Alejandra Macías Sánchez
Cerrar las brechas de género no solo es una cuestión de equidad y justicia, si no es una acción que podría generar grandes ganancias para la economía.
De acuerdo con el FMI, integrar la perspectiva de género en la vida social y económica se traduciría en estimulación del crecimiento y la productividad.
Sobre todo, en los países con mayor desigualdad de género, el PIB podría incrementar un 35% en promedio, donde cuatro quintas partes de ese aumento serían consecuencia de la incorporación de trabajadores en la fuerza laboral, pero una quinta parte se debería al efecto que la diversidad de género ejerce sobre la productividad.
Los aumentos atribuidos a la productividad en realidad se deberían al incremento de la participación femenina a lo largo del tiempo (Lagarde et al, 2018).
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¿Cómo logramos que las políticas públicas cierren las brechas de género?
El principal instrumento que tiene el Estado para implementar cambios dirigidos a redistribución e igualdad es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), donde se define qué programas se implementarán y con cuántos recursos contarán el siguiente año fiscal.
Durante años se ha solicitado que el presupuesto tenga perspectiva de género, esto quiere decir que al diseñar políticas públicas y asignarles presupuesto se reconozca que las mujeres han enfrentado desigualdades en el acceso a bienes y servicios de manera histórica (UNICEF, 2017).
Sin embargo, esta tarea todavía no rinde los frutos que permitan visualizar una disminución en las brechas entre hombres y mujeres.
El pasado 11 de noviembre de 2022 se aprobó el PEF para el año 2023, el cual sigue sin incluir la perspectiva de género, aunque previo a la presentación del Paquete Económico 2023 se estableció una Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género en la Cámara de Diputados que fungiría como un espacio paralelo de discusión del PEF para hacerlo más equitativo entre hombres y mujeres.
Es cierto que el PEF incluye una serie de anexos transversales cuyo propósito es atender de manera más específica a ciertas poblaciones o de cumplir un objetivo más específico. Por ejemplo, el anexo de cambio climático y medio ambiente o el anexo de pueblos indígenas.
Pero en este caso existe el anexo 13 dedicado a la igualdad entre hombres y mujeres, el cual incluye varios de los programas del PEF que aportan un porcentaje de sus presupuestos para brindar a las mujeres mejores oportunidades.
Además, pese a que una de las cuatro reservas aprobadas establece que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podrá emitir opinión sobre los Programas previstos en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que la ejecución de los recursos sea debidamente focalizada y cuente con perspectiva de género, derechos indígenas y con pertinencia cultural, no se establece la metodología con la que se podría cumplir este objetivo.
De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) realizado junto con el Programa de Género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM, el anexo transversal 13 presenta un incremento de 450% entre 2018 y 2023, pero eso no quiere decir que se estén implementado acciones directas para la equidad de género.
El 51% del presupuesto del anexo 13 proviene del Programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM), el cual, beneficia a más mujeres que hombres, pero esta situación es resultado de las desigualdades históricas que enfrentan las mujeres al no tener posibilidades de incorporase al mercado laboral y no cotizaron para una pensión.
Además, al ser una pensión universal, hay más hombres que reciben doble pensión (contributiva y no contributiva).
Por otro lado, el programa no diferencia montos entre hombres y mujeres, lo cual podría nivelar levemente esa falta de aportes a lo largo de la vida laboral para la pensión de las mujeres. El PBAM tampoco incluye acciones de cuidado o atención de los adultos mayores, ni toma en cuenta las necesidades diferenciadas para las mujeres.
En suma, es necesario revisar la metodología del anexo 13 sobre igualdad de género y de todos los anexos transversales para que los recursos sí cumplan con los objetivos para los que fueron creados.
Asimismo, seguir empujando para que todas las políticas públicas y todo el presupuesto público incluya la perspectiva de género.
