#InformaciónConfidencial: Operadora Mega, Guillermo Romo y las omisiones que llevaron al desfalco a las Afores
En menos de 48 horas, Operadora Mega recibió dos golpes que sellan su colapso: la asamblea de tenedores declaró el vencimiento anticipado de toda su deuda bursátil –calculada en alrededor de 10,000 millones de pesos– y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) oficializó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cancelación de su registro como Sofom.
Todo esto confirma el fracaso de Guillermo Romo, el empresario que dejó que su arrendadora se hundiera en la opacidad y en una larga lista de incumplimientos. Su administración, obsesionada con levantar dinero de los mercados, terminó por dejar a los inversionistas en modo de guerra abierta.
Durante la asamblea de tenedores celebrada el 8 de diciembre, la emisora reconoció el vencimiento anticipado de sus certificados bursátiles, consecuencia directa de un colapso estructural.
El impago de intereses en mayo de 2025 fue apenas el primer síntoma de una empresa que ya no podía sostener ni su liquidez ni su operación cotidiana. Después vinieron seis cupones adicionales sin pagar y violaciones sucesivas a convenios con acreedores.
Mega dejó de reportar y de entregar información. No presentó sus últimos estados financieros auditados, ni designó a un auditor externo de primer nivel. En los hechos, dejó de operar como una emisora pública.
Para los inversionistas, esto equivale a una admisión de malas prácticas bajo la conducción de Romo. Lo que durante años fue un secreto a voces —el modelo opaco y el gobierno corporativo laxo de Mega— terminó estallando, pese a que el empresario aseguró en varias ocasiones que a su Sofom no le ocurriría lo mismo que a Crédito Real, Unifin y otras del sector.
La guerra que viene para Mega
Los tenedores, entre los que figuran Afore Coppel, International Finance Corporation (IFC) y el fondo alemán de desarrollo DEG, ya instruyeron al representante común a ejecutar todas las acciones necesarias —incluidas las legales— para proteger sus derechos.
En otro frente, la Condusef formalizó la cancelación del registro de Mega como Sofom ante el SIPRES, medida que la compañía ya confirmó que impugnará. Pero más allá del litigio, la cancelación implica que la institución dejó de cumplir con requisitos básicos del sector financiero.
Y aunque Mega insiste en la narrativa de mantener una “negociación con acreedores”, el mensaje choca con la realidad. Un emisor que pierde su registro, que incumple sistemáticamente y que no presenta información financiera, difícilmente puede plantear una reestructura consensuada. El mercado ya entiende que el daño está hecho.
En el fondo, lo que queda expuesto es la responsabilidad de la administración encabezada por Romo. Bajo su conducción, Mega pasó del crecimiento agresivo —poco transparente y basado en una concentración riesgosa de cartera— a un desplome acelerado que hoy arrastra a inversionistas, acreedores y empleados.
Ahora la pregunta es si Mega podrá salvarse y si habrá consecuencias para quienes condujeron a la compañía hasta este punto. No parece muy probable…
Informe de la SCJN “a la 4T”
En el informe de los primeros 100 días de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hizo presente el alto mando de la autodenominada Cuarta Transformación. Destacó la asistencia de la nueva fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, en su primera aparición pública como titular de la FGR, así como la presencia de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.
Pese a la reciente polémica por el retiro de la visa a ella y su pareja, la mandataria bajacaliforniana acudió en su calidad de presidenta de la Conago y ocupó un lugar en primera fila, justo al lado de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
También llamó la atención que, tras el desaire al último informe de la ministra en retiro Norma Piña, esta vez sí acudieron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Laura Itzel Castillo y Sergio Gutiérrez Luna. A ellos se sumó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una presencia que evidencia que en tiempos de la 4T, los protocolos se respetan cuando el acto es propio y cuando conviene mostrar “unidad”.
Un mensaje incómodo
Desde centros de análisis y organismos empresariales en Estados Unidos se perfila una lectura incómoda para México: la reforma judicial abrió dudas sobre la solidez del marco legal, justo cuando el país busca consolidarse como destino de inversión.
La visita de hace unos días de Ian Bremmer, presidente de la consultora de riesgo geopolítico, Eurasia Group, ocurrió en un ambiente donde ya predominaba la percepción de incertidumbre y donde diversos reportes sitúan a México entre los focos de atención para 2025.
El mensaje externo tomó forma en Estados Unidos, donde la Cámara de Comercio envió una misiva al presidente Donald Trump para señalar que los cambios en tribunales y la eliminación de reguladores autónomos reducen la confianza en la protección del T-MEC.
Dentro del país, las recientes decisiones de la Suprema Corte de reabrir asuntos ya resueltos y la postura expresada por la ministra Lenia Batres, tanto en el Pleno como en un artículo firmado por ella, sumaron más dudas sobre la estabilidad del sistema judicial.
GICSA venderá activos
El consejo de administración de Grupo GICSA aprobó la venta de su participación en Paseo Metepec, Paseo Coapa y una de las tres unidades privativas que conforman Cabi Tasqueña (Cancún). La empresa destinará los recursos obtenidos a reducir pasivos, mientras avanza en su más que complicada reestructura financiera.
La decisión refleja el punto en el que se encuentra la desarrolladora inmobiliaria, después de años de presiones y proyectos que no alcanzaron el desempeño esperado. En la última década, GICSA enfrentó falta de liquidez y la necesidad de renegociar repetidamente su deuda en el mercado local.
A la presión se sumó la pandemia, que golpeó con fuerza su portafolio comercial y de entretenimiento, obligando a la compañía a replantear su modelo de negocio. Las dificultades operativas y financieras deterioraron su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias, y la empresa terminó enfocándose más en sobrevivir que en crecer.
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