13 de febrero 2020 | 3:14 pm

Andrés Manuel López Obrador dice conocer todos los municipios de México derivado de una campaña, no oficial, de 22 años por la presidencia de la República, y de igual manera dice saber lo que el pueblo quiere y cómo transformar al país. No tengo la menor duda de ello; sin embargo también tengo en claro que el señor presidente no está al tanto de otras cosas, como de que el día a día de las empresas está regulado por políticas de gobierno corporativo y por la ley.

Aunque en el imaginario colectivo tengamos la idea de que las empresas pertenecen a sus “dueños”, la realidad es que, aunque minoritarios, absolutamente todas las empresas tienen socios y Consejos de Administración donde la rendición de cuentas es la piedra angular del negocio, sobre todo si las empresas cotizan en la bolsa de valores.

La noche de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios en Palacio Nacional para pedirles su ayuda con la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial y abrió fuego con un contundente: “Ustedes ya saben de lo que se trata”, mientras que los asistentes, esos supuestos dueños todopoderosos de sus empresas y del dinero de éstas, leían los  formatos de cooperación voluntaria por 20, 50, 100 y 200 millones de pesos que habían sido colocados en cada lugar, supongo que para maridar los tamales de chipilín que dieron para cenar.

Con esta idea, el señor presidente generó, de nuevo, un problema para intentar solucionar otro y nos obliga a preguntarnos: ¿qué tanto conoce el presidente de la operación de una empresa y de las leyes que regulan su existencia?, ¿le interesa el tema?, ¿le advirtieron sobre los riesgos legales para su gobierno y para las empresas involucradas?

Así las cosas, de nueva cuenta una jugada poco ortodoxa del señor presidente, pone en jaque a los empresarios. ¿Cómo justificarán la compra de esos boletos ante sus Consejos de Administración? Vamos, incluso el director de Banobras ya declaró que la compra de esos boletos ni siquiera podrá ser deducible de impuestos.

¿Los dueños de las empresas debieron abstenerse de asistir? ¡No! Cualquier job description de una posición de alta dirección incluye la obligación de interactuar con funcionarios públicos; de hecho ayer recibí algunas llamadas de amigos que trabajan en las áreas de Contraloría, Jurídica y/o de Compliance y sus preguntas tenían el mismo fondo: ¿que deben hacer ellos si sus jefes fueron convocados a esa cena?

Mi respuesta fue sencilla:

  • Enviar un correo informando sobre el riesgo que la reunión puede traer a la empresa
  • Solicitar información respecto de lo solicitado durante el evento, ¿se detectó algún tipo de coacción?
  • Posteriormente redactar un informe y presentarlo ante el Comité de Prácticas Societarias y/o el Consejo de Administración

Por otro lado, y por si esto no fuera lo suficientemente preocupante, al señor presidente, alguien (alguno de sus abogados tal vez), le debió advertir que esta jugada ponía en peligro a los asistentes y a su administración, ya que muchos de sus invitados dirigen empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y, por ende, están sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (o Foreign Corrupt Practices Act por sus siglas en inglés), la cual prohibe a las empresas realizar cualquier pago indebido a funcionarios públicos, políticos, partidos políticos y/o candidatos, con el fin de obtener un beneficio, ¿podrá garantizar que no existirán recompensas o venganzas contra los empresarios que acepten o rechacen participar en este pase de charola?, ¿se susurraron los nombres de los titulares del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República durante el evento?

A manera de ejemplo podemos señalar que en redes sociales no son pocos los trascendidos a cargo de empresarios que han equiparado esto con una extorsión, tal y como lo consigna hoy Rubén Aguilar:

¿Tendrá el presidente contemplada la posibilidad de que autoridades norteamericanas detecten esto y lo consideren como una potencial violación?

Por lo anterior, y a menos de que la cooperación voluntaria por 20, 50, 100 y 200 millones de pesos salga de sus bolsillos, no de las cuentas bancarias de las empresas, esto podría acarrear una investigación contra esos empresarios a cargo de la Securities and Exchange Commission y, por supuesto, contra el gobierno de México.

Dato curioso, no he localizado entre los asistentes a ningún directivo de empresas globales que operan en México; esto solamente refuerza el concepto de que las empresas mexicanas son proclives a los pagos facilitadores y eso es preocupante.

¿De a cómo los tamales, joven?

*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia

Este texto es un blog de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.