5 de junio 2020 | 12:31 pm

Advertisement

El 25 de mayo de 2020, el mundo de los negocios se cimbró con la noticia de que Walmart de México llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar 8,079 millones de pesos, esto como consecuencia de la operación que realizó con Alsea por la compraventa de su cadena de restaurantes.

Sin embargo, nos contaron tan solo una parte de la historia. En los días subsecuentes trascendió que el acuerdo resultó ser una falacia, ya que el equipo del SAT, que ahora encabeza Raquel Buenrostro y quien creo que ya le tomó afecto al apodo de “la dama de hierro”, puso sobre la mesa copias de las denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación que dirige Carlos Romero. El efecto fue demoledor: Walmart de México hizo a un lado a sus abogados y contadores para pagar.

En mi tierra, la palabra “acordar” está vinculada a un acuerdo entre dos o más partes para llegar a un punto de concordancia; en este caso creo que difícilmente Walmart de México pueda decir que llegó a un acuerdo con el SAT, sobre todo tras la revelación a cargo de Bloomberg. Al parecer, la realidad es que el SAT doblegó a Walmart de México haciendo uso del marco jurídico penal-fiscal vigente en México.

Presuntamente, la actuación de Buenrostro solo se apegó a la ley; no inventó pruebas, no negó la garantía de audiencia y un largo etcétera, tal vez y solo tal vez, únicamente le podríamos recriminar dos cosas: que interpretó la legislación en favor de los intereses del SAT (pero Walmart de México hizo exactamente lo mismo por años), y que sus métodos fueron tajantes.

En un afán de cumplir el encargo del presidente, la jefa del SAT utilizó un machete en lugar de usar un bisturí y con ello abrió otro frente de batalla, pero también se ganó más aplausos a cargo del presidente. De inmediato varias empresas midieron sus riesgos y decidieron negociar el pago de sus impuestos atrasados para no tener que enfrentarse al impacto reputacional de ser señalados en una conferencia mañanera, a una carpeta de investigación o a un proceso penal y a una caída en bolsa. Al final todo se reduce a medir el apetito del riesgo.

Sin embargo, y aunque al presidente le urgen más funcionarios como Buenrostro que le den resultados para nivelar los constantes errores en los que han caído la mayoría de las mujeres y los hombres que integran su primer círculo por su brutal inexperiencia y falta de capacidad, la forma en la que logró este pago histórico me exige abordar las quejas en su contra:

Si Walmart de México fue obligada a pagar mediante amenazas penales ¿podemos afirmar que la Jefa del SAT utilizó la herramienta del Lawfare (es decir, una guerra jurídica o el uso de instrumentos jurídicos para destruir al enemigo) en contra de la transnacional?

Mientras no se acredite que las autoridades inventaron pruebas, y no olviden que estamos frente a los datos duros de varias auditorías, difícilmente se podría decir que se utilizaron a las instituciones para coaccionar a un particular; el sugerir acusaciones criminales es una práctica de lo más común en los Estados Unidos.

De ser necesario, la discusión puede ser llevada a mayor profundidad: Walmart de México ha resultado ser el negocio más riesgoso de Walmart Inc. ya que desde el escándalo por supuesta corrupción en 2012 desatado por el reportaje publicado en el New York Times se vio obligada a llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y pagar 283 millones de dólares para finalizar una investigación en materia de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero contra Walmart de México.

Si en 2020 Walmart de México pagó 8,079 millones de pesos en impuestos atrasados por una compraventa que se concretó en 2014 fue porque la planeación fiscal propuesta a la alta dirección por sus contadores, sus fiscalistas y sus abogados (internos y externos) así lo sugirió, evadiendo con ello una responsabilidad que tocó fondo seis años después.

Tras el escándalo de 2012 por corrupción, Walmart Inc. se vió obligada a intervenir en Walmart de México despidiendo directivos e implementando un supuesto programa robustecido de compliance que, a todas luces, resultó insuficiente.

Alguien o algo falló de nuevo dentro de Walmart de México, ¿qué acciones irán a tomar en esta ocasión en Walmart Inc.?

Tal vez sea hora de que las empresas entiendan que los programas de compliance y los compliance officers no son protocolos y puestos decorativos en sus empresas y que tienen un fin: detectar, medir y reducir a la mínima expresión (de ser posible) los riesgos que amenacen la estabilidad de las empresas.

Sin embargo, creo que Buenrostro cometió un error de táctica. El 4 de junio le dio una entrevista a Luis Miguel González, del diario El Economista, en la cual soltó varías advertencias que no cayeron bien en el maltrecho mundo empresarial:

  • Investigarán a las firmas de consultoría que les han vendido a muchas empresas planeación fiscal que, a su decir, en realidad son un símil a la defraudación o a la evasión fiscal.
  • Recomienda a las empresas que hayan sido asesoradas por esas firmas que mejor “rompan con esos despachos y se ordenen”.
  • Denunció que “había muchos expedientes que llevaban años dormidos en el cajón, cinco o diez años”

Durante todo ese día sus declaraciones retumbaron en las conversaciones que tuve con varios directores jurídicos de empresas transnacionales y la opinión fue casi idéntica: al parecer ya no podemos disentir del SAT, si solicitamos una devolución de impuestos recibimos una sutil amenaza.

Tal vez la Jefa del SAT debió saborear un poco más de esa victoria, pero le debo reconocer que trae un bono de 17,538 millones de pesos bajo el brazo, y el presidente no va a olvidar eso.

Un discurso tan rudo, tan cortante e inflexible, pero tan efectivo; puede tener un ‘lado B’. ¿Se imaginan si Walmart Inc., o cualquier otra empresa en este supuesto, decide cerrar sus operaciones en México? Amenazar a empresas con acusaciones por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, no son palabras menores.

Tengo muy claras mis críticas a la reforma penal-fiscal de 2019 y sigo convencido de que criminalizar contribuyentes jamás será una opción, pero, mientras esto no sea solucionado en los mejores términos, deberemos confiar en dos factores: que las autoridades actúen apegadas a derecho y que la Jefa del SAT cumpla con lo dicho al final de su entrevista:

“Tienen derecho a defenderse y a presentar sus argumentos”

Mahatma Gandhi dijo que “La victoria obtenida violentamente equivale a la derrota” y espero que nuestros gobernantes nunca lo olviden.