Operadora Mega, el otro escándalo que no vieron Hacienda y la CNBV
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no midieron los alcances de otro escándalo financiero, mucho mayor en proporción al fraude de la Sofipo CAME: Operadora de Servicios Mega, que próximamente enfrentará litigios en tribunales en jurisdicción mexicana y estadounidense, provocó un quebranto a los ahorradores e inversionistas que está calculado en casi 10,000 millones de pesos (mdp).
Después de los señalamientos del FinCEN en contra de tres instituciones mexicanas, cualquier golpe reputacional al sistema financiero mexicano podría ser devastador; así como para la dependencia que dirige Edgar Amador Zamora como para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que estrenará presidente el 1 de septiembre.
En la SHCP dieron marcha atrás a una inyección de capital de poco más de 2,000 millones de pesos que Bancomext alistaba para sanear las finanzas de Mega. Y el asunto ya escaló.
Los tenedores de bonos de Operadora Mega, entre los que se encuentra Afore Coppel, International Finance Corporation (IFC) y el fondo alemán de desarrollo DEG —por mencionar algunos— ya preparan estrategias legales, después de que la arrendadora del empresario Guillermo Romo incumplió con el pago de intereses de Cebures y cayó en default de un bono internacional por 352 millones de dólares. Mientras tanto, algunos de éstos ya buscan la contratación del despacho Nader, Hayaux y Goebel para la asesoraría en el pleito.
Las omisiones de Jesús de la Fuente
No descarte que, como sucedió con otras entidades financieras no bancarias que cayeron en incumplimientos con sus bonistas –háblese de Unifin, Crédito Real y AlphaCredit– Mega solicite la protección bajo la figura del concurso mercantil en México o la Ley de Quiebras en Estados Unidos.
Es apenas el inicio de un largo y arduo proceso que bien pudo haberse evitado con una supervisión eficiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y sin las omisiones en las que incurrieron las agencias calificadoras S&P, Moody’s y PCR Verum, así como de la firma Deloitte que, hasta el año 2024, auditó los estados financieros de Mega que ya venían presentando inconsistencias.
El caso de Mega, al igual que el de CAME, Unifin y otros escándalos y fraudes más, sucedió bajo la supervisión de Jesús de la Fuente Rodríguez, quien tomó las riendas de la CNBV en noviembre de 2021. Y será el primero que le explote al recién nombrado nuevo presidente de la Comisión, Ángel Cabrera Mendoza.
¿Será que esta vez la CNBV pueda resarcir el daño a inversionistas y ahorradores?
Los operadores del quebranto de Mega
Quienes lo conocen, dicen que Guillermo Romo, heredero de una de las familias más poderosas en Jalisco, es un “encantador de serpientes”, con fuertes nexos políticos y empresariales. Fue así que Mega pasó de ser una empresa de entretenimiento, que administraba centros nocturnos, restaurantes y bares, a una de las Sofomes que hasta hace unos años era considerada como una de las más sólidas en el sistema financiero mexicano.
Además de Romo, en el consejo de administración de la compañía aparecen otros personajes ligados a la élite de Jalisco, como Jaime Petersen Farah, quien con sus influencias logró que la administración del exgobernador Enrique Alfaro le otorgara un multimillonario contrato a la arrendadora en 2019, cuya licitación estuvo llena de irregularidades. Además, fue Petersen Farah quien cabildeó con inversionistas internacionales que participaron en la emisión de bonos que hoy están en default.
Los miembros del consejo, que completan Octavio Rubio Limón, Karen Lavonne Mauch y Eduardo Michelsen Delgado, y los integrantes de los comités de auditoría interna, el de gestión de riesgos, así como el de crédito, también son responsables de las omisiones que provocaron uno de los mayores quebrantos recientes en el sistema financiero mexicano.
Fibra SOMA, alerta para las Afores
Si alguna Afore considera participar en la próxima emisión de derechos de Fibra SOMA, debería preguntarse si no está ignorando señales de alerta documentadas que podrían convertirse en responsabilidad personal para sus comités de inversión y cumplimiento.
Desde que Fibra SOMA se enlistó en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) en 2021, nunca ha pagado un dividendo y Fitch Ratings no espera distribuciones en varios años. Peor aún, nunca se ha cruzado una sola acción en el mercado bursátil.
Fibra SOMA está controlada por la familia Sordo Madaleno, vía Pangea Administración, en un esquema donde los insiders cobran comisiones millonarias, viajan en jets privados y compran activos en el extranjero mientras los inversionistas —incluidos los trabajadores mexicanos— no reciben un solo peso. Es por esta razón que Cadillac Fairview, del Ontario Teachers’ Pension Plan, está saliendo del proyecto precisamente por fallas de gobernanza, falta de retornos y conflictos estructurales.
La contabilidad también da señales de alarma: una deuda que se come las utilidades; hasta ventas de terrenos reportadas como ganancias pese a generar pérdidas. En otras palabras, los insiders siempre cobran, sin importar si la Fibra gana o pierde, mientras los inversionistas asumen todo el riesgo.
Las Afores —que manejan el ahorro de millones de trabajadores— deben decidir si participan en la próxima inyección de capital aprobada en la última asamblea de tenedores. Pero la ley es clara: los comités de inversión y cumplimiento de las Afores tienen un deber fiduciario con los trabajadores.
Lee más de #InsiderFinanciero:
