Fue a finales de mayo de este año cuando Bachoco informó sobre un segundo intento para deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ya que sólo 2.5% de los títulos de su capital en circulación están en el mercado, y en resumidas cuentas el productor avícola consideró que el costo de mantener la cotización excedía los beneficios y además incumplía los requisitos de mantenimiento de la propia institución bursátil.
Luego de una asamblea extraordinaria de accionistas y utilizando el método de considerar el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones efectuadas durante los últimos 30 días de negociación previa al inicio de la oferta —cuya fecha se fijó el 1 de septiembre— o bien el valor contable de las acciones representativas del capital social, el precio se determinó en 88.26 pesos por acción, que si bien era mayor a la postura de octubre del año pasado, no cumplía con las expectativas de los tenedores, diversos fondos nacionales y extranjeros. Además el cálculo seguía generando suspicacias por la falta de una asesor financiero externo y neutral que avalara la propuesta de Bachoco.
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Pese a los señalamientos, misivas enviadas a los accionistas mayoritarios de Bachoco, y procesos legales para frenar la operación, el viernes la compañía anunció que BBVA México sería el responsable de la compra de los títulos y contabilizó 8 millones 205,316 acciones, con lo que Bachoco alcanzó la titularidad de 99.1% del capital social suficiente como para proceder a la salida de la BMV.
Sin embargo, no será nafa fácil la culminación, porque antes deberá de responder los alegatos en firme del fondo PM Capital que reclama un precio más alto, y las versiones no confirmadas de que Bachoco habría llegado a un acuerdo en corto con GBM, quien sí consigo una mayor cotización. De comprobarse representaría una grave violación a la ley del mercado de valores
Riesgo a la vista
La intención del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, de adentrarse en la administración del puerto de Progreso mediante una adjudicación directa, resuena como un eco que trasciende la legalidad y logística bien definida desde 1993 en el Sistema Portuario Nacional.
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El Congreso del Estado le otorgó recursos fiscales por más de 3,000 millones de pesos para expandir la capacidad portuaria y la construcción de una nueva plataforma; sin embargo, la intención de tomar las riendas de la operación de esta expansión desafía la Ley de Puertos vigente, que hasta el momento dejó la gestión de puertos importantes en manos federales bajo la Secretaría de Marina.
Pero la incursión estatal, al obviar procedimientos legales, amenaza las fronteras operativas y legales que han atraído a actores privados, quienes actualmente constituyen más del 80% de la inversión total en puertos según el Instituto Mexicano del Transporte. La transparencia en la otorgación de concesiones y cesiones, asegurada con concursos públicos, ha sido el pilar de la Ley de Puertos.
Esta maniobra de Yucatán no sólo pone en riesgo la legalidad en la administración portuaria, sino que también podría ser el inicio de una tendencia preocupante, ya que podría replicarse en otros puertos como Tampico, Altamira, Veracruz y Manzanillo.
