A estas alturas todos sabemos que el presidente tiene otros números, que tiene otros datos y que no le gusta la crítica a su gobierno sin importar si esta viene de lo que queda de la oposición, de analistas, de periodistas nacionales o incluso de medios internacionales.
Todos sabemos que el discurso anticorrupción del presidente, el pilar de su campaña y de sus conferencias mañaneras, se encuentra severamente cuestionado por los sucesos que hemos atestiguado durante su todavía joven mandato.
Los casos del patrimonio de Manuel Bartlett y de Irma Sandoval, de su exsuperdelegado Carlos Lomelí, de los videos donde aparece su hermano Pio López Obrador recibiendo sobres, la liberación de Ovidio Guzmán López y recientemente el escándalo por la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el rumbo que está tomando el caso contra Emilio Lozoya y los señalamientos contra varios funcionarios y exfuncionarios de su administración impiden que creamos ciegamente en su palabra, como probablemente le gustaría.
Sin embargo hoy el presidente tiene un análisis de la situación que vive el país redactada por alguien con quien no puede disentir: el gobierno de su amigo Donald Trump. El 9 de septiembre el Departamento de Estado de los Estados Unidos liberó su reporte ‘Declaraciones sobre el clima de inversión en 2020 generado gracias a la información que sus embajadas recolectaron en más de 170 países; México incluido.
Este reporte no fue elaborado por la prensa fifí ni por los medios conservadores que tanto odian al presidente y a su cuarta transformación, fue redactado por funcionarios destacados en la embajada de Estados Unidos y ponen sus conclusiones a disposición de los inversionistas estadounidenses que buscan invertir en el extranjero.
Imaginemos que la Directora de Finanzas de una empresa en Delaware está analizando un trato comercial con una empresa mexicana al amparo del T-MEC y quien sabe que deberá dar cumplimiento al apartado anticorrupción del tratado (Capítulo 27) pero no tiene claro qué es lo que ocurre en México, lo único que debe hacer es revisar los análisis públicos que emiten sus autoridades.
Los temas incluidos en este reporte son la apertura a la inversión, los sistemas jurídicos y reglamentarios, la solución de controversias, los derechos de propiedad intelectual, la transparencia, los requisitos de desempeño, las empresas estatales, la conducta empresarial responsable y, por su puesto, lo referente a la corrupción.
En el apartado nueve, “Corrupción”, el reporte señala que la corrupción en México existe de muchas formas en el gobierno y en la sociedad mexicana, incluido el sector público poniendo como ejemplo la demanda de sobornos o comisiones clandestinas por parte de funcionarios, y en el sector privado pone como ejemplo, el fraude, la falsificación de declaraciones, así como los problemas de conflicto de intereses, que no están bien definidos en el marco jurídico mexicano.
El reporte dice que la complicidad del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una preocupación importante. La colaboración de los agentes gubernamentales con las organizaciones delictivas (a menudo debido a la intimidación y las amenazas) plantea graves problemas para el estado de derecho.
Algunos de los informes más comunes de corrupción oficial se refieren a funcionarios gubernamentales que roban de las arcas públicas o exigen sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Todo esto ya dentro del campo de responsabilidad del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.
El reporte del Departamento de Estado dice que si bien el actual gobierno apoyó las reformas anticorrupción y los procedimientos judiciales en varios casos de corrupción de alto perfil, la sociedad civil afirma que el gobierno debe adoptar medidas más eficaces y frecuentes para hacer frente a la corrupción; es decir, el discurso anticorrupción del presidente no necesariamente cumple con lo prometido desde el primer día de su gobierno: su desaparición.
Este documento señala que la sociedad civil, representantes empresariales, incluidos los de empresas estadounidenses, creen que los fondos públicos se desvían a menudo a empresas privadas y a particulares debido a la corrupción y perciben que el favoritismo está muy extendido entre los funcionarios de contratación pública.
De igual manera afirma que el cumplimiento de las regulaciones de adquisiciones por parte de los organismos estatales en México no es confiable y que la corrupción es extensa, a pesar de las leyes que cubren los conflictos de intereses, las licitaciones competitivas y los procedimientos de listas negras de empresas.
Dato curioso, el Departamento de Estado sugiere a los ciudadanos norteamericanos que en el caso de tener que denunciar un acto de corrupción en México pueden recurrir ante dos instancias, la primera de ellas es la Secretaría de la Función Pública y la segunda, una organización no gubernamental, Transparencia Mexicana (o un watchdog, como le llaman ellos). Si, una de esas organizaciones civiles que no son del agrado del presidente; esas organizaciones que han ayudado al periodismo de investigación a exponer escándalos de corrupción como la Casa Blanca, Odebrecht, Pemex, la Estafa Maestra, Javier Duarte et al.
Creo que le salió barato al presidente el reporte de sus amigos norteamericanos; habrá que ver si para el análisis del 2021 la cosa no se le complica cuando se deban incluir los señalamientos de corrupción que se gestan al interior de su administración, los cuales hasta hoy ha logrado mantener a raya gracias a la debilidad de la oposición.
Sería bueno que el presidente no olvide que la Real Academia de España define a la corrupción como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores y que esto debe empezarse con su famosa concepción de la lucha contra la corrupción: “Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo”.
El presidente todavía tiene tiempo para mantener su palabra y combatir la corrupción en términos similares al juramento usado en Estados Unidos: “Juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales…”
Solo espero que no se equivoque al identificar a unos y otros.
*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia
Este texto es una columna de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.
