyecto político populista y que hemos llegado a extremos tan absurdos como el de asignarle a SEGALMEX un presupuesto de más de 18,000 mdp.

Algo así como el doble del fraude por el cual están siendo procesados algunos de sus empleados, menos su exdirector general, Ignacio Ovalle Fernández, a pesar de las observaciones hechas por la ASF y a pesar de lo que establece el segundo párrafo del artículo 134 Constitucional. 

Tal vez, y solo tal vez, esa responsabilidad se materialice en un futuro en carpetas de investigación, iniciadas por una Fiscalía General en manos de una persona ajena al actual presidente o, dado el caso, que quiera congraciarse con su sucesor.

Pero mientras eso ocurre –o no–, le sugiero que mejor piense en una opción más real y concreta para hacerle saber al cosmos que usted está en desacuerdo con este impresionante dispendio de recursos públicos (y puede citarme): 

Durante el proceso electoral del 2024 no solo se elegirá al nuevo o nueva Presidente o Presidenta de México, sino que también será renovado en su totalidad el Poder Legislativo, por lo que podrá enmendar el impresionante error de 2018 cuando, supongo que por el hastío generado por los gobiernos del PAN y el PRI (y en menor medida del PRD), se emitió un voto de castigo en favor de Morena.

Con ello se generó una situación que nunca debe existir en ningún país, una mayoría casi absoluta en el Poder Legislativo que impida que se constituya como el contrapeso natural al presidente de la República.

Si en México tuviéramos una Cámara de Diputados que no estuviera dominada por el presidente, seguramente el presupuesto no solo sería examinado con microscopio, sino que incluso podría ser rechazado.

Que el presidente de la República tenga en la Cámara de Diputados a una oficialía de partes resultó ser el verdadero peligro para México.

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