¿Quién dice la verdad en esta historia? ¿Latinus, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Baker Hughes, su Compliance Officer, Keith Schilling, Carolyn Adams o el Presidente de México?
Cuando escribes un artículo relacionado con un hecho de corrupción el abogado que llevas dentro te obliga a anteponer la palabra “posible”; sin embargo en el caso Baker Hughes-PEMEX resulta imposible el utilizarlo porque entre la lectura de los reportajes, la respuesta del Presidente de México y la de la empresa la conclusión es irrebatible: existió, por lo menos, un conflicto de interés en esa relación contractual y estamos ante una potencial (aquí si incluyo el disclaimer) violación por parte de Baker Hughes y/o de sus empleados de la Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) o FCPA.
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El 31 de enero de 2022 la empresa cometió un grave error al emitir un comunicado que no fue puesto a consideración del Compliance Officer de la empresa, o este falló en sus responsabilidades, y mediante el cual pretendió desvincularse del escándalo derivado por haberle rentado una casa a la esposa del hijo del Presidente de México.
En el breve documento se limitan a invocar vaguedades y a señalar que el inmueble es propiedad de un exempleado, Keith Schilling, quien no estuvo vinculado con sus operaciones en México y que renunció en 2019. Sin embargo, en documentos del gobierno de los Estados Unidos consta que Schilling antes de ser ascendido a una de las presidencias de la compañía, fue su director comercial y, hasta enero de 2020, se desempeñó como presidente de Baker Hughes en Canadá y como Director Comercial en Houston hasta enero de 2020.
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Sin embargo, el pasado viernes 4 el mismo Keith Schilling reconoció que efectivamente le había rentado la casa a la familia del hijo del presidente, pero aseguró que no tenía conocimiento previo de quién era el arrendatario y que en cualquiera de sus roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad de ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con, México.
Estas declaraciones me indican que puede existir un rompimiento entre Schilling y Baker Hughes ya que, por si solas, apuntan hacia una violación no solo de los protocolos de Compliance de la empresa y, por supuesto, el incumplimiento de la FCPA la cual prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses comerciales.
Basta revisar el Código de Conducta de Baker Hughes en el que, en el apartado de “Conficts of interest”, se establecen reglas para sus empleados como por ejemplo la obligación de no utilizar indebidamente los recursos o la influencia de la empresa aún cuando no se pretenda hacer algo malo, ya que la percepción de un conflicto de interés podría tener efectos negativos.
En ningún escenario sería posible que Schilling no supiera que estaba rentándole un inmueble, directa o indirectamente, al hijo del presidente de México. Sin importar el nivel de complejidad, en cualquier operación comercial se ejecuta un proceso de Due Dilligence, cuya finalidad es la de identificar y conocer a tus contrapartes y, para ello, puedes utilizar una simple búsqueda en internet y otra mediante sistemas automatizados que están al alcance de cualquiera, como por ejemplo del corredor inmobiliario que Schilling alega que condujo la operación.
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Si el corredor hubiese realizado una búsqueda de Carolyn Adams mediante un software especializado (cuyas licencias son indispensables para su trabajo) su primer resultado hubiese sido que estaba relacionada con una Persona Políticamente Expuesta (PEP), nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. El/la broker hubiese alertado a Schilling, y este a Baker Hughes, que su arrendadora era nuera del Presidente de México y, por analogía, debía ser considerada igualmente como una PEP por ser una Relative or Close Associate.
¿Cómo podría pasarse esto por alto? Me resulta imposible no pensar en el caso Odebrecht mientras escribo esto.
Ahora bien ¿y de aquí para dónde? De entrada la senadora Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia y otra ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por potenciales violaciones a la FCP.
¿Procederán las denuncias? Puede ser, sobre todo si los funcionarios norteamericanos toman nota que la denuncia viene de una legisladora mexicana y, de ser así, el escenario se le podría complicar a Baker Hughes, a su Compliance Officer, a Keith Schilling a Carolyn Adams y a Pemex, pero se agravarían si se presentan más denuncias ante la oficina del Attorney General del Estado Texas.
No es sugerencia, es pronóstico.
Si la empresa y el exfuncionario hubiesen aceptado que cometieron un error y que sus protocolos fueron débiles tal vez el escándalo disminuiría, tal vez estaríamos analizando si existió una ceguera voluntaria y, en el peor de los casos, la viabilidad de la imposición de una sanción menor, tal vez estaríamos analizando que el conflicto de interés no corrió necesariamente a cargo de José Ramón.
Pero como bien dijo el presidente, ahí está complicado meterse, ya que al parecer la señora tiene dinero por lo que tal vez debamos dejar, de nuevo, un tema de corrupción en manos de la justicia de los Estados Unidos.
Salvador Mejía es Licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana
Este texto es una columna de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.
