El 28 de septiembre de 2021, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió que lloviera fuego sobre Accendo Banco y les fuera revocada la licencia para operar como institución de banca múltiple.
De manera paralela la Unidad de Inteligencia Financiera incluyó al presidente del Consejo y Director General, Francisco Javier Reyes, así como a sus hermanos Luis Ricardo y Óscar Alonso en su lista de personas bloqueadas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y el caso, hasta este momento, se mantiene en suspenso. Esto último es algo sin paralelo en la historia financiera reciente en México.
Sin embargo, y más allá del análisis jurídico, hay una pregunta que he escuchado en no pocas reuniones con empresarios: ¿Qué tan común es que se decida revocar una licencia bancaria?
La realidad es que esto es bastante inusual ya que implica que dentro de un sistema financiero maduro como lo es el mexicano, existen actores que se convierten en elementos de riesgo de contagio sistémico. Por ello, ante este tipo de eventos las autoridades emiten de inmediato un comunicado para dejar en claro que esas ovejas negras no constituyen un riesgo para el ecosistema.
En el caso de Accendo Banco los reguladores señalaron que se decidieron por la liquidación ya que los hallazgos derivados de procesos de supervisión arrojaron severos incumplimientos regulatorios que iban en contra de las mejores prácticas; por supuesto que esto genera una confusión bastante razonable ¿cómo es que esto pudo ocurrir dentro de un banco cuando existen áreas jurídicas, de compliance, de auditoría interna y (creo) un consejo de administración encargadas de supervisar y alertar?
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Y ahí es dónde radica otra pregunta de lo más interesante: ¿cómo logras destrozar una institución financiera? En mi experiencia la respuesta puede estar en la simulación de programas de gobierno corporativo.
Por un lado, la empresa promedio en México suele reducir hasta el ridículo el presupuesto para su estructura jurídica lo cual es “entendible” porque a diferencia de Colombia en dónde existe una Superintendencia de Sociedades, en México el marco regulatorio de mejores prácticas es bastante laxo a menos que algún día se llegue a discutir la propuesta (que debe mejorarse) del senador, Germán Martínez para crear una Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.
Por otro, algunas entidades financieras que sí están sujetas a una supervisión estricta por parte de la CNBV han caído en una simulación de sus programas de compliance: contratan a poco personal, le asignan sueldos bajos y se aseguran que podrán ser manipulados si es que, por alguna extraña razón, llegan a encontrar algo fuera de lo usual hasta que, como creo que fue el caso de Accendo Banco, las autoridades detectan las banderas rojas.
Esas áreas de compliance no son diferentes a una empresa fachada y eso es responsabilidad de la alta dirección y de nadie más; por ello es hora de volver a señalar que la corrupción empresarial es una realidad y que hasta podríamos buscar un equivalente de la cleptocracia para el sistema financiero y empresarial.
La palabra “corrupción” proviene de la combinación de dos palabras en latín: “romper” y “corazón”.
Salvador Mejía es Licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana
Este texto es una columna de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.
